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Los abogados del senador Álvaro Uribe, Jaime Lombana y Jaime Granados, insisten en que algunas de las pruebas que tienen al expresidente con un proceso a cuestas en la Corte Suprema fueron obtenidas ilícitamente. Se trata de una serie de interceptaciones a su teléfono que el alto tribunal asegura haber obtenido de manera “imprevista e inevitable”, pues en el curso de una investigación contra el excongresista chocoano Nilton Córdoba, en 2018 se terminó interceptando el celular de Uribe. Tras adelantar una investigación por su cuente, Lombana y Granados le pidieron a la Fiscalía que esclarezca lo sucedido y judicialice a los responsables.
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En un comunicado público, los abogados informaron: “presentamos ante el despacho del señor fiscal general una solicitud encaminada a que se imputen cargos en contra de varios funcionarios del CTI, así como de antiguos servidores de la Rama Judicial que tuvieron participación, por acción y por omisión, en la interceptación telefónica de la que fuera víctima el expresidente Uribe entre el 9 de marzo de 2018 y el 9 de abril del mismo año”. Sostienen que es necesario que “el país conozca la verdad de lo sucedido” y también remitieron copia de su denuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara.
La Corte Suprema ha dicho desde 2018, cuando reconoció que había interceptado a Uribe, que ese abonado telefónico aparecía registrado, de manera reiterada, “como dato de contacto del Representante a la Cámara” Córdoba y no como el de Uribe Vélez. Es decir, que fue un “hallazgo inevitable”, lo que no significa que las pruebas recabadas sean ilegales. Sin embargo, en el comunicado de este viernes, Lombana y Granados explicaron las supuestas irregularidades que llevaron a que el senador fuera interceptado, hechos por los que llevan pidiendo una investigación formal desde septiembre de 2018.
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En primer lugar, los defensores sostienen que “la orden judicial de interceptación se habría soportado en un informe de policía judicial que contenía manifestaciones falsas de supuestas corroboraciones que nunca se hicieron”. Además, se despachan contra la explicación del hallazgo inevitable “pues dentro del expediente que se adelantaba contra el representante Nilton Córdoba, así como en otros dos expedientes que el CTI inspeccionó obraba de forma reiterada el verdadero teléfono de esta persona que, recordemos, era el blanco legítimo de la interceptación”.
Agregan, en tercer lugar, “que existe evidencia técnica que corrobora que el proceso de escucha por parte del análisis del CTI inició a los pocos días de que empezara la interceptación, lo cual demuestra que, con o sin error, desde el inicio se sabía que el interceptado era Álvaro Uribe Vélez y no Nilton Córdoba Manyoma”. Y de hecho denuncian que esa incongruencia “habría sido reportada de forma verbal por el analista del CTI al entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Cortés. Reporte que se habría dado en el transcurso de la primera semana de interceptación”.
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A pesar de la supuesta alerta del analista, solo hasta el 2 de abril de 2018, dicen los abogados “se habría entregado un informe por escrito de la irregularidad que acontecía”. Este lapso de semanas entre la primera supuesta advertencia y el informe que detalla la irregularidad es una “dilación” a los ojos de Granados y Lombana, que, además, dicen que habría servido para dar “continuación ilegal de la interceptación”. Y, por último, sostienen que el proceso surtido “en la Sala Penal de la Corte para la cancelación de la interceptación también fue absolutamente irregular”, pues se demoró otras cuantas semanas.
El Espectador reveló en septiembre del año pasado un documento de 98 páginas en el que la Sala de Instrucción de la Corte reafirma que las interceptaciones, aunque hechas por error, son legales. Se trata de la misma decisión en la que la Corte desestima un recurso con el que la defensa de Uribe y de Álvaro Hernán Prada -también procesado por manipulación de testigos- pretendía anular no solo esas pruebas sino todo lo que se ha avanzado en la Corte Suprema. El documento, en esencia, señala no hubo actuación irregular alguna por los investigadores del caso, ni por el magistrado José Luis Barceló, quien ordenó la interceptación.
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“De modo que la reclamación además se ofrece irrelevante, puesto que más allá de las suspicacias que postula el recurrente, lo cierto es que la orden judicial de interceptación se libró atendiendo los parámetros legales (…) y que una vez se advirtió que no correspondía al fin inmediato para la que fue autorizada, se canceló, empero ante el hallazgo inevitable con interés para la presente actuación (…) se ordenó el traslado de la prueba”, dice la decisión firmada por cuatro de los seis magistrados de la Sala de Instrucción.