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Hoy, hace 34 años, guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia, edificio donde funcionan las altas cortes colombianas. El gobierno reaccionó con una violenta retoma, por la que recientemente fue condenado un alto mando militar, y el enfrentamiento duró hasta el día siguiente. El saldo del holocausto fue fatal y la negligencia del Estado para investigar lo sucedido llevó a que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara a Colombia por su responsabilidad en el asesinato, tortura desaparición forzada de personas que estaban al interior del edificio.
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Desde entonces, la vida de decenas de familias de funcionarios judiciales, escoltas, cocineros y visitantes que estaban ese 6 de noviembre en el Palacio se transformó en una búsqueda incesante por conocer qué les pasó. La Corte IDH declaró responsable al Estado de 11 de las desapariciones forzadas, y por cuatro de ellas, fue condenado el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales: las de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela e Irma Franco. Sin embargo, las personas de las que todavía no hay rastro son muchas más y, en varias ocasiones, cuando se ha anunciado que los restos de uno de los desaparecidos fueron identificados, se abre la incógnita para una nueva familia, que creyó erróneamente haber sepultado a su ser querido años atrás.
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De hecho, hace apenas unos meses, la Fiscalía vendió una nueva hipótesis, de la que finalmente se retractó: las personas que inicialmente fueron dadas por desaparecidas, realmente habían sido mal identificadas. Esa versión está basada en el caos que se vivió al momento de identificar los cuerpos y regresarlos a las familias. Tanto la Corte IDH, como investigaciones nacionales, han señalado que se vivió un desorden absoluto. El Ejército, sin ningún protocolo forense, lavó el cuarto piso del Palacio de Justicia, en donde todavía estaban restos calcinados de víctimas. Otros funcionarios empezaron a barrer cenizas de otras personas y acumularon en montículos lo que iban encontrando. Y, como si fuera poco, el exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró el año pasado que el Ejército se había tomado la sede de su instituto.