La Comisión de Justicia y Paz alertó que Olwan de Jesús Agudelo Betancurt, testgo de excepción en el proceso que se adelanta contra Santiago Uribe, detenido en la cárcel de Puerto Triunfo, denunció la existencia de un plan para asesinarlo dentro del centro carcelarío.
De acuerdo con la denuncia, "un poderoso empresario habría pagado para su ejecución. Coincidencialmente el detenido fue informado de un traslado del Patio 6 al Patio 5. En este Patio el testigo carece de garantías para su vida e integridad y posibilita la consumación del crimen", señaló la Comisión en un comunicado que emitió en las últimas horas. Lea también: En juicio de Santiago Uribe, "Julián Bolívar" y "Zeus" serán testigos; Álvaro Uribe no
Según el organismo, Olwan al ser informado del plan,"solicita garantías para su vida y requiere ser ubicado en el Patio 4".
Tras conocer la denuncia, el ministro de justicia, Enrique Gil Botero, pidió al director del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón, "que se adopten medidas, se atienda el caso y que se le proteja":
Olwan de Jesús Agudelo Betancurt fue integrante de la estructura de tipo paramilitar “los 12 Apóstoles” y testigo de excepción en el proceso contra el empresario ganadero Santiago Uribe, vinculado a este proceso como integrante, planificador y operaciones de esta estructura armada que operó en Yarumal.
(El expediente de Santiago Uribe Vélez y la confirmación de su llamado a juicio)
El pasado 18 de octubre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela presentada por Jaime Granados que buscaba que el ganadero quedara en libertad.
De acuerdo con la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, para tomar esta decisión, se hizo un barrido de la jurisprudencia para establecer si, después de un año de detención preventiva sin un fallo condenatorio, el procesado debe recuperar su libertad.
Para el alto tribunal, es claro que hay que diferenciar los casos pues las leyes que amparan a los investigadores por la Ley 600 son diferentes a los que están regidos por la Ley 906. En el caso de Uribe Vélez, aclara la Corte, se debe tener en cuenta que es un expediente antiguo, es decir, responde a los lineamientos de la Ley 600 de 2000.
"Mientras en el sistema penal acusatorio la prórroga del plazo máximo de detención preventiva procede a petición de parte ante el juez de control de garantías, en los antiguos procesos penales, regidos por la Ley 600 de 2000, es el funcionario judicial competente –fiscal, en investigación; juez, en etapa de juicio– quien debe validar (de oficio) la prolongación de esa medida cautelar", explicó la Sala de Casación Penal.
Santiago Uribe está detenido en el batallón militar Juan del Corral de Rionegro (Antioquia), desde hace 19 meses.