Yolima* vio el miedo de frente cuando alias María, combatiente de las AUC, la arrastró hasta causarle la que sería la mayor cicatriz de su vida. Fue el 18 de febrero del año 2000, cuando 10 paramilitares, en compañía de María, la violaron y sometieron a diversos vejámenes. En su piel aún tiene los recuerdos de aquel cactus que le restregaron en su cuerpo aquellos hombres que solo querían burlarse de su dolor, el cual fue uno de los tantos ocasionados por cerca de 450 paramilitares en un corregimiento de El Carmen de Bolívar, conocido como El Salado.
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Esta mujer no es la única que tiene que cargar con un abuso sexual a cuestas. Ella hace parte de un grupo de seis mujeres que fueron sometidas a diversas torturas por parte de los "paras" que convirtieron sus cuerpos en un campo de batalla, según lo señaló la Corte Constitucional, en un fallo que 18 años después pretende resarcir estos daños.
Este largo camino se hizo más espinoso cuando la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) desatendió estos casos de violencia sexual al no incluir a las víctimas en la elaboración del Programa de Reparación Integral Colectivo que se adelantó con la comunidad de El Salado. Pese a todo el pánico infundido por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y alias H2 en este corregimiento, la justicia también las revictimizó.
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Ocurrió, por ejemplo, cuando el Juzgado 41 Penal del Circuito declaró improcedente una petición de las mujeres víctimas de este vejamen, argumentando que la tutela se presentó ocho años después de que se implementara el programa de restitución de víctimas. Dicha decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en febrero de 2017, el cual señaló que reconocer a estas mujeres como victimas implicaría postergar la implementación del programa de reparación.
Yolima tuvo que esperar 18 años para que la Corte Constitucional lanzara el grito al Estado colombiano reclamando el reconocimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual en la masacre de El Salado, uno de los crímenes más tenebrosos de los que se tenga conocimiento en el país, que dejó más de 60 víctimas civiles muertas. Más de una década para que una autoridad colombiana reconociera que se les vulneró su derecho a la reparación, la cual jamás será completa ni para sus cuerpos, ni para la historia, ni para el país.
Más de 216 meses tuvieron que pasar para que la justicia fallara a su favor y ordenara no solo inscribir a las mujeres en el Registro Único de Víctimas, sino también crear un comité integrado por ellas para garantizar las medidas de reparación colectiva. Con el fin de proteger los derechos de Yolima y otras cinco mujeres que fueron víctimas de los paramilitares, el alto tribunal pidió a la Procuraduría y a la Defensoría hacer cumplir estas órdenes para que este brutal ataque contra la población civil no siga quedando en la impunidad.
Finalmente, se espera que esta vez el Estado se haga responsable de las víctimas de tan trágico hecho, y que, por el contrario, no ocurra lo que aquel 16 de febrero de 2000, cuando más de 400 paramilitares masacraron durante cinco días a los habitantes de este corregimiento, sin que ninguna autoridad llegara a defenderlos.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima.