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La Corte Suprema de Justicia confirmó que el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, quien actuaba como ponente en el caso contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, fue separado del caso, tal como lo ordenó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, el alto tribunal se mostró en desacuerdo con esa decisión y pidió que fuera revisada.
“La Corte Suprema de Justicia llama la atención de las autoridades competentes para que, si lo consideran procedente y urgente, asuman la revisión de esa determinación adoptada el pasado 28 de septiembre por la referida Sala Disciplinaria”, manifestó el alto tribunal. Y es que para la Sala Disciplinaria de la Judicatura, no hay duda de que el magistrado Torres fue el responsable de que se filtrara a un medio de comunicación nacional el supuesto fallo con el que se condenaría al exgobernador acusado por concierto para delinquir.
No obstante, a través de un comunicado público, la Corte Suprema señaló que de la sola lectura de la providencia que solicita que el magistrado Torres se aparte del caso, se evidencia, por un lado, la falta de competencia de la Sala Disciplinaria para conocer las acciones de tutela desde la reforma de 2015 (que ordenó su eliminación del ordenamiento jurídico) y, por otro, la ausencia de soporte probatorio para separar del caso al togado.
“Pasando por alto dos recusaciones negadas contra el magistrado Torres Rojas y sin fórmula de juicio ni motivación, explicación o razón alguna, se le aparta por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos Botero, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo. Inexplicablemente, también se dispone que en el proceso se presente ‘una ponencia diferente a la ya divulgada en los medios de comunicación’”, agregó el alto tribunal.
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Finalmente, la Corte Suprema citó a la Corte Constitucional para expresar que la condición de “interinidad” de esa Sala “mina la credibilidad de la institución y deslegitima notablemente sus competencias”. Ahora, ante la discrepancia de posturas entre la Corte Suprema y la Sala Disciplinaria de la Judicatura será la Corte Constitucional la que decida si revisa, o no, la cuestionada decisión que dejó por fuera del caso al magistrado Torres.
El proceso judicial de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia es de vieja data. Al político del Centro Democrático lo detuvieron en el año 2013 acusado por parapolítica. Lo llamó a juicio la Corte Suprema por una reunión que sostuvo con paramilitares en la finca de Hugo Albeiro Quintero, conocido como El Patrón de Bello, en Antioquia, en 2005. En la mencionada reunión estuvieron importantes jefes paramilitares de la época como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baéz, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. También estuvo Óscar Suárez Mira, quien fue condenado por nexos con el paramilitarismo y capturado recientemente en El Poblado, en Medellín.
Ramos ha sostenido que el encuentro se dio para discutir con los jefes paramilitares la Ley de Justicia y Paz, que entonces se debatía en el Congreso del cual hacía parte. Pero la Corte Suprema estimó en su momento que Ramos sacó provecho político de los paramilitares. El juicio contra Ramos terminó en 2017, por lo que lleva tres años esperando que la Corte decida si es culpable o inocente. El asunto con la filtración del fallo empezó en enero de 2018 cuando Noticias Uno divulgó el supuesto borrador del fallo de Ramos, que estaba a cargo del magistrado Eyder Patiño. Se dijo que Ramos sería condenado.
En ese momento, Ramos alegó que se había violado la reserva sumarial y, por tanto, el debido proceso. Pero el asunto se complicó cuando el caso pasó a manos de la Sala de Primera Instancia y Noticias Uno volvió a divulgar el que sería el proyecto de su sentencia, indicando, de nuevo, que Ramos sería condenado a 19 años de prisión, esta vez, la ponencia era del magistrado Torres. Ramos acudió a la acción de tutela para conseguir que la ponencia que al parecer pedía su condena fuera ignorada, pero, en primera instancia, a Sala Disciplinaria Seccional de al Judicatura de Bogotá, le negó sus pretensiones.
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“Contrario a lo que plantea el actor, no es verdad que esté demostrada la presunta filtración de la ponencia registrada por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, cuya reserva no puede ser violada a través de la formulación de una acción de tutela ni por el juez de tutela, bajo el pretexto de que salió una nota periodística en la que se dice su supuesto contenido”, determinó la Sala Seccional. Además, señaló que la Corte Constitucional no ha dicho hasta ahora que una “eventual filtración” sea motivo de impedimento o recusación de un magistrado.
Y esa, precisamente, fue la decisión que revocó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, en contraste, dijo que “resulta evidente la vulneración al debido proceso por parte del Magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ariel Augusto Torres Rojas, frente al proceso adelantado contra el señor Luis Alfredo Ramos Botero, pues claramente se filtró la información y la ponencia por él presentada al caso del actor siendo este el guardián del expediente”.