![En la JEP aseguran que Patricia Linares y Alejandro Rimelli no han sido notificados y no conocen la denuncia. / Daniel Álvarez - El Espectador](https://www.elespectador.com/resizer/v2/E3N7VDR4YRBLPFOC6XDCUW3ETU.jpg?auth=f9d3067e66b2b9e3fa352bf9163c64294235144cb656c6bb8901e427d2283963&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le abrirá investigación preliminar a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, y al magistrado de ese alto tribunal, Alejandro Ramelli. Según una denuncia que llegó al despacho del representante a la Cámara, Ricardo Ferro, los miembros de la justicia especial podrían haber cometido tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
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Ferro, que llegó la semana pasada a la presidencia de la Comisión encargada de investigar a altos funcionarios públicos, no dio mayores detalles sobre los supuestos delitos. El parlamentario señaló que “para evitar vulnerar la reserva sumarial” no iba a ahondar en los hechos, los cuales, aseguró “ya son conocidos por la opinión pública”. Sin embargo, en la JEP aseguran que los magistrados investigados no han sido notificados y que no conocen la denuncia. Los hechos en los que se sustenta el inicio de esta investigación fueron advertidos por El Espectador en abril de 2018, dando a conocer las disputas internas por la administración de la JEP a través de unos correos privados entre Linares y Ramelli antes de la consolidación del tribunal transicional.
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El congresista del Centro Democrático agregó que, “en uso de las facultades que me otorgan la Constitución y la ley, mi despacho ya ha ordenado la práctica de algunas diligencias, buscando esclarecer estas conductas”. Entre los trámites que van a iniciar en el curso de la investigación, según Ferro, está el escuchar en versión libre a Linares y Ramelli. La JEP no quizo entrar en detalles tampoco, pero aseguró que “los magistrados actuaron según la constitución y la ley” y que “atenderán el llamado de la Comisión cuando así pase”.
El tema puntual, según se deduce de los correos conocidos por este diario, es que Ramelli habría enviado a Patricia Linares información reservada de la Corte Constitucional respecto al fallo clave sobre la estructura administrativa de la JEP. En ese momento, Ramelli era magistrado auxiliar en la Corte Constitucional en el despacho del titular Alberto Rojas Ríos, pero ya estaba electo como magistrado de la justicia especial. Cuando se hizo pública la polémica de los correos, tanto Ramelli como Linares se defendieron, negando cualquier tipo de falta disciplinaria. “Enviar un correo no significa que haya conocido de la decisión, ni que la haya leído, ni que la haya redactado”, dijo el magistrado en su momento.
La denuncia que está en la Comisión pide también que se tenga en cuenta el testimonio de Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, quien ha asegurado que renunció a ese cargo por su desacuerdo con el modelo administrativo del tribunal e incluso expresó que habría irregularidades al interior del organismo. Cuando Patricia Linares se pronunció al respecto, sostuvo que el exfuncionario “había accedido presuntamente de manera ilegal a correos electrónicos privados de los magistrados”.
Sobre su reciente llegada al cargo, en una Comisión que tiene varios pendientes, Ricardo Ferro dijo: "Lo primero que he hecho es tratar de poner al día a la Comisión en los temas que venían represados". Según el parlamentario, tiene bajo su responsabilidad alrededor de 40 investigaciones, siendo esta la primera que él abre oficialmente, puesto que las demás se las trasladó su antecesor Luis Emilio Tovar. “Este es un proceso que arranca de ceros y lo que quiero hacer, precisamente es, poder esclarecer los hechos lo antes posible”, dijo Ferro.
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El senador Iván Cepeda también se pronunció. El congresista del Polo denunció en marzo, y ante la misma Comisión, al presidente Iván Duque por “prevaricato agravado”, considerando que las objeciones a la ley estatutaria de la JEP violan el acto legislativo que le obliga a cumplir de buena fe el Acuerdo firmado en La Habana.