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Sobre la muerte de mi abuelo, Carlos Medellín Forero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de 1985, sé muy poco. Escasamente, que estaba en su oficina en el cuarto piso del Palacio de Justicia cuando el M-19 se tomó a la fuerza el edificio. Lo volvieron rehén en su despacho y alcanzó a hablar con los guerrilleros sobre política y la situación del país. Luego llamó a su casa para avisar que estaba bien y le pidió a mi abuela que lo esperara para almorzar. Ella, nerviosa por las noticias que escuchaba en la radio y el recuerdo de la toma de la Embajada de República Dominicana todavía fresco en la memoria, se tranquilizó. “Esto no se demora porque aquí vamos a dialogar”, le aseguró.
Nunca volvió a hablar con él.
Lo que vino después, para mi familia es la peor y más dolorosa historia de su existencia. Es un relato en el que, como el peor de los cuentos de terror, el villano sigue acechando en las noches. ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Le dispararon los guerrilleros? ¿Murió entre las llamas del incendio? ¿Lo mataron los policías que iban en el helicóptero cuando él, por orden del M-19, se amontonó con los demás magistrados debajo de la marquesina de una ventana? Esta última situación fue la que, durante tres décadas, creyeron mis familiares. Hoy, los vacíos siguen iguales. La Fiscalía confirmó, hace unas semanas, que estaban evaluando la versión de que Carlos Medellín recibió un disparo por la espalda cuando, en medio del desespero por no respirar más que el humo del incendio, salió corriendo con la ilusión de refugiarse en la casa cercana de un amigo pintor. (En Contexto: Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia)
Pero nada es certeza. Ni está cerca de serlo. Es la misma historia del resto de familias de los magistrados que fueron los compañeros de mi abuelo, de los auxiliares de sus despachos, de sus secretarias y conductores. Como si la historia no fuera lo suficientemente macabra, hay quienes lo han pasado peor. Doce familias llevan tres décadas de búsqueda incesantes porque al menos quieren saber qué pasó a sus seres queridos y por qué no regresaron de su trabajo. A ellos no les dieron una sola pista para saber qué pasó. Insistieron, desde el comienzo, que habían salido vivos del Palacio, que los habían llevado a la Casa del Florero y que ahí, los habían desaparecido. Pero fueron gritos frente a oídos sordos de un Gobierno que defendió que su reacción había sido por razones de Estado, cuando en realidad su accionar solo se puede entender como una sinrazón.
A esos 12 hogares, las certezas tampoco han llegado nunca. Ganaron al Estado una desigual batalla judicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014, asesorados por un equipo de abogados comprometidos con lograr justicia. Al gobierno de turno no le quedó otra alternativa que pedir perdón por las desapariciones y torturas. En los últimos 16 años, la Fiscalía les ha devuelto a las familias los restos de seis de ellos —Ana Rosa Castiblanco, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo, Cristina Guarín, Jaime Beltrán y Bernardo Beltrán—, y por más que han exigido verdad y castigo para los responsables de sus tragedias, las autoridades insisten en que todo se trató de un error en el levantamiento de sus cadáveres y que los resultados de las investigaciones, 32 años después de la toma del Palacio de Justicia, todavía no dan resultados. (Le podría interesar: “Encontramos a unos y otros desaparecen”: Pilar Navarrete, víctima del Palacio de Justicia)
Su infinita, valiente y admirable lucha tiene, a como dé lugar, que permitirles saber algo más. Mientras que persisten en la auténtica búsqueda, la de la verdad de lo que sucedió, sus lecciones de décadas de trabajo ya las escuchan y siguen otros. Se lo dijo Pilar Navarrete, esposa de Jaime Beltrán, a la familia del magistrado auxiliar, Julio Cesar Andrade, a quienes en junio pasado la Fiscalía y Medicina Legal les dio la noticia de que no enterraron a su familiar después de la toma, sino a la pareja de Navarrete. “Mi consejo para ellos es que tengan valor y que crean que las cosas se pueden lograr. Mucha unión y nunca decaigan. Mi solidaridad con ellos de aquí hasta siempre”, expresó Navarrete, con la misma convicción y nervios con que Eduardo Umaña, el primer abogado que se atrevió a investigar lo que había pasado ese 6 y 7 de noviembre de 1985, les dijo a sus enemigos que nunca se iba a doblegar. No lo hizo y lo asesinaron un sábado de abril de 1998.
El alivio, por calificar de alguna manera el acceso a la verdad, para quienes han recibido los restos de los desaparecidos, ha sido también la tristeza para otras cuatro familias que apenas ahora vienen a saber que a quienes enterraron, lloraron u oraron durante tres décadas, no eran sus seres queridos. Otro capítulo tenebroso para esta historia de horror que parece repetirse en cada noviembre. Es la historia de los Andrade, pero también de los hijos de los magistrados Pedro Elías Serrano y de los magistrados auxiliares, Jorge Alberto Echeverry o Emiro Sandoval. De este último, sus restos ya fueron devueltos a su hogar. Del resto, por más que se quisiera que en esta interminable historia algo fuera diferente, tampoco se sabe nada. A ellos les entregaron unos restos óseos calcinados después de la toma y, en medio del dolor y el caos del momento, los enterraron como suyos. Muchos de ellos no supieron a ciencia a quién lamentaron en las tumbas desde hace 32 años. (Vea la entrevista de Gabriel Andrade: “Estoy reviviendo otra vez la toma”: Gabriel Andrade, víctima del Palacio de Justicia)
Los bomberos y personal de la Cruz Roja, al día siguiente del incendio, por órdenes militares amontonaron en pequeños montículos los restos calcinados de quienes quedaron en el edificio. Luego resolvieron acercarles pertenencias que iban apareciendo, sin ningún tipo de cuidado e incumpliendo todos los protocolos para el levantamiento de cadáveres. Y para rematar la cadena de errores, los bomberos lavaron el piso, los escenarios de la guerra, los cadáveres. Mi papá, sus hermanos y mi abuela se negaron a recibir la bolsa en la que, les dijeron, estaba mi abuelo Carlos Medellín. Con ayuda de amigos de la familia, entre ellos los abogados Antonio Cancino y Fernando Cruz, pidieron al odontólogo de confianza que revisara en Medicina Legal si los restos que les estaban entregando realmente coincidían con los despojos mortales del magistrado.
Mientras tanto, los demás magistrados fueron enterrados en un cementerio al norte de Bogotá.
El especialista, con la historia clínica y carta dental de mi abuelo en mano, confirmó cuál era la bolsa que mi familia se debía llevar. Con esa certeza, quizás la única posible, al menos por ahora, la vida tuvo que seguir su paso a trancazos en mi casa y mi familia. Mi papá y tres tíos asumieron la dirección del colegio que mis abuelos fundaron en 1966, el Claustro Moderno, y que, hasta el día de su muerte, dirigió con amor y dedicación. Seis años después, llegó el primer integrante de una nueva generación y fue allí en donde, en medio de la esperanza e ilusión de la sangre nueva, crecí yo sin entender nada. De la mano de mi familia he tratado de comprender lo que le pasó a mi abuelo y a quienes estuvieron con él en el momento de su muerte. Aunque el tiempo se ha encargado de aportar más detalles a la historia, no ha logrado darnos respuestas y 32 años después, la incertidumbre sigue imperando.
La familia de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, todavía no tiene pistas del paradero de su ser querido. No hay todavía una sola persona judicializada como responsable de los errores en el levantamiento de los cadáveres que ocasionaron errores al momento de su entrega. La familia Andrade no tiene ni idea de dónde está Julio César. El ente investigador promete nuevas líneas de investigación, como lo anunció la vicefiscal María Paulina Riveros durante la entrega de los restos de Cristina Guarín en 2015. Pero lo cierto es que, durante tres meses de este año, el caso estuvo sin un fiscal a cargo. Lo último que se supo de la entidad que hoy dirige Néstor Humberto Martínez es el informe que le entregaron el sábado a la familia de Bernardo Beltrán, en donde solo reseñaron que el trabajador de la cafetería fue asesinado y no hicieron una sola mención de su desaparición. Como si no fuera suficiente, el Estado, que lleva más de cuatro años defendiendo una política de paz en la que las víctimas, la verdad, la reparación y justicia son el núcleo, sigue sin acatar la orden de la Corte Interamericana de indemnizar a los familiares de los desaparecidos.
¿Cuánto tiempo más hace falta para salir de la incertidumbre? Por ahora, se siente que nos hace falta esperar una eternidad.
Sobre la muerte de mi abuelo, Carlos Medellín Forero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia que murió inmolado en el Palacio de Justicia en 1985, no sé muchas cosas. En cambio, sobre su vida sí. Fue amante del concierto para violín en Re menor y la sinfonía número uno de Johannes Brahms. Un exigente pero noble maestro, que dedicó su vida a enseñar desde escribir y leer a niños de 6 años, hasta los principios fundamentales del derecho romano. Un dedicado jardinero que pasaba horas arrodillado en la tierra. Un crítico y defensor de la jurisprudencia y de la ética profesional, que se infartaría si supiera quiénes han llegado a los despachos que él y compañeros suyos como Alfonso Reyes, Manuel Gaona o Fabio Calderón, ocuparon hasta que la violencia se los permitió. Un compañero leal y sensible. Un padre cariñoso e incondicional. Un abuelo cuyo legado, a pesar de su ausencia, sigue siendo ejemplo y norte.
(Si desea consultar el fallo de la Corte Interamericana sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia, aquí lo puede encontrar)