En la mañana de este lunes se leyó la sentencia que confirma la condena en contra de varios líderes del Bloque Central Bolívar (BCB) -facción de las Autodefensas Unidas de Colombia que luego se separó- por más de 1.000 crímenes, incluyendo el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba en 1999. La sentencia fue dada a conocer seis días después de la muerte de Iván Roberto Duque, más conocido en la guerra como Ernesto Báez y uno de los principales líderes del BCB junto con alias Macaco. Sin embargo, la sentencia fue dictada el 13 de noviembre, una semana antes del fallecimiento.
Aunque la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema deja en firme la mayoría de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el 11 de agosto de 2017, el alto tribunal cambió algunas decisiones del fallo original. Entre las modificaciones más significativas está la de condenar a Ernesto Báez por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, bajo la modalidad extorsiva y no simple, como en un principio había sido condenado.
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Asimismo, la Corte Suprema declaró la nulidad parcial de la sentencia frente algunas omisiones que cometió la Sala de Justicia y Paz ante varias pretensiones de indemnizaciones presentadas por las víctimas de este bloque paramilitar. En este caso, devolvió la sentencia a primera instancia, es decir al Tribunal de Superior de Bogotá, ya que en este punto se debe "salvaguardar, de manera efctiva, el derecho de impugnación y la doble instancia".
Otra de las modificaciones dadas por la decisión de la Corte está condenar a Iván Roberto Duque, fallecido apenas hace unos días, y otros exjefes paramilitares por la muerte de varios miembros de la AUC bajo el cargo de homicidio simple. En un principio, la condena fue por homicidio en persona protegida, pero, de acuerdo con la Corte, no es posible darle esa tipificación ya que varias de esas personas asesinadas hacían parte de la agrupación paramilitar, por lo que eran actores del conflicto.
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Por otro lado, la sentencia también retiró varios de los cargos por los que fueron condenados varios de los exlíderes paramilitares. Está el caso de Rodrigo Pérez Álzate, que fue miembro del estado mayor del BCB y fue condenado por algunos crímenes cometidos por el Frente Sur de Andaquíes. Sin embargo, para el alto tribunal, la condena por estos crímenes no tiene validez ya que en un principio no le imputaron dichos cargos y “no tuvo injerencia ni responsabilidad” en el frente mencionado anteriormente.
Además, la Corte entró a aclarar que en varios de los predios entregados como forma de reparación a las víctimas debía excluirse los yacimientos mineros. Esto último debido a que, de acuerdo con el ordenamiento colombiano, estas minas siempre fueron propiedad del Estado, a pesar de que fueron aprovechadas ilegalmente por el grupo paramilitar.
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Más allá de la adición, modificación o aclaración de algunos cargos, la integridad de la sentencia sigue siendo igual a la proferida en 2017 en contra de los máximos líderes del BCB. Esto quiere decir, que dejó en pie la sentencia a 8 años de prisión en contra de Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate (Pablo Sevillano), Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar) y otros comandantes paramilitares por los más de 250 homicidios, secuestros y desapariciones cometidos por el Bloque Central Bolívar en más de 10 departamentos del país.
Esta decisión, al igual que el fallo original, es esencial para el esclarecimiento de 324 casos desaparición forzada, 213 desplazamientos y 173 reportes de reclutamiento forzado. Entre los crímenes por los que fueron condenados los líderes paramilitares está la quema de Vallecito, corregimiento de San Pablo, Bolívar, hecho que causó el desplazamiento de 63 familias de dicha población. Asimismo, está la masacre de Guadualito, en puerto Asís, Putumayo, en la que ocho personas fueron asesinadas y otras seis, secuestradas.
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La sentencia se conoce justo unos días después de la muerte de Iván Roberto Duque, más conocido como Ernesto Báez y uno de los máximos líderes del Bloque Central Bolívar. Duque, que murió a sus 64 años por un infarto, fue uno de los cerebros políticos de las AUC y uno de los líderes paramilitares que se libró de ser extraditado hacia los Estados Unidos en 2008. El Tribunal Superior de Bogotá llegó a pedir que fuera excluido de Justicia y Paz, pero tuvo el salvadidas de la Corte Suprema de Justicia porque se había convertido en testigo estrella de varios procesos que llevaba la Fiscalía.