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En la tarea de esclarecer el crimen de Dimar Torres, el exguerrillero de las Farc que fue asesinado por miembros del Ejército, alguien resultó damnificado sin que aún se sepa bien por qué: el subteniente John Javier Blanco Barrios. Según reporta la revista Semana en su última edición, Blanco, quien venía prestando una colaboración importante en la investigación, fue llamado a calificar servicios con una resolución de mayo de este año.
La investigación por el homicidio del desmovilizado, ejecutado el pasado 22 de abril en zona rural de Convención (Norte de Santander), tiene comprometidos a cinco integrantes del Ejército, llamados a retiro tras el asesinato. El de más alto rango es el coronel (r) Jorge Pérez Amézquita, a quien le siguen el cabo Daniel Gómez y los soldados profesionales Cristian Casilimas Pulido, William Alarcón Castrillón y Yeison Buriticá Duarte.
Mientras Gómez aceptó cargos y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, que está por aprobarse este mes en un juzgado de Cúcuta, la defensa de los otros cuatro uniformados argumentó conflicto de competencias el pasado 9 de septiembre, cuando iban a ser imputados por homicidio en persona protegida. Así fue como el caso se fue para el Consejo Superior de la Judicatura, para que este decidiera si el proceso era o no enviado a la Justicia Penal Militar.
La Judicatura dio su respuesta justo esta semana, la cual no sacó al caso del limbo en el que está desde el pasado 9 de septiembre. El pasado miércoles 30 de septiembre, la Sala Disciplinaria señaló que se abstenía de pronunciarse porque, en su concepto, no hay un conflicto de competencias. Este solo puede ser planteado por quien lleva la investigación –la Fiscalía– o el juez del caso, cosa que no ocurrió.
Así las cosas, señaló la Judicatura, será un juez superior al que venía conociendo el proceso el que deberá definir la suerte del expediente, si se queda en la justicia ordinaria, como piden las víctimas, o si es remitido a la Justicia Penal Militar, que se encarga de los actos del servicio. A pesar de que hasta las mismas Fuerzas Militares han argumentado que este no fue un acto del servicio.
La defensa del coronel (r) Pérez Amézquita y de los soldados arguyen dos cuestiones, básicamente. La primera, que el crimen se cometió con armas del Estado. Y la segunda, que a ellos debería mantenérseles el fuero de la Justicia Penal Militar de la misma manera como al exlíder guerrillero –hoy de nuevo en armas– Jesús Santrich se le garantizó su fuero como congresista cuando aún ni siquiera se había posesionado.
En todo este panorama, el subteniente Blanco, quien era superior del cabo Gómez, se había convertido en un apoyo clave para las indagaciones, pues, según él mismo ha declarado, el cabo Gómez le confesó que iba a matar al exguerrillero y así lo hizo aunque Blanco, asegura él, le dijo que no lo hiciera. Al parecer, Gómez lo hizo siguiendo las órdenes que el coronel (r) Pérez Amézquita le había dado por un grupo de WhatsApp llamado “Dimar Torres”.
Las conversaciones de ese grupo están en poder de la Fiscalía, la cual tiene la hipótesis de que Pérez Amézquita pidió venganza tras la muerte de un soldado con un artefacto explosivo que, al parecer, le atribuyeron de algún modo a Dimar Torres, quien se encontraba en proceso de reinserción. Su familia, ante todo, pide que este caso de ejecución extrajudicial no pase a la impunidad.