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Los reflectores del caso de corrupción de Odebrecht han alumbrado, principalmente, sobre los dos primeros capturados por este proceso, en enero de este año: el exsenador Otto Bula y el exviceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales. Aun habiendo aceptado ya su responsabilidad en este episodio, no fue ninguno de ellos el primer condenado por esta investigación. Resultó siéndolo Enrique Ghisays Manzur, uno de los socios que encontró García Morales para lograr ingresar al país los US$6,5 millones que le entregó Odebrecht a cambio de la concesión de la Ruta del Sol sector 2.
El Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá lo condenó a siete años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Ghisays admitió ante la justicia que él, junto con su hermano Eduardo Ghisays, había creado en Panamá la sociedad Lurion Trading para, a través de ella, “blanquear” el soborno millonario de Odebrecht. Lurion Trading, encontró la Fiscalía, fue creada en enero de 2010: apenas un mes después de que el Instituto Nacional de Concesiones, que por entonces lideraba García Morales, les diera el contrato de la Ruta del Sol 2 a Odebrecht y sus socios.
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Desde hace cuatro meses la Fiscalía anunció que le imputaría los mismos cargos a su hermano, Eduardo Ghisays Manzur. Ellos dos figuraban como los únicos socios de Lurion Trading y para el organismo investigador es claro que ellos sabían exactamente para qué se constituía esa sociedad. Al fin y al cabo, así lo confirmó Enrique Ghisays al aceptar cargos. La audiencia de imputación de cargos de Eduardo Ghisays estaba anunciada desde marzo también. No obstante, en los juzgados de Paloquemao no está programada ninguna audiencia de imputación de cargos dirigida a él hasta ahora.
Los últimos descubrimientos de la Fiscalía indican que Lurion Trading no fue la única compañía panameña relacionada con el universo de Odebrecht. La semana pasada, el fiscal Néstor Humberto Martínez notificó que había sospechas sobre posibles pagos adicionales en conexión con los sobornos de Odebrecht, incluida la cancelación de US$2,7 millones (unos $6.900 millones) que ingresaron “desde Colombia a través del mercado cambiario a un banco en Panamá”. Esos movimientos de recursos, dijo el fiscal Martínez, los confirmó Eduardo Zambrano, contratista de la ANI capturado el pasado 18 de julio.
La sentencia de Ghisays, hombre de negocios cartagenero, y las últimas noticias sobre el expediente Odebrecht vuelven a poner sobre la mesa cada vez con más claridad que el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia extendió sus tentáculos hacia un centro de poder específico: el de la Costa Caribe. De los cuatro congresistas que la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigara, Bernardo Elías Vidal y Musa Besaile son de Sahagún, Córdoba –al igual que Otto Bula, de quien son muy cercanos–; mientras que Antonio Guerra de la Espriella es de Sincelejo, Sucre. Los tres, a su vez, han negado cualquier relación con Odebrecht y sus ilícitos.
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La Fiscalía sigue levantando piedra por piedra para descifrar cómo fue que en el país se pagaron más $84.000 millones en sobornos de parte de Odebrecht y no US$11 millones (unos $22 millones, al cambio de la época), como se había aseverado inicialmente. La cantidad podría ser mucho mayor: Rodrigo Tacla, quien trabajó en la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –la oficina que creó la constructora brasileña para coordinar el pago de los sobornos alrededor del mundo–, le dijo hace unos días al diario El País de España que Odebrecht pudo haber movido hasta 2.200 millones de euros y que las cifras reconocidas por la multinacional en Colombia eran “muy bajas”.
Con el anuncio de que la Fiscalía le va a imputar cargos al presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, el próximo 21 de septiembre, queda claro que este proceso podría salpicar hasta a los altos funcionarios de hoja de vida más intachable. Se trata del escándalo de corrupción que más ha agitado las aguas latinoamericanas en las últimas décadas, al punto que ya hay un expresidente privado de la libertad preventivamente: Ollanta Humala, de Perú. En Colombia, entes como la Procuraduría han solicitado que se declare la caducidad del contrato de la Ruta del Sol 2, pero la nueva administración de Odebrecht ya asegura que su principal objetivo es reestructurarse y seguir.