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Como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una petición de medidas cautelares que busca proteger 16 lugares, ubicados los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Antioquia, en donde podría haber personas desaparecidas.
Sobre Caldas, la petición señala que hay un total 27 cementerios con un total de 1.485 personas inhumadas como no identificadas y que es el departamento del Eje Cafetero con más personas registradas como víctimas con 105.457. La preocupación principal del Movice tiene que ver con los ríos del municipio de Samaná: Río Manso, Río Hondo, Río San Antonio y Río Moro, referidos por los testimonios de las víctimas.
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En concreto, se pide proteger la vereda Pradera del municipio de Victoria, pues se “presume que exista una fosa común donde están los restos de personas dadas por desaparecidas por grupos paramilitares en esa región”. Igualmente, el Resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio en donde podría haber 18 fosas comunes según las investigaciones. La petición incluye la vereda Cimitarra en Norcasia y la vereda La Cristalina en Samaná territorios de consolidación paramilitar a partir de los años 1990 y la primera década del 2000.
“El riesgo frente al cuidado y preservación de los lugares en los cuales han sido dispuestos los cuerpos, está relacionado no solo con las intenciones de agentes del Estado e integrantes de los grupos armados para desaparecer cualquier indicio o prueba que los pudiera vincular a procesos de investigación y juzgamiento en el mediano y largo plazo, sino con la priorización de gran parte del Oriente Caldense y parte del Occidente para la ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros, que podrían nuevamente desaparecer a los desaparecidos”, dice la petición.
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En la región del Magdalena Medio se busca proteger la Vereda Muzanda del municipio de Lebrija, Santander; el cementerio municipal de Aguachica, Cesar; el lugar conocido como Hoyo Malo en San Vicente de Chucuri; y el Cementerio Colombia de Cimitarra. Igualmente, se incluye la zona donde se adelanta el megaproyecto Hidroituango y se pide el cierre de los sitios conocidos como la Arenera y la Escombrera en la Comuna 13 de Medellín.
El documento de 30 páginas que será entregado a la JEP asegura que en estas zonas no se habrían adelantado las acciones suficientes y pertinentes por las autoridades para encontrar a los desaparecidos. Además, señala que es vital hacer la protección ya que ni siquiera se tiene claro cuántas personas víctimas de desaparición forzada ni dadas por desaparecidas hay en el país. “Los datos varían de entre 27.196 y 86.000 según informes de diversas instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos y de familiares”, dice la petición.
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Además, resalta que por el Acuerdo de Paz pactado con las Farc ye el gobierno de Juan Manuel Santos, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que está conformado tanto por la JEP como por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La petición asegura que la JEP tiene potestad para adoptar las medidas de protección de lugares donde se presuma la existencia de víctimas de personas dadas por desaparecidas, sin afectar las competencias de la Unidad.
“Además, teniendo en cuenta que los informes técnico-forenses y los elementos materiales asociados al cadáver podrán ser requeridos por las autoridades judiciales competentes y tendrán valor probatorio, permitir que se siga deteriorando y afectando los restos de las personas impedirá las labores que posteriormente pueda requerir la JEP en sus actuaciones”, dice la petición.
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