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17 años y 4 meses de prisión tendrá que pagar el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien fue hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos en la celebración de convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (Lea: Corte Suprema condenó a Andrés Felipe Arias por Agro Ingreso Seguro) El exfuncionario de Álvaro Uribe deberá pagar además una multa de 50 mil salarios mínimos (unos 30.800 millones de pesos)
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, encabeza de la magistrada María del Rosario González, hizo este jueves la lectura del fallo que condenó al exministro Arias Leyva por su participación y responsabilidad en las irregularidades que rodearon la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). (Lea: Cancillería confirma que Andrés Felipe Arias está en Miami)
Para la Corte Suprema el entonces ministro incurrió en una serie de irregularidades en la celebración de convenios para que la entrega de multimillonarios subsidios de riego y drenaje puesto que la contratación no se hizo bajo licitación pública. (Lea: Andrés Felipe Arias habría solicitado asilo a EE.UU.)
Igualmente se determinó que Arias conocía que se estaban presentando solicitudes que no cumplían con los requisitos y que algunos peticionarios habían fraccionado sus predios con el fin de lograr más beneficios económicos. Estos hechos no fueron puestos, para el alto tribunal, en conocimiento de las autoridades ni se tomaron acciones de fondo en el interior del Ministerio. (Lea: Situación de Andrés Felipe Arias me genera mucha tristeza: Uribe)
“El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural al celebrar los convenios desconoció los principios rectores de la función pública y de la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. Al escoger de manera discrecional al IICA como cooperante soslayó la regla según la cual la escogencia del contratista debe efectuarse a través de licitación o concurso público”, precisó la Corte Suprema. (Lea: "Andrés Felipe Arias no se robó un peso": Óscar Iván Zuluaga)
Igualmente se consideró que el entonces jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural conocía de primera mano las irregularidades sobre frente al fraccionamiento de predios por parte de un grupo de empresarios quienes se vieron beneficiados con más de dos subsidios lo cual iba en contra de la naturaleza de la ley. (Lea: Juan Manuel Santos solicita a Andrés Felipe Arias que se entregue a la justicia)
Para la Corte “Andrés Felipe Arias Leyva actuó con completo conocimiento de la ilegalidad de su conducta” puesto que siempre tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del denominado programa bandera del Ministerio de Agricultura desde el principio. (Lea: Piden a la Cancillería cancelar pasaporte de Andrés Felipe Arias)
En este sentido consideró que se vulneraron los principios de transparencia, publicidad, rectitud, entre otros, que exige la ley para la contratación pública. En este sentido manifestó que el monto del contrato y la naturaleza del mismo exigían que se celebrara una licitación hecho que no se presentó en el caso materia de estudio puesto que se le entregó al IICA el convenio contractual “a dedo”. (Lea: "Nos duele la injusta condena al exministro Andrés Felipe Arias": Centro Democrático)
“Siempre tuvo una intervención permanente y directa en la intervención y desarrollo de estos convenios, así como las convocatorias presupuestales para el manejo de los subsidios”, precisó la magistrada ponente en la lectura del sentido del fallo, en el que se indicó que Arias Leyva tuvo en este proceso gente de su entera confianza para que manejaran todo lo relacionado con el proyecto de Agro Ingreso Seguro.
En este caso se manifestó que el entonces ministro de Agricultura con el fin de justificar la entrega directa del manejo de los subsidios al IICA se cambió la naturaleza de los contratos y se les adjudicó la base de “ciencia y tecnología” las cuales no fueron argumentadas en el desarrollo del juicio que duró más de dos años.
“La ejecución de los convenios se inició antes de que se suscribieran o se concretara su perfeccionamiento (…) así las labores de divulgación de convocatorias que constituían su objeto, se cumplieron en los meses previos a su suscripción y los términos de referencia de los mismos concursos fueron elaborados y en algunos casos divulgados antes de su firma y de la aprobación de la garantía que debía prestar al IICA”, indicó.
Entre los años 2007 y 2009 el ministro de Agricultura desembolsó más de 550 mil millones de pesos al IICA para la ejecución de tres contratos.
"Se demostró que Arias conservó la disponibilidad jurídica de estos dineros y en ese sentido se valió de los términos de referencia de las convocatorias de riego y drenaje, para incluir reglas que favorecían a sectores específico de la producción agrícola”.
Se espera que en un plazo de 15 días se fije una nueva fecha para conocer el monto de la condena emitida en contra de Arias Leyva. Según se ha podido establecer la sentencia estaría entre los 18 y 33 años de prisión. Por el denominado escándalo de Agro Ingreso Seguro la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ocupar cargos públicos.
La magistrada María del Rosario González indicó que el ahora condenado hasta el momento en que se dicte su sentencia. “No se ha escondido u omitido la notificación, no ha incurrido en maniobras dilatorias ni ha omitido las notificaciones para hacerse presente en el juicio. Tiene arraigo familiar y profesional por lo que no evadirá el cumplimiento de la condena”.
Por estos hechos no se dictó orden de captura en contra del exministro de Agricultura quien no se hizo presente en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia argumentando que se encuentra en vacaciones y que no fue notificado a tiempo de la diligencia celebrada este jueves.
En el sentido del fallo el exministro fue condenado a pagar una multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes, suma que supera los 30.000 millones de pesos. (Lea: "Uribe se dedicó a gestionar prófugos": Claudia López)
En 2011 la procuraduría General destitutyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al exministro de Agricultura. En contra de esta sanción disciplinaria se presentó un recurso de nulidad ante el Consejo de Estado.