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Hace exactamente un año, el 22 de abril de 2019, en la vereda Campo Alegre, en el municipio de Convención (Norte de Santander), fue asesinado el excombatiente de las Farc, Dimar Torres. Lo que se logró saber en ese momento fue que, aparentemente, el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez, habría sido el autor del crimen. Sin embargo, un año después de estos hechos, la condena de 20 años de prisión para el cabo no ha resuelto las dudas que persisten por el crimen que recordó las ejecuciones extrajujdicial.es cometidas por el Ejército a comienzos del siglo.
(En Contexto: La responsabilidad por la muerte de Dimar Torres)
Tras el asesinato, el Ministro de Defensa en aquel momento, Guillermo Botero, dijo que el excombatiente había muerto en un forcejeo con un uniformado del Ejército. Botero, dijo en medios nacionales que, según le habían informado, eso era lo que había ocurrido. Lo propio hicieron los altos mandos del Ejército Nacional. Aunque pidieron iniciar las investigaciones, el mensaje buscaba deslegitimar las denuncias hechas por la comunidad, que fue testigo cuando varios soldados intentaban ocultar el cadáver de Torres.
El cuerpo del excombatiente presentaba signos de tortura y castración, señales que despertaron las sospechas de la Comisión de Paz del Congreso, quien alertó sobre esto el 28 de abril de 2019. Así las cosas, las ideas sobre un supuesto intento de las Fuerzas Militares por ocultar lo ocurrido se hicieron más fuertes.
Solo siete meses después del asesinato de Torres la justicia empezó a actuar. Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta condenó a 20 años de prisión al cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo por el homicidio del excombatiente de las Farc. El uniformado fue la persona quien le disparó después de haber culpado al hombre de la muerte de otro soldado días antes.
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La revista Semana reveló que el homicidio de Torres al parecer fue una retaliación tras la muerte en Ocaña, el 1° de abril del año pasado, del soldado Pablo Borja García quien pisó una mina. En respuesta, el coronel (r) Jorge Pérez Amézquita ordenó dar con los responsables. Gómez acusó Torres de haber sido el responsable de la muerte y ser miembro del Eln, pero, según el reporte, ni él tenía sustento de sus señalamientos y ni el coronel -quien dio la orden- las pidió.
“Yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”, habría dicho el oficial (r), según declaraciones dadas por soldados a la Fiscalía. Por estas declaraciones, el 27 de enero de 2020, un juez de control de garantías de Paloquemao señaló al coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita como determinador del crimen. La Fiscalía por su parte, le atribuyó el delito de homicidio en persona protegida.
A los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón el juez los señaló de haber sido cómplices del homicidio. Ninguno de los implicados aceptó los cargos y fueron enviados al centro de reclusión militar en Facatativá, pero aún no se conoce la condena que pagarían por este crimen. Este caso ha conmocionado al país por tratarse, aparentemente, de una ejecución extrajudicial y porque gente de la comunidad impidió que los uniformados enterraran el cuerpo de forma improvisada.
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Según la organización Human Right Watch, al menos contra nueve generales activos existen evidencias que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Diego Luis Villegas, comandante del Ejército en la zona del Catatumbo y quien admitió la participación de un miembro del Ejército en la muerte de Dimar Torres es uno de los altos oficiales denunciados por Human Right Watch por su supuesta participación en los falsos positivos.