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En las manos del juez cuarto de Apartadó (Antioquia), especializado en restitución de tierras, reposa desde el pasado 24 de noviembre una demanda de restitución sobre los predios La Corona y Alto Bonito, propiedades de Jorge Pretelt Chaljub, magistrado de la Corte Constitucional. La solicitud fue hecha en medio de la presentación de una “maratón” de 450 demandas que buscan la restitución de las tierras que conformaban el complejo de fincas La 35, un antiguo centro militar y operativo que los fundadores de las autodefensas, los hermanos Castaño Gil y sus lugartenientes, constituyeron en el Urabá antioqueño a punta de amenazas, asesinatos y desplazamientos.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Uaegrtd) pretende que 5.000 hectáreas en las que los paramilitares habrían emplazado su eje criminal en Urabá, sean devueltas a campesinos y antiguos propietarios. De esa extensión de terrenos, ubicados en los municipios antioqueños de Arboletes, Turbo y San Pedro de Urabá, 112 hectáreas corresponden a las dos fincas ahora en poder del magistrado Pretelt y que forman parte de una gran hacienda compuesta por cinco fincas que ocupan 243 hectáreas. Están en una región con pasado violento y que tienen de “vecinas”, propiedades del fallecido Juan de Dios Úsuga, fundador del clan Úsuga, y Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, condenada a 12 años por despojo de tierras.
Precisamente por la adquisición de los terrenos de La Corona (66 hectáreas) y Alto Bonito (46 hectáreas), la Fiscalía investiga a Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt y funcionaria de la Procuraduría, por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, lavado de activos y destrucción y apropiación de bienes protegidos. Asimismo, el ente investigador compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para que investigue por los mismos hechos al magistrado. Carlos Gómez Pavajeau, el abogado de Martha Patrón, declaró el pasado 14 de abril que alrededor de los predios no hubo desplazamiento, pues los propietarios habían vendido la tierra, y que su defendida no pagó precios irrisorios por los terrenos. Además, aseguró que entregó 113 documentos a la Fiscalía como prueba de la inocencia de Martha Ligia Patrón.
El Espectador conoció el texto de la solicitud de restitución de los predios de la familia Pretelt Patrón, ubicados en la vereda Puya Arriba, en Turbo. El documento hace una larga exposición del contexto de violencia que padeció el Urabá y reconstruye las historias de las familias de Reynaldo Pascual Villalba Alarcón y Manuel Gregorio Hernández Soto, antiguos propietarios de La Corona y Alto Bonito, respectivamente. Finalmente, en el texto firmado por Paola Andrea Cadavid Acevedo, directora en Antioquia de la Uaegrtd, se le solicita al juez que le reconozca la calidad de propietarios y entregue a Villalba Alarcón y a Argenida María Hernández Díaz (hija y heredera de Hernández Soto), los predios del magistrado y su esposa.
En el documento queda claro que la Fiscalía conoce desde hace años las denuncias de los Villalba y los Hernández, sobre la violencia paramilitar de la que fueron objeto y su desplazamiento forzado de las tierras que ahora son propiedad del magistrado. Reynaldo Villalba había denunciado su desplazamiento ante la Unidad de Reacción Inmediata de Montería el 22 de abril de 2009, y desde 2006 ya había puesto en conocimiento su caso en otras entidades estatales. Por su parte, Hernández Soto había denunciado los hechos ante la Fiscalía el 21 de octubre de 2008 y el 26 de marzo de 2009.
Entre las páginas de la demanda también se manifiesta que Argenida Hernández ha dicho que en los últimos meses ella y su familia vienen siendo víctimas de persecuciones por hombres armados, desde que vivían en Medellín; hechos por los cuales la Policía les brindó protección. Recientemente dijo que la casa de la hermana, a quien representa como solicitante del terreno, ha sido rondada por un vehículo desconocido del que, en una ocasión, bajó un hombre para tomar fotografías de la residencia.
Los terrenos en disputa
Reynaldo Villalba y cinco de sus hermanos adquirieron la finca La Corona, también llamada No hay como Dios el 16 de mayo de 1989, como quedó consignado en una de las notarías de Arboletes. Un año después, Villalba les compró a sus hermanos la totalidad del terreno, en donde vivía con su esposa y sus once hijos. En 1992 empezaron las presiones paramilitares. “Llegó un grupo de seis personas –dos tenían distintivos de las Auc-, me dijeron que el patrón mandaba a decir que le vendiera la finca, que si no aceptaba se la compraban a la viuda”, declaró Villalba ante la Fiscalía.
El agricultor hizo caso omiso a la advertencia y días después los desconocidos volvieron. Le dijeron que tenía 24 horas para salir de la finca. “Volví con lágrimas en los ojos y les dije a mi esposa e hijos que teníamos que salir inmediatamente”. Partieron el 10 de marzo de 1992 y fueron a parar a Montería, en donde siguió la persecución. Allá llegaron, en 1994, Teófilo Hernández y Evelio Díaz a comprarle la finca. Le ofrecieron $200.000 por hectárea, y aunque Villalba pedía $500.000, atemorizado, accedió a la compra. Evelio Díaz, conocido como el Burro, al parecer trabajaba para Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, hombre de confianza de los hermanos Castaño y el mayor despojador de tierras en Urabá.
Por su parte, Manuel Hernández adquirió el predio Alto Bonito el 13 de julio de 1987, mediante una resolución de adjudicación de baldíos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) -hoy Incoder-. Y se lo vendió directamente por $5 millones, bajo presión, a Martha Ligia Patrón, según él mismo denunció en agosto de 2003 en una declaración en la notaría de Montería. Patrón le vendió la tierra a su esposo Pretelt y así, Alto Bonito, junto a La Corona y tres fincas más, terminaron englobadas en la propiedad de Pretelt.
El contexto violento de Urabá
Las Farc y el Epl llegaron a Urabá en los años 70. Tras una disputa violenta entre las guerrillas, el Epl se quedó con el control de la zona de Urabá que, en los 90, pasó a ser dominada por paramilitares, no sin antes dejar una larga lista de muertos por la pugna entre esa guerrilla y las autodefensas. Las estructuras paramilitares llegaron hasta ese territorio al norte antioqueño procedentes del Magdalena Medio, de Puerto Boyacá y especialmente del sur de Córdoba, donde los Castaño habían establecido su fortín en la hacienda Las Tangas.
En la zona, las filas paramilitares fueron alimentadas por miembros de la disidencia del Epl que no se acogieron a la desmovilización de esa guerrilla en 1991. En menos de dos meses hubo siete masacres. La zona fue devastada bajo las banderas de “la recuperación del país del poder de la subversión”. En 1993, Urabá llegó a la tasa de homicidios más alta de su historia y a su punto máximo de desplazamiento. Los paramilitares despojaron tierras que pasaron al dominio de los hermanos Castaño Gil y sus lugartenientes.
En el fondo de la demanda de restitución de tierras sobre los predios de Pretelt en Urabá hay un cuestionamiento esencial: si el magistrado y su esposa se valieron de ese contexto violento para adquirir La Corona y Alto Bonito. La solicitud ya está en poder de un juez, quien tendrá que responder ese interrogante.
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El otro proceso contra el magistrado Pretelt
El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt podría evitar enfrentar un juicio en su contra por el escándalo de Fidupetrol en caso de que la Cámara de Representantes acepte la solicitud de la Procuraduría de anular el proceso que allí se tramita contra el magistrado.
Pretelt es acusado de haberle pedido $500 millones a Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, para seleccionar una tutela presentada ante la Corte por esa empresa. En el recurso presentado ante la Cámara, la Procuraduría argumentó que han existido irregularidades en el caso y que a Pretelt se le han violado los derechos al debido proceso y a la doble instancia.
“Aparte de Víctor Pacheco, ninguno de los declarantes indica que el magistrado hubiese solicitado dinero en relación con la tutela ni ha intervenido para alterar o desviar su trámite normal”, concluyó el Ministerio Público. De no ser anulado el proceso, Pretelt podría ser juzgado políticamente por el Senado.