Colombia es un laboratorio mundial en materia de utilizar la ley para enfrentar el crimen organizado y la violencia política. Por eso es importante que la experiencia de Colombia se estudie en todo el mundo. No se trata sólo de revisar los fallos judiciales o las investigaciones, sino de ver cómo los diferentes actores tomaron decisiones que se enmarcaron en el sistema legal y cómo actúan bajo la “sombra de la justicia”. Robert Mnookin, profesor de Harvard, explica el concepto. La mayoría de los divorcios no llegan al despacho de un juez, pero las partes y los abogados toman en cuenta lo que los jueces han resuelto en casos similares. Actúan bajo “la sombra de la justicia”.
Estudiar cómo Colombia enfrenta los enormes desafíos del terrorismo y la violencia organizada es útil para su futuro. Debemos analizar la manera en que los presidentes Pastrana, Uribe y Santos tomaron decisiones respetando los parámetros legales, pero también cuáles serán las propuestas del futuro mandatario. El futuro del orden global también requiere estudiar la estrategia colombiana de armonizar el esfuerzo de las Fuerzas Militares y de seguridad con los fiscales y los jueces. Esa armonización puede ser una alternativa a la “guerra contra el terror” que el presidente Bush declaró el mismo 11 de septiembre de 2011, cuando todavía humeaban los restos de las torres gemelas y que todavía sigue vigente en la estrategia contra el “Estado Islámico”.
El manejo de la violencia en el pasado reciente
Más allá de sus diferencias, los presidentes Pastrana, Uribe y Santos han enfatizado la importancia de la ley para manejar la violencia. Sus políticas han tratado de actuar a la “sombra de la justicia”.El presidente Pastrana, luego de intentar la paz con las guerrillas, obtuvo fondos para reequipar a las Fuerzas Armadas y de seguridad, y firmó el compromiso de Colombia con la Corte Penal Internacional (CPI). Esta decisión hizo que la justicia internacional garantizara que la fuerza se utilizaría de acuerdo con la ley.
El presidente Uribe, por su parte, llevó adelante el grueso de la tarea de enfrentar a las guerrillas y grupos criminales organizados y, al mismo tiempo, desmovilizar a los paramilitares, enviando a más de 2 mil líderes a la cárcel por ocho años. La Ley de Justicia y Paz fue el resultado del enfrentamiento democrático de los más diversos sectores de Colombia, que produjeron una desmovilización que no se conocía en el mundo. No se pudo obtener sentencia en muchos casos, pero más de 15 mil paramilitares permanecen desmovilizados. Además, miles de víctimas pudieron saber lo que les había ocurrido a sus seres queridos y, en muchos casos, recuperar los cuerpos para poderlos enterrar.
Como fiscal general de la CPI pude seguir muy de cerca ese proceso y de analizar con el presidente Uribe los esfuerzos que Colombia hizo para controlar la violencia. A partir de nuestras visitas a Colombia se incrementaron las investigaciones a miembros de las Fuerzas Armadas por los falsos positivos, logrando el encarcelamiento de oficiales que habían intervenido o la apertura de investigaciones en su contra.
En nuestro primer encuentro, cuando todavía era fiscal de la CPI, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, me explicó cómo las Fuerzas Armadas habían aprendido a respetar la ley como una forma de ser aún más eficientes. Santos había supervisado el rescate de Íngrid Betancourt y otras 14 personas secuestradas por las Farc sin que se disparase un solo tiro. En esa conversación, cuando se planteó la posibilidad de llegar a acuerdos con las Far, le manifesté que la justicia internacional no sería un obstáculo para la paz y que había que lograr un acuerdo que respetara esas obligaciones.
Soy testigo de cómo el presidente Santos exigió condiciones que llevaron a que la firma del acuerdo no se lograra antes de su reelección y cuán difícil era para las Farc aceptar esas condiciones. En agosto de 2015, invitado por la Fundación el Arte de Vivir, tuve una reunión con las Farc, quienes reconocían que no podían recibir una amnistía por crímenes de lesa humanidad, pero, como cabezas de un ejército que aún tenía más de 8 mil miembros, no creían que debían ir a la cárcel. Me fui de Cuba pensando que no iba a haber acuerdo. Semanas después, leía asombrado el documento donde aceptaban las penas alternativas, se comprometían a reconocer lo ocurrido y darles verdad a las víctimas, a realizar trabajo comunitario, a desminar y recibir restricciones a la libertad.
El plebiscito mostró una vez más la complejidad y sofisticación de los colombianos, que discutieron las ventajas e inconveniencias de un acuerdo de una complejidad única. Las propuestas para terminar con el genocidio de Darfur (Sudán), ignoraban la orden de arresto contra el presidente Omar al-Bashir y consagraban su impunidad. Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas consideran que el Estado Islámico comete un genocidio contra los Yazidis y otras comunidades en Iraq y en Siria y, sin embargo, no proponen que haya justicia. El acuerdo de Colombia solo podía ser cuestionado en contraste con el acuerdo con los paramilitares en 2005.
A pesar de todo, Colombia sigue avanzando y el Congreso está sancionando las normas que se requieren para consolidar legalmente el acuerdo. Una vez que todas las instituciones colombianas concreten el Acuerdo de Paz, se podrá convalidar internacionalmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de ese modo, blindarlo de todo cuestionamiento nacional o internacional. Este Consejo puede ofrecer una sombra global sobre lo logrado.
El manejo de la violencia en el futuro próximo
La falta de un consenso político total sobre el acuerdo final deberá dar paso a un respeto a las normas aprobadas por el Congreso y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los fiscales y los jueces deberán respetar lo acordado más allá de sus opiniones personales. El respeto al acuerdo legal no terminará con los problemas. Implementar la desmovilización de las Farc y proteger el cumplimiento del acuerdo es un primer desafío enorme. Las Fuerzas Armadas deberán ser la garantía de protección de quienes eran sus enemigos hasta hace poco.
El reto mayúsculo esta por venir. ¿Cómo enfrentar a los grupos de crimen organizado que van a seguir operando? En ese tema hace falta la pasión de toda Colombia. Es fundamental que las futuras acciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad se mantengan bajo la “sombra de la justicia”.
En diciembre de 2015, el exfiscal Eduardo Montealegre, emitió la directiva 0003, donde aceptaba la posibilidad de usar las Fuerzas Armadas contra grupos de crimen organizado. Cuatro meses después, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó esa decisión y dijo que debía modificarse para estar acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
En abril pasado, el Ministerio de Defensa adoptó la Directiva 15, que precisamente autoriza el uso de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados organizados. Esa orden tiene que tener más precisiones para evitar los conflictos que México aún sufre por haber tomado ese camino.
La decisión del presidente Bush de transformar el control del terrorismo internacional en una Guerra en Afganistán y en Irak ha costado USD$3 trillones y la vida de 7 mil soldados norteamericanos, pero solo ha servido para incentivar el conflicto en el Medio Oriente, la desestabilización de Irak y Siria, el liderazgo del Estado Islámico y los conflictos entre diferentes grupos étnicos.
Si luego del ataque a las Torres Gemelas los líderes de Al-Qaeda hubieran sido procesados por la justicia norteamericana, requerido su captura por el gobierno talibán y, en el caso de negarse, se hubieran enviado tropas especiales solo para capturar a Bin Laden y los demás líderes, la situación sería mucho mejor.
Los bombardeos para enfrentar el crimen organizado siempre producen muertos civiles. Aun las sofisticadas tropas norteamericanas bombardearon por error un Hospital en Kunduz (Afganistán), matando a médicos y pacientes, destruyendo su legitimidad frente a la comunidad local.
Colombia no puede caer en ese error. Las Fuerzas Armadas y el Gobierno de Colombia no pueden salirse de la “sombra de la ley” y perder el apoyo de la sociedad a la que sirven. Por el contrario, se debe discutir una norma que permita armonizar los esfuerzos judiciales, policiales y militares de forma adecuada. La experiencia en los casos de secuestros donde se realizaba esa integración debe ser tenida en cuenta y exportada. Se le deberá sumar una fuerte investigación de los movimientos financieros. Esa es la forma de controlar al crimen organizado: ahogando sus finanzas.
Caterina Heyck nos recuerda que ya hace más de 20 años, en 1995, la Corte Constitucional de Justicia explicó el mismo concepto de la sombra de la justicia con otras palabras: “Paz no es la ausencia de conflictos, sino la posibilidad de manejar esos conflictos sin violencia”.
*Luis Moreno-Ocampo, abogado argentino, fue el primer fiscal jefe que tuvo la Corte Penal Internacional.