Que en Colombia una comisión de expertos se dedique durante tres años a explicarle al país lo que sucedió en medio siglo de guerra, es uno de los pilares del acuerdo de paz que se firmó entre las Farc y el gobierno. La idea de que en el país haya una versión imparcial de lo que sucedió en el conflicto, se materializó en lo que hoy se conoce como la Comisión de la Verdad, integrada por 11 comisionados, y ya arrancó a trabajar. Sin embargo, sus labores estaban en suspenso pues la Corte Constitucional debía pronunciarse para saber si la norma, mediante la cual se aprobó su creación, era constitucional o no.
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El alto tribunal acaba de pronunciarse al respecto y respaldó unánimamente la creación de la Comisión de la Verdad. Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte declaró exequible el decreto 588 de 2017, mediante el cual se organizó la Comisión. Según los postulados de la norma, el nombre completo del grupo es: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y su propósito fundamental es el de “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad”.
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Los expertos que estarán al frente de esta tarea son: Francisco De Roux Rengifo, como presidente, Saúl Alonso Franco Agudelo, Lucía Victoria González Duque, Carlos Martín Beristain, Alejandra Miller Restrepo, Alfredo de la Cruz Molano Bravo, Carlos Guillermo Ospina Galvis, Marta Cecilia Ruiz Naranjo, María Ángela Salazar Murillo, María Patricia Tobón Yagar y Alejandro Valencia Villa. Los once comisionados fueron elegidos en noviembre del año pasado por el Comité de Escogencia, que explicó que sus elegidos demostraban una gran pluralidad de saberes y trayectorias.
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Durante los tres años de vigencia de la Comisión, tal como fue aprobado en el decreto, los comisionados trabajarán en la elaboración de un informe final en donde deberán condensar sus resultados. Los comisionados ya están trabajando para definir la metodología para cumplir con el objetivo y tienen hasta julio para presentarla. Para lograr el cometido, sus integrantes deberán “investigar y analizar toda la información necesaria para la construcción de la verdad, crear diversos espacios de diálogo y promover la participación de la sociedad en la reflexión de las causas y efectos de la violencia en Colombia”, dice el decreto aprobado por la Corte Constitucional.
Además, la Comisión de la Verdad tiene la misión de promover la orientación a las víctimas y las comunidades victimizadas que quieran contarle a los comisionados su versión de lo que vivieron durante el conflicto. Aunque la información que recopile la Comisión puede ser utilizada por los magistrados de la JEP, en ningún momento se podrá convertir en un elemento jurídico para juzgar o acusar a quienes harán parte de los procesos en el sistema especial de paz. El propósito de la Comisión es diferente pues tiene que ver más con la tarea de enaltecer el derecho a saber y el deber de recordar.
Con el visto bueno de la Corte Constitucional, la Comisión de la Verdad tiene la pista despejada para comenzar el camino en búsqueda de la verdad y de realizar en Colombia el ejercicio más importante de reconstrucción de la memoria histórica colectiva para que las actuales y futuras generaciones encuentren una versión confiable sobre los orígenes, causas y dinámicas de una guerra degradada que dejó millones de víctimas durante más de cinco décadas de confrontación armada, judicial y política.