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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al hoy magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Andrés Vargas Castro, a 83 meses de prisión por haber posesionado a Édgar Javier Ávila Gómez como Secretario sin tener los requisitos legales para ello. En ese sentido, lo condenó por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Y ordenó al Inpec trasladarlo inmediatamente a una cárcel.
Los hechos se remontan al 1º de febrero de 2010 cuando Carlos Vargas Castró nombró y posesionó a Ávila Gómez sin que este contara con un título de abogado ni con los dos años de experiencia que impone la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Se comprobó que Ávila Gómez no estaba inscrito como abogado y que tampoco tenía licencia temporal, pues apenas había cursado algunas materias de relaciones económicas internacionales en la Universidad Autónoma de Colombia.
Además, se comprobó que Ávila Gómez había omitido información clave en su hoja de vida: no dijo cuando había obtenido el supuesto título de abogado y dijo tener cuatro años de experiencia como citador y escribiente, actividades que no le valían como experiencia para el cargo de secretario. La Corte Suprema le reprochó al hoy magistrado Carlos Vargas que no verificó los requisitos legales y puso de presente que ambos funcionarios se conocían de antes y que Ávila Gómez llegó una semana antes para recibir el cargo como “hombre de confianza” de Vargas.
“Las reglas de la experiencia relativas a los nombramientos de empleados en los juzgados enseñan que por lo general antes del nombramiento o por laxo que sea, inmediatamente después, el nominado verifica el cumplimiento de las exigencias formales, norma que incumplió el acusado por cuanto sabía que Ávila Gómez no era abogado y, pese a ello, firmó el acta de posesión”, dice el fallo que da cuenta que solo cuando se inició la investigación, Ávila Gómez renunció al cargo en 2013.
“Como juez administrativo, al enterarse de la abierta ilegalidad del acto administrativo de nombramiento de Ávila Gómez sabía cómo proceder. Sin embargo, pasó por alto el supuesto engaño, actuar que no corresponde al comportamiento normal de quien es soprendido por este tipo de ardid (...) También se demostró la finalidad corrupta de Vargas Castro, ya que es indiscutible que el propósito perseguido con la conducta delictiva no fue otro que favorecer a su amigo", agrega la decisión.
A esto se suma que Carlos Vargas, como Juez Tercero Administrativo de Villavicenio, posesionó en 2010 como auxiliar ad honorem a Fernando Andrés Rojas Supelano con la intención de ayudarlo a conseguir el grado de manera fraudulenta. Y también nombró en junio de 2011 a Yency Lorena Chitiva León también auxiliar ad honorem con el mismo fin. “El aforado fue el autor de las certificaciones ideológicamente falsas, utilizadas por los beneficiarios para engañar al Consejo Superior de la Judicatura, se suerte que su aporte objetivo fue esencial para obtener el resultado propuesto”, dijo.