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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General por la captura de los suboficiales del Ejército Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita por presuntamente tener participación en la desaparición, tortura y asesinato de la militante del M-19, Nydia Erika Butista.
Los militares estuvieron privados de su libertad por orden de la Fiscalía General que consideró que existían pruebas suficientes para inferir que habían participado en los hechos registrados el 30 de agosto de 1987 en el centro de la capital de la República. (Ver: Corte Suprema inadmite demanda por la desaparición de Nydia Erika Bautista)
En el debate jurídico, el alto tribunal admitió los argumentos de la demanda de reparación presentada por los militares que consideran que estuvieron privados de la libertad de manera injustificada puesto que la misma Fiscalía General precluyó la investigación en el año 2004 por falta de pruebas y ordenó la libertad inmediata de los tres militares.
Debido a esto se ordenó el pago de una indemnización por un valor de 14 millones de pesos para Luis Guillermo Hernández y Mauricio Angarita por perjuicios morales, mientras que en el caso de Julio Roberto Ortega Araque se determinó que existieron daños morales y materiales, por lo que fijó el pago de 43 millones de pesos como indemnización.
A las 6:30 de la tarde del 30 de agosto de 1987, Nydia Erika Bautista fue sacada de su casa en el Barrio Casablanca (Bogotá). Ssegún los testigos que han declarado en la investigación “varios hombres vestidos de civil que se movilizaban en un jeep Suzuki de placas SJ-410 (…), de color gris y carpado, la obligaron en forma violenta a subir al vehículo, el cual arrancó a gran velocidad con dirección a Bosa”.
De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, esos hombres serían presuntamente los suboficiales Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González Y Mauricio Angarita, quienes, de acuerdo con las declaraciones de cuatro testigos, estaban trabajando de la mano con el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS). Además de ellos, desde el 21 de febrero de 1995, la Fiscalía 3 Seccional de Bogotá vinculó al general Álvaro Hernán Velandia al proceso.
Tras el rapto, la mujer habría sido llevada a una finca en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, y luego la habrían trasladado hasta el sector de Quebradablanca en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca). “Allí a 50 metros de los túneles del sector, a quemarropa, con los ojos vendados y de espaldas, fue asesinada por sus captores”. Su cadáver, que fue hallado el 12 de septiembre de 1987, regresó a sus familiares hasta el año 1990.
Si bien en primera y segunda instancia los jueces del proceso penal fallaron a favor de la preclusión de las investigaciones, dejando en libertad a los uniformados involucrados en el caso, en noviembre del año 2009, el Consejo de estado ratificó la destitución del general Álvaro Hernán Velandia Hurtado y de los tres suboficiales del Ejército por su responsabilidad en la desaparición forzada, tortura y ejecución de la socióloga y militante del M-19.
De acuerdo con esa máxima instancia disciplinaria, los tres miembros de la XIII Brigada del Ejército-Batallón Charry Solano no solo habrían conocido el crimen contra Nydia Erika Bautista, sino que además lo habrían aprobado y por si fuera poco, habrían participado en su ejecución. Pero a pesar de los avances en el proceso disciplinar, el caso de Nydia Erika Bautista, uno de los más emblemáticos en cuanto a desaparición forzada, sigue sin responsables penales.