Con una carta enviada al senado de la República, la Corte Suprema de Justicia pidió celeridad en la definición de la situación jurídica del magistrado Gustavo Malo Fernández, investigado por sus presuntos vínculos con el entramado de corrupción conocido como el cartel de la toga. Ya la Cámara de Representantes lo acusó formalmente el 25 de abril por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva. Ahora, el senado debe definir si confirma la acusación y si envía o no el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que sea juzgado penalmente.
— Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 26 de septiembre de 2018 Para acusar a Malo, los representantes investigadores Edward Rodríguez y Fabio Arroyabe tuvieron en cuenta 25 testimonios para elaborar esta acusación. Entre los testigos se encuentran el abogado y exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno; el magistrado auxiliar de Malo para la época de los hechos, José Luis Reyes; el excongresista Musa Besaile y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, entre otros.
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Las declaraciones del exfiscal Moreno fueron claves para destapar el escándalo que hoy ensombrece la justicia colombiana.Moreno, en sus diversos relatos ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación, señaló a Malo de ser el proveedor de toda la información usada por la organización para hacer los millonarios cobros y frenar los procesos.
“Preguntado: ¿Cuál es el papel que juega el doctor Francisco Ricaurte en esta historia? Contesto: Él tiene todo el manejo de la información, para nadie es un secreto la amistad asidua con el magistrado titular Gustavo Malo y la información que él tenía de los procesos era porque se la suministraba directamente el doctor Gustavo Malo”, aseguró Moreno en una declaración entregada a las autoridades en septiembre de 2017.
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Pero el exfiscal no es el único delator en contra de Malo Fernández. Otra de los testimonios que lo compromete es el del senador Musa Besaile, quien describió cómo fue el pedido de la extorsión por $2.000 millones para frenar una orden de captura que había en su contra. De acuerdo con las investigaciones, este dinero iba a ser repartido a todos los miembros de la organización dedicada a frenar procesos judiciales en este alto tribunal.
Del mismo modo, el testimonio del magistrado auxiliar José Luis Reyes fue determinante para los representantes Rodríguez y Arroyave. Reyes afirmó que se creó un entramado por parte del magistrado Malo para removerlo de su cargo, precisamente para evitar decisiones de fondo en el caso Besaile. Señaló que el togado rotaba constantemente a los magistrados auxiliares como supuesta estrategia para frenar el curso de las investigaciones, lo que fue corroborado por otra investigadora del despacho de Malo, Ana Marina Erazo.
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Estos testimonios, sumados a diversas pruebas recolectadas por los representantes,fueron claves para que la Comisión pidiera la acusación del magistrado Malo Fernández. “Garantizó de manera efectiva que la organización a la que pertenecía pudiese cumplirle a los aforados que demandaban sus servicios, en ocasiones omitiendo realizar acciones propias a su cargo, tal y como propender por que el trámite fuera célere y eficiente”, se señala en una de las consideraciones elaboradas por los representantes investigadores.
El magistrado Malo, En entrevista para El Espectador,afirmó que es inocente y aseguró que el magistrado auxiliar José Luis Reyes miente por resentimiento, debido a que Reyes esperaba finalizar su carrera en la Corte Suprema. Malo fue enfático en que despidió a Reyes debido a que perdió la confianza en él.