Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Convenio de Minamata nació en Japón en 2013 como la apuesta global en la lucha para proteger la salud humana y el medio ambiente del mercurio. Hace cuatro años, Colombia firmó el tratado y, después de demoras para que el Congreso lo ratificara, hoy la Corte Constitucional le dio el visto bueno, el último paso para que en Colombia se cumplan los requisitos de lo pactado y para que, además, el país pueda conseguir recursos para combatir el uso de este metal.
Según lo pactado en el convenio, lo que se busca con él es “llamar la atención sobre un metal usado a nivel mundial y omnipresente que, si bien es de origen natural, tiene un amplio uso en objetos cotidianos y se libera a la atmósfera, al suelo y al agua desde diversas fuentes”. En este documento, estudiado por el alto tribunal, se recogieron varios estudios y la basta evidencia científica que existe hoy para probar los efectos secundarios del mercurio.
(En contexto: Una semana decisiva en la lucha contra el mercurio)
Una de las investigaciones referenciadas en el tratado es la que ha realizado la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, desde hace varios años, viene insistiendo en que este elemento es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública. Y en Colombia, los números con respecto al uso del mercurio en el país han sido históricamente preocupantes.
Según el Ministerio de Ambiente, hasta el año pasado la Nación estaba en el segundo puesto en la lista de países en donde más contaminación existe por emisiones de este metal, con un número de 180 toneladas emitidas cada año. El primer lugar lo tiene China. Para llegar a ese escalafón, la cartera ministerial ha explicado que cerca del 55% del mercurio usado en Colombia se destina a la minería de oro, a la extracción ilícita de minerales y al uso en algunos elementos industriales.
(Le puede interesar: La prohibición del uso de amalgamas dentales: ¿está lista Colombia?)
El ministerio, además, asegura que cada año se vierten en el país entre 50 y 100 toneladas del “veneno plateado”, como también se le conoce al mercurio. Entre 2013 y 2015 se presentaron 1.126 personas intoxicadas, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar. Cuando el convenio pasó a debate en el Congreso, el entonces ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, se refirió a su importancia.
“El convenio de Minamata nos da la oportunidad de ajustar estas metas (para eliminar el uso del metal en Colombia), pero además nos garantiza que vamos a tener más cooperación y asistencia técnica. Podemos movilizar recursos de cooperación internacional para que nos apoyen, de manera que Colombia salga de ese puesto tan lamentable que tiene de ser el segundo país que más emite y contiene mercurio en el ambiente”, explicó el funcionario.
Hasta el alto tribunal llegaron diferentes intervenciones de instituciones públicas, expertos y sociedad civil en búsqueda del respaldo de la Corte para ratificar el convenio en el país. "La urgencia de tomar medidas para la gestión adecuada del mercurio en Colombia y para su eliminación es innegable. Los resultados de las mediciones de mercurio tomadas en todo el país son alarmantes y, lo que es peor, han sido reportadas sistemáticamente desde hace más de 15 años sin que se hayan tomado medidas efectivas para su control”, expresaron los intervinientes.
En el debate en la Corte, cuya magistrada ponente fue Diana Fajardo, se ratificó la importancia de que este convenio esté firme, especialmente por su vocación a la protección de los derechos a la salud y el medio ambiente de la población colombiana. Los magistrados que participaron de la discusión le dieron el visto bueno a la ponencia de Fajardo y la votación quedó 7 a 0 (dos magistrados, Alejandro Linares y Cristina Pardo se ausentaron de la votación con excusa).
¿Por qué se llama el convenio de Minamata?
El nombre proviene de un envenenamiento por mercurio ocurrido en los años 50 en la ciudad de Minamata (Japón). Según la investigación que adelantaron funcionario de la zona, por este hecho murieron alrededor de 900 personas.