Corte de justicia africana ordena a Cabo Verde proporcionar atención médica a Álex Saab

Documento del empresario barranquillero Álex Saab, pedido extradición en Estados Unidos por un presunto lavado de US$350 millones / Archivo El Espectador.

En septiembre del presente año, el cuestionado empresario barranquillero Álex Saab denunció a través de una carta que agentes de Estados Unidos lo estarían intimidando para que firme su extradición voluntaria a tal país, pues se encuentra detenido desde junio en la isla de Cabo Verde señalado de un presunto lavado de activos de US$ 350 millones. Tras presentar una queja ante la Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Oriental (CEDEAO), el organismo internacional ordenó que el presunto testaferro de Nicolás Maduro sea revisado medicamente.

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“Tras esta primera vista, CEDEAO pone en duda que se esté dando una atención médica adecuada al Enviado Especial Alex Nain Saab y reconoce la preocupación por su estado de salud, por lo que le permite ser atendido por personal médico ajeno a la cárcel en la que se encuentra desde el pasado mes de junio”, aseguró la defensa de Álex Saab. De acuerdo con el organismo, el empresario barranquillero no ha tenido atención especializada en los cinco meses que lleva detenido.

De acuerdo con sus abogados, Álex Saab lleva más de 150 días detenido ilegalmente en Cabo Verde, país que lo tendría “en condiciones inhumanas y degradantes”. El pasado 12 de junio, el empresario barranquillero fue arrestado durante una escala técnica de su avión y, desde entonces, habría recibido constantes visitas de agentes que buscan que firme la extradición. “Estados Unidos tiene a cuatro empleados nativos de Cabo Verde, que constantemente entran en su celda por la noche con capuchas y le muelen a golpes”, agregó la defensa en la carta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, ha negado las acciones que denuncia Álex Saab. “Está bien documentado que tanto Saab como el régimen de Maduro han lanzado una agresiva campaña de mentiras y desinformación en un intento de influir en el proceso legal de Cabo Verde y la opinión pública internacional”, respondieron a la carta. De hecho, la institución norteamericana quiere poner al empresario colombiano tras las rejas por presuntamente haber lavado más de US$350 millones.

En julio de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al empresario Álex Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas por haber lavado dinero de cuentas venezolanas hacían cuentas norteamericanas, aprovechándose del control cambiario del país vecino. Según el indictment (escrito de acusación), el detenido en Cabo Verde habría sobornado a funcionarios venezolanos para para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”.

La Procuraduría de Cabo Verde, adhiriendo a la respuesta de Estados Unidos, aseguró que hizo una visita sorpresa a la cárcel donde está recluido Saab. El organismo del país africano aseguró que no hay pistas de una presunta tortura y que el empresario colombiano, en realidad, se estaba autolesionando. “Por el contrario, existen fuertes indicios de que se ha estado automutilando dentro de la celda, lo que llevó a la dirección del establecimiento penitenciario a retirar el objeto personal utilizado a tal efecto”, dijo la Procuraduría.

Así mismo, el empresario Álex Saab tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana. El pasado 4 de septiembre, ante un juez de Barranquilla, la fiscalía lo llamó a juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia. De acuerdo con el ente investigar, Saab habría utilizado una sociedad fantasma (Shatex) para fingir exportaciones e importaciones, con el fin de lavar dinero en territorio colombiano.

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De acuerdo con la defensa de Álex Saab, tras ser detenido en Cabo Verde, al empresario colombiano se le han vulnerado derechos fundamentales como la libertad, juicio justo, prohibición de tortura, no discriminación e igualdad ante la ley. Entre tanto, el pasado 20 de octubre la Corte Suprema de Justicia del país africano concluyó que no es competente para decidir sobre su extradición y, entonces, devolvió el expediente a la Corte de Apelación, despacho que deberá estudiar las medidas provisionales solicitadas por la defensa del presunto testaferro de Maduro.