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La Defensoría del Pueblo le solicitó formalmente a la Corte Constitucional reabrir la cárcel de ‘La Tramacúa’ en Valledupar con el fin de solucionar la crisis carcelaria que se presenta en los otros centros penitenciarios y carcelarios en el departamento del Cesar.
El organismo humanitario argumentó que se debe permitir nuevamente el ingreso de procesados y condenados a la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar para apaciguar el hacinamiento que se registra en las otras cárceles. (Ver: La Tramacúa, una prisión a punto de cerrarse)
En el documento firmado por el defensor del Pueblo, Carlos Negret se manifiesta que esta petición tiene como objetivo “solucionar la grave crisis humanitaria que padece la población privada de la libertad en los otros centros carcelarios”.
Con el fin de evitar los errores del pasado, se le pidió al alto tribunal ordenar que cada uno de los internos que sean trasladados al establecimiento carcelario deberán recibir un kit de aseo, una colchoneta y recipientes apropiados para almacenar agua.
Para sustentar su petición se presentó un informe que registra que después del cierre de ‘La Tramacúa’ los procesados tuvieron que ser trasladados a la Estación Permanente Central de la Policía de Valledupar y el Establecimiento de Reclusión Especial ‘La Judicial’.
El primero tiene una capacidad para recibir a 46 personas, sin embargo actualmente se encuentran en las instalaciones 248 reclusos lo que representa un hacinamiento del 439%. Pese a que fue diseñado como un centro de transición, muchos de los internos llevan un año ahí esperando que se les resuelva su situación jurídica.
Mientras que en ‘La Judicial’ se presenta una sobrepoblación de 1.055 personas lo que ha provocado una grave situación humanitaria. El informe enviado registra que muchos tienen que dormir en los baños, no cuentan con acceso a medicinas, la calidad de los alimentos que reciben es deficiente.
Mientras que ‘La Tramacúa’ cuenta con 233 cupos puesto que su capacidad es de 1.632 y actualmente se encuentran 1.399 internos. La Corte Constitucional deberá definir si avala o no la petición de reabrir este centro carcelario, cuyo acceso fue restringido por las graves falencias que presentaba en su infraestructura.