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La Contraloría General de la República encontró múltiples irregularidades en la contratación que realiza el Ejército Nacional que representarían un posible detrimento patrimonial de $3.740 millones en varias unidades militares y, especialmente, en la Cuarta Brigada con sede en Antioquia. El caso más relevante, según la entidad, tiene que ver con un contrato para la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo en el que se habrían hecho pagos sin recibir el servicio a cambio.
El monto de la irregularidad ascendería a $465 millones y tiene que ver con el contrato 407-CENACAVIACIÓN. Para la Contraloría, el lío también incluye que los encargados de ejecutarlo “fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual)”.
Entre las irregularidades denunciadas está que, presuntamente, al contratista encargado para el suministro de combustible se le habría permitido usar las aeronaves oficiales para su propio beneficio incurriendo en un presunto detrimento patrimonial de $453 millones.
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“Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a $160.349.266”, señaló el comunicado.
Una de las prácticas denunciadas por el organismo de control es la existencia de viáticos y seguros sin sustento entre 2016 y 2017. Por ejemplo, en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército no aparecen los informes efectivos de actividades para acreditar los gastos, lo cual es un requisito necesario.
En la mira están los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada “que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932”. También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército, por presunto daño fiscal de $54.000.000.
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Y en la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, dice la Contraloría, “no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas”. Aquí, la irregularidad alcanzaría los $98 millones.
Igualmente, se analiza un detrimento e $70 millones, en relación a una orden de compra de la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social. “No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad”, indicó la entidad.
De otro lado, la Contraloría llamó la atención por el contrato Nro.309-BASPC4-2016, por $471.481.040 que celebró la Cuarta Brigada, ya que se encontraron mayores gastos a los necesarios para la dotación a 4.402 soldados incorporados en 2016. Al parecer, no habría soportes para justificar el pago de $140 millones ni del destino final de los elementos.
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También se alertó por posibles fallas en la supervisión a los trabajos de mantenimiento de inmuebles incluidos en el “Contrato No. 298 de 2016, para las unidades centralizadas del BASPC4. Aquí se presume un detrimento al patrimonio por $275.659.120”.
La Contraloría encontró, además, que al parecer la Cuarta Brigada del Ejercito hizo labores de mantenimiento de carros que no serían de esa unidad militar, sino civiles, en un presunto detrimento en a de $607 millones. Y que los supervisores reportaban el cumplimiento de contratos a pesar de la existencia de fotos que probarían que no se entregaron debidamente repuestos necesarios y contemplados en los contratos.
“Los vehículos relacionados presentan inconsistencias en cuanto a su inclusión en la flota de vehículos de la Cuarta Brigada, su registro en el aplicativo SAP (almacén) y su inclusión en la póliza de seguros todo riesgo. Situaciones generadas por deficiencias en la supervisión del contrato, que ocasiona incertidumbre sobre la real ejecución del contrato y un presunto detrimento constituido por valor de $940.754.488”.
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Finalmente, la Contraloría encontró una serie de carros que no han sido sometidos a chatarrización, a pesar de que están fuera de servicio, lo que ha obligado al Ejército a seguirles pagando el SOAT correspondiente. “Dobles pagos en el mantenimiento de vehículos y la omisión del reintegro de elementos dañados o de entrega de los soportes respectivos fueron comunes en la Cuarta Brigada durante las vigencias examinadas. Los casos documentados hasta hoy sugieren un presunto detrimento por $47.980.214,64”.
En un comunicado, el Ejército Nacional respondió al informe de la Contraloría asegurado la Inspección General “adelantará la verificación y posterior evaluación de los hallazgos señalados por la Contraloría General de la República para así presentar antes las autoridades competentes las acciones disciplinarias, administrativas y penales a que haya lugar”. Además, indicaron que apoyan a las autoridades en las investigaciones y que la Institución “no tolerará actuación alguna de los integrantes de la institución que sea contraria a la Constitución, la Ley, los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.
*Nota de la editora: esta noticia se actualizó con la respuesta del Ejército Nacional.