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Varias comunidades afectadas por la mina de carbón El Cerrejón, en el departamento de La Guajira, presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la licencia ambiental con la que esta empresa cuenta para su operación. La petición, según los demandantes, va dirigida a establecer la responsabilidad de la mina por la crisis humanitaria, la pérdida de seguridad alimentaria y la escasez de agua que ha ocasionado la muerte de 5.000 niños y la desnutrición de 40.000 más.
De acuerdo con la demanda, cuyo juez es la sección primera del Consejo de Estado, la última modificación en la licencia ambiental se realizó sin el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, un instrumento que debe ser tenido en cuenta para tomar decisiones en proyectos, obras o actividades ambientales, y se valieron de “recursos legales” para evitar el trámite. Además, no habrían tenido en cuenta los estudios que se han realizado con antelación sobre este tema.
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En la demanda incluyen resultados de estudios científicos sobre la supuesta contaminación, afectaciones en la salud e impactos negativos en el ambiente por la explotación de carbón. Asimismo, hallazgos e informes oficiales en el que se evidencia la negligencia y la falta de control y seguimiento con la que, presuntamente, opera este proyecto. La acción de nulidad también treja entrever los impactos sobre el departamento y sus habitantes, el pueblo Wayuu y comunidades afrodescendientes.
El recurso también pide emitir medidas cautelares para que suspendan cualquier trámite de modificación de esta licencia. Es decir, una expansión de la actividad de explotación de carbón hasta que las autoridades no constaten la protección de los derechos colectivos e individuales afectados, teniendo en cuenta el detrimento ambiental, económico y las afectaciones a los derechos humanos que se están ocasionando sobre la población de La Guajira.
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La demanda también buscará declarar la invalidez del acto que autorizó la explotación, transporte y comercialización de la mina de carbón, luego de un estudio de las resoluciones en el que encontró supuestos elementos faltantes, omitidos y falsedades. Así, de acuerdo al artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, los solicitantes formularon cargos de falsa motivación, violación de norma superior, expedición irregular, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, y desviación del poder.