En diálogo con El Espectador, la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Diana Remolina, explicó los beneficios que tendría implementar la digitalización de los expedientes que se lleven en el alto tribunal. Más allá de que cualquier ciudadano pueda acceder a su proceso judicial a través de las plataformas digitales, según señaló la magistrada, se busca que se pueda llegar a instaurar una demanda a través del celular, desde la casa o que se pueda comunicar directamente con el despacho por estos medios electrónicos.
¿Qué es digitalizar?
Digitalizar es convertir en documentos magnéticos el papel. Es decir que todos puedan consultar los documentos en línea. Que estos sean leídos y puedan ser enviados y compartidos en computadores, celulares y tablets. Es importante recalcar que el propósito del Consejo Nacional de la Judicatura no es solamente llegar a digitalizar, lo que se busca finalmente es que el proceso judicial se pueda manejar digitalmente desde que nace. Eso quiere decir que un ciudadano pueda demandar, a través de su celular, desde su casa o que pueda comunicarse con el despacho por estos medios electrónicos. Sin duda, se generaría una relación muy cercana entre el ciudadano y su juez.
(Lea:Riesgos y ventajas de la transformación digital)
¿Cómo equilibrarían la falta de acceso a plataformas digitales que se vive en diferentes zonas del país?
Hacer el expediente electrónico no es eliminar ni los despachos, ni el proceso presencial. Sin duda, el acceso es uno de los retos de la digitalización de la justicia y eso lo que exige es un reto muy grande para el gobierno, sobre todo para llegar con Internet a zonas alejadas del país, pero yo creo que también es un proceso gradual. En esa misma medida, tenemos que arrancar donde empecemos a ver capacidades e ir llenando vacíos en donde no haya nada. El proceso se va dando y lo que nosotros tenemos que hacer es generar esos canales para que el ciudadano los tenga ahí si los quiere usar.
¿Qué ventajas tiene que los procesos estén disponibles de esta manera?
Yo creo que el beneficio más importante, en términos generales, es que se crea un canal seguro y directo entre el ciudadano y su juez. Esa relación directa del conocimiento, el manejo de la información, estar al tanto de en qué va el caso y poderlo consultar directamente en línea, es una ventaja en términos de transparencia y eficiencia en la calidad judicial.
Específicamente hay un beneficio en tiempos, es decir en la reducción de los procesos. De igual forma, en términos medioambientales, ahorro de papel, costos de luz, equipos. La reducción en términos de congestión y demora también es muy importante porque uno espera que el procedimiento y la forma de hacer justicia se beneficie de todas las ventajas que la tecnología tiene. Queremos aprovechar la tecnología para hacer más eficiente los procesos y que salgan más rápido.
Otro aspecto importante es que la digitalización de los procesos permite recopilar información, procesarla y hacerle monitoreo y eso mejora sin duda la calidad de la decisión. Un expediente electrónico puede facilitar los procesos operativos de los jueces, y ayuda a producir las sentencias, con unas herramientas de inteligencia artificial a procesar los datos jurídicos y a mejorar la calidad de las decisiones.
(Lea:Audiencias digitales son una realidad)
¿Tienen algún ejemplo, de un modelo que haya funcionado en otros países?
Es muy importante recalcar que el expediente electrónico funciona en diferentes países, pero ninguno de manera generalizada. Funciona en países como Brasil, Reino Unido, Australia. Aquí en Colombia ya tenemos una experiencia positiva, el Consejo Superior de la Judicatura implementó ya una herramienta de expediente digital para la jurisdicción de tierras. Los jueces de restitución de tierras ya manejan sus expedientes y se comunican entre instancias través de un expediente electrónico.
¿Cuánto tiempo estima que se va a demorar este proceso?
El Consejo Superior de la Judicatura ya está implementando un sistema de gestión único de información. Lo que hay que tener en cuenta con este proceso es que es un cambio de unas magnitudes muy grandes. Nosotros somos más de 5000 despachos judiciales, con un despacho judicial en cada municipio del país, entonces tenemos que estar pendientes de las complejidades que hay en el país en términos geográficos y de conectividad. Creemos que la mejor forma de ejecutar esto es gradualmente, en la medida que se vaya arrancando por algunos lugares y luego se implemente en el resto del país.
En este momento, empezando con el tema de tierras, hay un gran acuerdo entre las cortes para hacer algunas experiencias de expedientes electrónicos con procesos en las altas cortes y ese ejercicio va a ser una prueba importante que estamos trabajando en sinergia con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Tic. Esperamos que se esté viendo un resultado clave el próximo año.
¿Cuánto cuesta todo este proyecto?
El Consejo Superior de la Judicatura recibió desde el año pasado una consultoría para este sistema único de la rama judicial y el resultado es que al menos arrancar costaría US$60 millones. Sin contar con todos los costos que estén detrás asociados y eso es un costo muy elevado. En otros países ha costado alrededor de eso, US$ 100 millones en Perú, US$80 millones en Chile, US$2000 millones en Estados Unidos.
Esos US$60 millones de dólares son el 75% del presupuesto que tiene la rama judicial en un año. De manera que con los recursos que hoy recibe la rama judicial, emprender un proyecto así es imposible. Entonces lo que estamos tratando de hacer aquí es incorporar en el plan sectorial de justicia la modernización y ese proyecto como uno de los estratégicos. También queremos incidir en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto seguramente no será un tema de uno o dos años, pero tenemos que empezar tanto el gobierno como la rama apalancar estos recursos para que sea una realidad.
(Lea:Los retos de la justicia colombiana a la hora de implementar la tecnología)
¿Hay algún tipo de documentos que por la delicadeza del proceso no se pueden digitalizar?
Seguramente si, y el tema de la seguridad de la información es muy importante, pero en todos estos procesos están previstos diferentes aristas para que el lugar sea seguro y para que tranzar con la rama judicial sea eficiente.
¿La gente tendría que tener algún tipo de autorización para acceder a los expedientes electrónicos?
Hemos estado pensando que todo esto se incorpore dentro de estos procesos de ciudadanía digital que adelanta el Min Tic, por supuesto el interesado tiene las posibilidades de consulta y por supuesto pueden acceder al portal con ciertos datos mínimos que uno debe tener para acceder a esta información, así como sucede hoy en el portal de consulta de procesos de la rama judicial. Sin embargo, el cuidado que hay que tener ahí es con los documentos que podrían tener reservas con las identidades de las personas, pero hoy en día los procesos son de consulta pública, eso debería mantenerse y más bien eficientizarse.