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El 12 de enero de 2007 en la tarde, en la vía que conduce de la vereda Laguneta a la Tigrera (Alvarado, Tolima), miembros del Ejército y un miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) simularon una operación antiextorisión en la que asesinaron a Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago. Doce años después, un tribunal especializado de Ibagué condenó a 43 años de prisión al miembro del grupo de inteligencia colombiano, Giovanni Calderon Salazar, por su participación en la ejecución extrajudicial de los dos campesinos.
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Según señalaron las autoridades en su momento, los uniformados del Ejército hicieron pasar a los pobladores como miembros de grupos armados ilegales. "(Las víctimas) fueron engañadas por un hombre, quien fungió como reclutador y participó como supuesto informante del Ejército, para que conforme al plan criminal las víctimas arribaran al lugar de los hechos con una expectativa económica, de tal manera que se asegurara su traslado y de este modo aprovechando la sorpresa, la superioridad logística en hombres y fuego se obtiene el resultado operacional fraudulento presentado por el comandante de la Misión Táctica en su informe de patrullaje", señaló la sentencia.
En la sentencia, a la que El Espectador tuvo acceso, se señala que la Fiscalía cuenta con las pruebas con la que puede establecer que los miembros del Gaula, del que hacía parte Calderon Salazar, "sin que mediara ataque o agresión por parte de las víctimas dio muerte a estas. (...) A modo de contexto, estos hechos, según lo ha podido determinar la Fiscalía, se concretan en una serie de acciones en las que se contactaban personas de escasos recursos, con antecedentes penales o situaciones similares para luego de hacerles un ofrecimiento lícito o ilícito, éstas personas se desplazaran a parajes desolados y luego ejecutadas por miembros de esta unidad antiextorsión "
Esta unidad militar estaba al mando del teniente William Eduardo López Pico, quien, junto al suboficial Carlos Arturo Malte Pérez, fueron señalados por la justicia como responsables de estos hechos. En julio de 2018, el Tribunal Superior de Ibagué ratificó la condena de 21 y 20 años en contra de los militares, respectivamente. Sin embargo, luego de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Tribunal suspendió la orden de captura que había en su contra.
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El teniente López Pico fue también condenado por su responsabilidad en la masacre de Totumo, perpetrada el 20 de diciembre de 2006 en la que murieron Rubén Fernando Sánchez Morales, Jeison Méndez Zorro, Alexánder Jaramillo Quitora, Dorancé Enciso Medina y Armel Ramírez Lozano. Aunque miembros del Ejército señalaron que los hombres pertenecían a una red de extorsionistas y habían muerto en combates en ese sector, en realidad las víctimas fueron ejecutadas de rodillas por los miembros del grupo Gaula y luego fueron presentados como supuestos delincuentes.
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