El Congreso comenzará a indagar si hubo, como ha denunciado el expresidente Álvaro Uribe, irregularidades en las interceptaciones que ordenó la Corte Suprema a sus comunicaciones. Este martes, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó a versión libre al exmagistrado José Luis Barceló, quien desde la Sala Penal de la Corte Suprema fue el ponente de la decisión de 2018 con que se ordenó investigar a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. El alto tribunal ha reiterado que las interceptaciones fueron legales y que no hubo irregularidad alguna.
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El lío por las interceptaciones a Uribe estalló en septiembre de 2018. La Corte Suprema de Justicia reconoció ante el expresidente que interceptó por error su número celular en el marco de un proceso contra el también excongresista Nilton Córdoba, quien venía siendo investigado por el cartel de la toga. Desde entonces, la defensa del exmandatario ha buscado que el contenido de esas conversaciones no sea usado en el caso que se le adelanta por presunto fraude procesal y soborno, que ahora lleva la Fiscalía.
No obstante, la Corte se defendió en su momento y mantuvo las interceptaciones como prueba. En septiembre de 2018 le dijeron oficialmente a Uribe que su número fue interceptado porque aparecía registrado, de manera reiterada, “como dato de contacto” de Córdoba. Segundo, que cuando se advirtió que no era así, se ordenó la cancelación de la interceptación, en abril de 2018. Y, tercero, que el alto tribunal consideró relevante el contenido de las llamadas de Uribe Vélez por lo que las remitió al proceso que cursa en su contra por presunta manipulación de testigos.
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Pero el daño estaba hecho porque el escándalo dio para que el congresista del Centro Democrático Ricardo Ferro interpusiera en agosto del año pasado una denuncia en la Comisión de Acusación pidiendo investigar lo sucedido. En esa instancia “los despachos (de los representantes investigadores) han podido establecer preliminarmente que las interceptaciones denunciadas se efectuaron en el marco de un expediente asignado al despacho del exmagistrado José Luis Barceló”, según se lee en la decisión que ordena vincularlo al proceso.
Ahora, la diligencia a la que citaron es un paso muy preliminar en el proceso. “Es importante tener en cuenta que la versión libre es, en esencia, un medio de defensa para aquellas personas que podrían llegar eventualmente a ver comprometida su responsabilidad penal. En ese sentido, el exmagistrado José Luis Barceló tiene el derecho a rendir versión libre para que ejerza desde ahora su defensa material, diligencia en la cual deberá estar acompañado por su apoderado”, agrega el documento.
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La Corte ha dicho desde 2018 que ese teléfono aparecía registrado, de manera reiterada, “como dato de contacto de” Córdoba y no como el de Uribe. Es decir, que fue un “hallazgo inevitable”, lo que no significa que las pruebas recabadas sean ilegales. En un documento de 98 páginas que reveló el año pasado El Espectador, la Sala de Instrucción incluso dijo que no era posible conocer con anticipación de quién era la línea celular y que, en todo caso, lo esencial de esta discusión es que la orden fue legal. En el Congreso, al parecer, sí creen que hubo irregularidades.