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Desde el año 2000, miles y miles de casos de abusos por parte de sacerdotes católicos se han conocido. En un principio, la Iglesia católica negó que algo así hubiera ocurrido. Luego, admitió las violaciones, y empezó a pedir perdón. Este miércoles, una investigación de la emisora W Radio revela que la Arquidiócesis de Medellín habría conocido sobre la denuncia de 17 casos de pederastia en Medellín sin que se realizaran las indagaciones pertinentes. “Solo un caso ha terminado en condena por la Corte Suprema, pero absuelto por el Derecho Canónico; otro fue archivado por la justicia penal colombiana, pero condenado por el Derecho Canónico y otro está en sus etapas iniciales en la Fiscalía”, señala el informe periodístico.
La investigación da cuenta del caso del Padre Mario Castrillón sacerdote de la arquidiócesis de Medellín condenado a cien meses de prisión por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. “Pagó su condena en Casa Cural por Cárcel y luego fue enviado a la cárcel de Bellavista, en Medellín. A pesar de ser acusado y juzgado como pederasta, ejerce su sacerdocio en la clínica de El Rosario en El Poblado y colabora en la parroquia San Juan Apóstol, justo al frente del centro comercial más imponente de Medellín: El Tesoro”, dice el periodista. Agrega la investigación que según el escrito de acusación de la Fiscalía “el sacerdote aprovechó su calidad de concejero y guía espiritual de los menores, para lograr de éstos los favores sexuales que llenaran su apetito lujurioso”.
Según la investigación, otro de los casos en los que habría encubrimiento por parte de la Iglesia Católica, es el del padre Roberto Antonio Cadavid Arroyave, de 57 años, quien a pesar “de haber sido expulsado por la Iglesia por abusar de menores de edad, terminó ejerciendo su ministerio sacerdotal en dos parroquias de la Diócesis de Brooklyn en Nueva York, autorizado y recomendado por al actual arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón”.
La denuncia indica que la familia de uno de los menores denunció al sacerdote ante la curia arzobispal. “El menor, víctima de los abusos, señaló que otro compañerito también habría sido abusado por el sacerdote. Como consecuencia de lo anterior, la curia en vez de denunciar ante la Fiscalía habría conciliado una suma superior a los 100 millones de pesos”. En el otro caso señalan que la familia nunca denunció.
También se registran otras denuncias en contra de: el sacerdote Rodrigo Flórez, de 56 años, quien presta servicio pastoral, aunque se han recibido varias denuncias sobre este sacerdote, “ninguna con evidencia sólida”. Así como el caso del sacerdote Juan Diego Rodas Rojo, en la actualidad está suspendido por la Arquidiócesis, y es investigado por el Vaticano.
No son los únicos casos registrados. En 2017 El Espectador reveló el caso del sacerdote William Mazo, acusado de haber abusado de cuatro niños. Por eso fue condenado en primera y segunda instancia a 33 años de cárcel. Lo que las familias de los cuatro niños buscan ahora es que la justicia reconozca, además, que ellos deben ser indemnizados por tanto sufrimiento. La Arquidiócesis de Cali, sin embargo, cree que “no se ha probado el daño manifestado y la cuantificación del mismo” y que, en lo que respecta a este caso, “debe declararse la inexistencia de un daño personal, cierto, directo e injusto que dé lugar a la indemnización reclamada”.
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“(L)a conducta del señor Mazo Pérez no puede mirarse de manera aislada”, le dijo al juez 22 penal la Arquidiócesis de Cali a través del abogado Walther Collazos. “Hoy su despacho debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas (padres, abuelas y tío) fue la más coherente al sentido común (…) y el juicio de reproche sobre si se hizo como familia lo que se tenía que hacer”, en otras palabras no se puede indemnizar a las víctimas pues la defensa del sacerdote considera que el abuso se dio por un "descuido de los padres".