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Desde el pasado 5 de diciembre, lo que antes era Colciencias se llama Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, según ordenó la ley 1951 de 2019, que el presidente Iván Duque sancionó en medio de las protestas del paro nacional. Con la firma, el extinto Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) pasó a ser otra cartera del Gobierno. Ahora, por cuenta de una demanda ante la Corte Constitucional, que busca tumbar la ley 1951, la permanencia de una silla para la ciencia en el consejo de ministros es incierta. Hasta funcionarios del Ministerio pidieron a la Corte que suprima la norma.
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La demanda la presentaron los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) Gustavo Gallón, Julián González, David Cruz y Juan Carlos Ospina. En el documento, que admitió la Corte a finales del año pasado, antes de que se posesionara como ministra Mabel Torres, explican que la ley que creó esta nueva cartera tiene tres problemas que podrían hacerla inconstitucional, aunque el alto tribunal solo entrará a estudiar dos. Por un lado, que la creación de nuevos ministerios es una facultad exclusiva del Gobierno y que, si la iniciativa fue de congresistas, la ley tiene que contar con un aval del Ejecutivo. En este caso la ley la propuso el senador Iván Darío Agudelo y hay toda una discusión de si el Gobierno le dio o no luz verde.
Por otro lado, dicen los demandantes, nunca se describieron de fondo los objetivos y la estructura del Ministerio, como suelen hacer las leyes que crean instituciones de ese nivel. Es decir, la norma constituiría lo que se conoce como una “omisión legislativa”. Y, por último, la acusación que no entrará a estudiar la Corte, porque considera que no hay argumentos suficientes: la norma que creó esta nueva cartera asegura que “no generará gastos adicionales” a los que ya generaba Colciencias y, para la CCJ, ello implica una regresión en derechos sociales, pues el Estado debe avanzar en el presupuesto para la ciencia en vez de congelarlo.
Julián González, en diálogo con El Espectador, dijo que “la ley que crea el Ministerio de Ciencia tiene dos falencias. La primera, que ese tipo de leyes tiene que contar con el aval del Ejecutivo, que en este caso no la tiene. No es una razón menor, porque los ministerios conforman el gabinete, entonces tiene sentido que sea el presidente quien controle la existencia o supresión de los ministerios. Asimismo, precisamente porque la ley no la formuló el Ejecutivo, no describe la estructura de un Ministerio, no tiene la técnica necesaria para crearlo, no expresa las necesidades del Gobierno para implementar una política pública en torno a la ciencia”.
Sobre el primer argumento, la CCJ adjuntó una carta que envió al Congreso, en abril de 2018, la entonces viceministra de Hacienda, Paola Acosta, expresando que el Gobierno, entonces en cabeza de Juan Manuel Santos, no apoyaba la iniciativa: “Dado que el proyecto no cuenta con el aval del Gobierno representado en esta cartera, de insistirse en el trámite se incurriría en un vicio de inconstitucionalidad”, advertía la misiva. La negativa llegó a la Comisión Sexta de la Cámara y, de hecho, fue reiterada meses después por la entonces ministra de Educación, Yaneth Giha , exdirectora de Colciencias entre 2014 y 2016.
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El Congreso se hizo de oídos sordos y siguió adelante con el trámite de la ley. El presidente Iván Duque llegó al poder unos meses después, en agosto de 2018, y la norma que creó el Ministerio de Ciencia llegó a plenaria del Senado a finales de ese año. En la sesión del 16 de diciembre, según quedó consignado en la Gaceta del Congreso, la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, expresó el apoyo del entrante Gobierno. “Esta no es la creación de nueva burocracia, sino la transformación de Colciencias en el Ministerio de Ciencia; razón por la cual, dentro de los parámetros de austeridad, el Gobierno está de acuerdo con este proyecto”, dijo la ministra, que además invitó al Senado a votar favorablemente.
Aunque la Corte en el pasado ha sido laxa en torno a los avales que deben dar los gobiernos, el abogado Julián González reconoce que este es un caso inédito. “Ahí va a haber un debate: si la ley se crea durante un Gobierno que no le da el aval e incluso se opone a crear el Ministerio, pero hay un cambio de Gobierno y el nuevo sí da el aval, ¿qué pasa?”. Mientras tanto, algunos funcionarios del Ministerio, reunidos en la Asociación de Trabajadores de Colciencias (Asocolciencias), se sumaron a la demanda y le pidieron a la Corte que tumbe el Ministerio.
La presidenta de Asocolciencias, Deyanira Duque, quien lleva en Colciencias 10 años, resumió así su inquietud a El Espectador: “Cambiamos el aviso, cambiamos los tapetes, pero de resto no cambió nada”. En su visión, “no es claro por qué existen esos dos viceministerios (Conocimiento, Innovación y Productividad, y Talento y Apropiación Social) o por qué la ministra tiene esas funciones”, pero, además, “no hay ningún discurso, ningún concepto, ningún texto, nada que explique o fundamente por qué funcionamos así”.
La presidenta de Asocolciencias hace hincapié en que la extinta entidad ni siquiera alcanzó a llenar graves problemas de fondo que la aquejan, como llenar su planta. “De los 132 cargos que tenía aprobados Colciencias, no estaban llenos todos. Son más o menos 110 puestos de carrera, pero de esos solo 46 están ocupados ahora y cada dos o tres meses se pensiona alguien, porque la mayoría son los mismos funcionarios con los que se creó el organismo”, explica la líder sindical. Por estos motivos considera que es “irresponsable crear un ministerio con tan poco presupuesto y tan pocos funcionarios”.
Sin embargo, la creación de un Ministerio de Ciencia viene siendo promovida por sectores académicos desde hace décadas. Una de sus defensoras es la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, quien envió un concepto firmado por ella misma a la Corte en el que pide rechazar la demanda: “Creemos que la creación y consolidación de un Ministerio de Ciencia representa la gran oportunidad que ha esperado la sociedad colombiana por más de 50 años”, explica en un aparte de su intervención. También descalifica los supuestos vicios de la ley: “El aval del Gobierno a esta iniciativa está probado dentro del trámite legislativo, por lo que no es verídico afirmar que en este caso el legislador haya omitido la Carta Política”.
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Asimismo, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas pide que se mantenga la recién creada cartera. Sus miembros directivos le explicaron a la Corte que, además de la expresión de apoyo de la ministra Gutiérrez, en reuniones con el Gobierno, el Ejecutivo ha reiterado que reconoce el “papel fundamental” que juega la creación de esta cartera en “el desafío que enfrentamos de integrarnos al nuevo entorno mundial generado por la cuarta Revolución Industrial”. Además, pidieron al alto tribunal considerar que la creación del Ministerio fue aprobada por unanimidad en el Senado como un apoyo de “todas las expresiones políticas”.
El magistrado Antonio José Lizarazo, en cuyo despacho está el expediente, tendrá que estudiar todas estas intervenciones, sumadas a las explicaciones del presente Gobierno —que no han llegado a la Corte aún— y, a partir de sus conclusiones, deberá presentar un proyecto de fallo a sus compañeros. González, desde la orilla demandante, considera que son claras las falencias gubernamentales y del Congreso en la norma y, “si el juez constitucional no cree que esta ley es contraria a la Constitución, seguiremos en un escenario en el que simplemente le cambiaron el aviso a Colciencias para crear un Ministerio”.