1.290 personas y organizaciones exigen a la Fiscalía “no impunidad” en caso Uribe

El senador Iván Cepeda (izquierda) recientemente le envió un documento con 40 preguntas al fiscal Gabriel Jaimes (derecha), como "constancia histórica" por su investigación en el actual proceso contra Álvaro Uribe Vélez.

Foto: EFE-Fiscalía

Con un documento de 34 páginas, cuya inmensa mayoría está repleta de firmas, una veeduría ciudadana conformada por 1.290 personas y 260 organizaciones le exigieron al fiscal general Francisco Barbosa que brinde garantías en el proceso penal que afronta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El colectivo pide que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, quien en los próximos días decidirá si lleva a juicio o no al exmandatario, reconozca la condición de víctima que tiene el senador Iván Cepeda, en medio de un lío judicial por supuesto fraude procesal y soborno a testigos.

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Entre los firmantes del documento está la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien recientemente renunció al partido Colombia Humana. “Iván Cepeda es un hombre de paz, transformó el dolor por el asesinato de su padre en una lucha en defensa de la Paz y los Derechos Humanos”, ha expresado en su cuenta de Twitter. También estampó su firma el congresista del partido Verde Antonio Sanguino, quien a su vez es copresidente de la Comisión de Paz del Senado y ha expresado su constante apoyo al adversario judicial de Álvaro Uribe Vélez.

“Compartimos la preocupación del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, por la ausencia de garantías que ofrece el fiscal Gabriel Jaimes, el desconocimiento de las pruebas ya practicadas por el máximo tribunal de la justicia penal en Colombia (Corte Suprema de Justicia) y el intento de desviar la investigación hacia el testigo principal de esta causa (Juan Guillermo Monsalve)”, escribieron el millar de firmantes en la carta allegada al ente investigador.

La veeduría ciudadana le exige al fiscal general que sus delegados actúen bajo el principio de “no impunidad” durante la fase procesal que actualmente enfrenta el expresidente Álvaro Uribe. El expediente se encuentra en fase de imputación, con los términos contando para un eventual posible llamado a juicio o preclusión, como lo decidió el pasado 6 de noviembre del Juez Cuarto Penal de Circuito de Bogotá. Uribe Vélez había sido investigado por la Corte Suprema, hasta finales del año pasado cuando renunció al Senado. Ahora las cartas se juegan en la justicia ordinaria.

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Entre los otros firmantes están Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena; Clara López, exministra y exnegociadora de paz con el Eln; Germán Castro Caicedo, escritor y periodista; Gonzalo Sánchez Gómez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica; Juan Fernando Cristo, exministro y exnegociador de Paz con las Farc y con el Eln; León Valencia Agudelo, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares); Rodrigo Granda Escobar, exnegociador de paz y dirigente del partido Comunes -antes Farc-; y otros cientos de ciudadanos con diferentes profesiones.

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La carta también contó con el apoyo de organizaciones sociales como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc); la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas; el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep); la Corporación de Víctimas del Conflicto; el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); la Red ConPaz, la cual cuenta con la representación de decenas de resguardos y colectivos afro, indígenas y campesinos; y la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), entre otros de colectivos.

Las voces de apoyo para Iván Cepeda se suman al llamado que hizo él mismo esta semana al enviar, en un documento, 40 preguntas para el fiscal Gabriel James, como “constancia histórica” ante lo que él considera una desviación del proceso penal contra Uribe y una persecución a las mismas víctimas. “De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes”, escribió el congresista del Polo.

De acuerdo con el abogado Reinaldo Villalba, representante de Iván Cepeda, el fiscal Jaimes se ha encargado de “eliminar” o “desacreditar” las labores investigativas llevadas a cabo durante ocho años por la Corte Suprema de Justicia, cuyo trámite judicial se trabó tras la renuncia del expresidente Uribe al Congreso. “No ha hecho ningún esfuerzo (el fiscal Gabriel Jaimes) en examinar el modus operandi que demuestra la práctica de acudir a testigos falsos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez, en las investigaciones que se adelantan en su contra”, agregó Cepeda.

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De acuerdo con la Corte Suprema, que incluso decretó detención domiciliaria contra Uribe el pasado 4 de agosto, al expresidente se le investiga por supuestamente haber intentado torcer testigos, a través de sus abogados, para que declarasen a favor suyo y desmintieran las denuncias que Iván Cepeda ha llevado a debates de control político en el Congreso. De acuerdo con testimonios recopilados por el senador del Polo, Uribe Vélez fue crucial para la creación del Bloque Metro de las Auc, sin embargo, el jefe natural del Centro Democrático ha negado tajantemente tales acusaciones, asegurando que se trata de una persecución política y que, en realidad, Cepeda ha ofrecido prebendas para que testigos le sigan la hipótesis.

El expediente de Álvaro Uribe Vélez cayó en la justicia ordinaria desde finales del año pasado y, tras una decisión en segunda instancia, se decretó que el exmandatario está formalmente imputado. Sin embargo, para el defensor Jaime Granados, representante del investigado, el Juez Cuarto Penal de Circuito de Bogotá no tenía competencia para definir la adecuación procesal a seguir y, por tanto, elevó una acción de tutela que actualmente estudia la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia. Granados quiere que el caso de su cliente empiece desde ceros y esa es una postura jurídica que comparte fiscal Gabriel Jaimes.