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La Universidad Tecnológica del Chocó, se convirtió según la Fiscalía en otro de los grandes focos de corrupción en el departamento. Trabajadores de la Facultad de Derecho cobraban entre cinco y 10 millones de pesos para entregar títulos de abogados a estudiantes que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley. La red entregaba de manera ilegal actas de grado de carreras de pregado y especializaciones. (En contexto: Redada de la Fiscalía contra la corrupción dejó 45 capturados en el Chocó)
El ente investigador determinó que para obtener el título de una especialización debían entregar una tesis o una monografía, los integrantes de la red se ofrecían a hacerla y posteriormente le entregaban el título donde se indicaba que los estudiantes ya habían sustentado y aprobado el trabajo final.
Por estos hechos, la Fiscalía llevará a juicio a: Elizabeth Quejada Mayo, juez segunda municipal ambulante; Shara Eva Córdoba Aponzá, juez de infancia y adolescencia; Tarbyn Seider Conto, defensor público; y Juan Eulogio Córdoba Martínez, exdirector seccional del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Chocó y docente universitario.
Según el ente investigador los acusados se prestaron para firmar la sustentación de trabajos que no existían y dar vía libre a la graduación de varios estudiantes. Tendrán que responder por los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Dentro de la misma investigación, el ente investigador encontró que solo en el año 2016, un total de 108 diplomas pertenecientes a la facultad de derecho fueron entregados, presuntamente, de manera fraudulenta y que no tendrían ningún valor por cuanto fueron obtenidos sin el lleno de los requisitos académicos. Igualmente, se encontró que un estudiante ‘hackeó’ la base de datos del centro universitario con el fin de modificar las notas y poner los resultados que quisieran en sus actas de grado. (Lea: Los 108 títulos falsos de abogados de la Universidad Tecnológica del Chocó)
Hasta ahora cuatro servidores públicos, dos contratistas, dos secretarios de juzgados, una inspectora de Policía municipal y una comisaria de familia han sido desvinculados de sus trabajos; mientras que cerca de 30 litigantes tienen prohibido utilizar el título profesional falso.