El exsenador Musa Besaile Fayad se convirtió en el primer congresista, para ese entonces, en ser llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo conocido como el cartel de la toga. Es decir, un entramado de corrupción en el que se direccionaban decisiones judiciales a cambio de dinero. Ese alto tribunal acaba de negarle la libertad.
Besaile enfrenta juicio como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer por haber entregado $2.000 millones en efectivo al entonces abogado Luis Gustavo Moreno (quien fuera nombrado después director Anticorrupción de la Fiscalía) con el fin de frenar una orden de captura que se suponía la Core iba a expedir en su contra en una investigación por parapolítica.
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El pasado 2 de octubre, la Sala Especial de Primera instancia negó a Besaile una petición de revocar la medida de aseguramiento impuesta en su contra, alegando que estuvo enfermo, ya que incluso fue hospitalizado en agosto por problemas cardiacos. En segunda instancia, la Sala Penal ratificó la negativa y, por tanto, Besaile permanecerá en recluido en el Centro de Reclusión Militar del Batallón de Policía Militar No. 13.
La Sala señaló que, si bien Besaile presenta una enfermedad coronaria, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal que también indicó que no se trata de un “estado de salud grave” que sea incompatible con la vida en reclusión. “Lo que se deduce de las piezas allegadas por el propio defensor es que el adecuado y completo tratamiento de la enfermedad que padece su mandante puede realizarse de manera ambulatoria, esto es, que el efectivo cumplimiento de la detención preventiva de ninguna manera constituye un obstáculo sustancial para que reciba la atención médica que requiere”, dice la decisión.
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La determinación conocida por El Espectador señala que el tratamiento ordenado a Besaile se ha cumplido, al punto que “ya ha asistido a tres sesiones” y que no hay prueba que las autoridades carcelarias no hayan sido diligentes en atener sus requerimientos:
“En contrario (…) han atendido diligentemente las necesidades de cuidado médico del aforado, como queda comprobado al constatarse que ha recibido tratamiento, fue hospitalizado oportunamente y ha acudido a las terapias de rehabilitación que le fueron prescritas para el mejoramiento de su condición, de modo que no existe elemento de juicio alguno que sustente lo afirmado por el defensor”.
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En 2017, cuando estalló el escándalo del cartel de la toga, el pago de los $2.000 millones se hizo de público conocimiento. Lo confirmaron Lyons, Moreno y el propio Musa Besaile ante la Corte Suprema, a la cual le dijo que había sido víctima de una extorsión. Al final, Besaile lo perdió todo: su curul en el Senado, el dinero -que le prestó un amigo empresario- y la libertad. La Corte Suprema ordenó su captura por el delito de cohecho (soborno) y en octubre del año pasado, en pleno partido de eliminatoria al Mundial, Besaile se entregó a la justicia. Ya detenido, en enero de este año, se enteró de que la Corte también había abierto investigación en su contra por parapolítica, justo lo que había tratado de evitar pagando esa astronómica suma.