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La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde concluyó que no es competente para decidir sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos del contratista favorito del chavismo, Alex Saab. “Esta resolución, expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea ésta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado”, aseguró en un comunicado la defensa de Saab, en cabeza del exjuez español Baltazar Garzón.
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“El tribunal caboverdiano, ha remitido también algunas cuestiones a dicho Tribunal de Apelación debido a numerosas irregularidades”, agregó en el comunicado uno de los abogados de Saab, Jose Manuel Pinto Monteiro. Desde que fue capturado en la isla africana de Cabo Verde en junio pasado, la defensa del empresario señalado de lavarle millones de dólares al chavismo, ha asegurado que le están vulnerando sus derechos y que hay supuestas irregularidades en el proceso. “La Corte Suprema ha emitido una decisión que amonesta a la Corte de Apelaciones por ignorar los principios básicos del debido proceso”, dijo Rutsel Silvestre J Martha uno de sus abogados.
Y es que desde el pasado 31 de julio el tribunal de apelaciones del que se quejan los abogados de Saab aprobó extraditarlo. “El Tribunal de Barlovento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas, Estados Unidos”, dijo entonces la firma de Baltasar Garzón. El país norteamericano ha insistido, por su parte, en que Saab habría lavado de US$350 millones, supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
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Ahora, cuando el máximo tribunal del país africano devuelve el expediente a los jueces de primera instancia la defensa del contratista Saab aseguró que la resolución va acompañada de un jalón de orejas: “Ello en base a las irregularidades y las constantes vulneraciones de los derechos humanos sufridas por el agente diplomático venezolano desde el pasado 12 de junio, fecha en la que fue privado de libertad de forma arbitraria y a la espera de la respuesta de la Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Occidental (CEDEAO). donde también ha denunciado la situación de Alex Saab”.
Tras la detención de Saab, Caracas señaló que se trata de un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”. Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
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El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, se confabularon para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.