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Tras aceptar su responsabilidad en los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos y concierto para delinquir un juez especializado de Antioquia condenó, en fallo de primera instancia, a 12 años de prisión a Sor Teresa Gómez Álvarez.
En el proceso penal, la hermanastra del clan Castaño Gil aceptó su responsabilidad en las acciones ilegales adelantadas por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá durante los años 1994 y 1997. En ese lapso los pobladores de la zona de La Tulapa, entre los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia) tuvieron que abandonar sus tierras por las amenazas.
Los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil conformaron grupos paramilitares con el fin de pacificar la región. Dicho grupo armado ilegal aseguraba que los campesinos eran simpatizantes o militantes de las Farc. Algunos de ellos fueron asesinados y desaparecidos, estos hechos generaron terror en la comunidad que tuvieron que salir de la zona.
Dichos predios luego eran legalizados por Sor Teresa Gómez con la presentación de documentos falsos. Fue así como se ejecutó uno de los mayores despojos de tierras en la historia del país por medio del Fondo Ganadero de Córdoba con la activa participación de su presidente Benito Molina Valberde, quien fue condenado.
El cuestionado Fondo se reunió en la Finca 52, “propiedad” del Clan Castaño Gil para acordar la compra de 6.000 hectáreas por precios irrisorios. Con esta estrategia se le dio una apariencia de legalidad al despojo y se evitó, legalmente, que los verdaderos dueños reclamaran sus predios puesto que ya no eran sus propietarios.
Los que se opusieron a esto, fueron amenazados por Sor Teresa Gómez quien lo obligó a que se presentaran ante la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) para firmar un documento donde le entregaban un poder. Así el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de estos predios.
Actualmente la hermanastra de los Castaño Gil se encuentra privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Enfrenta una condena de 40 años de prisión por el homicidio de la reclamante de tierras de Córdoba, Yolanda Izquierdo Berrío.
Igualmente fue sentenciada por el delito de falsedad en documento público puesto que al momento de su captura, en 2013, presentó una cédula falsa, con la cual había evadido las ordenes de captura que existían en su contra.