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El pasado 14 de marzo, el sector de los servicios públicos sufrió un terremoto: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe, una empresa de la cual toda la región Caribe dependía para recibir electricidad y de la que Gas Natural Fenosa tiene el 85 % de las acciones. Antes de que Electricaribe fuera intervenida, lo que ocurrió el 16 de noviembre de 2016, el tema ya era una bomba de tiempo. El Gobierno aseguró que era evidente que la compañía no podría seguir respondiendo ante los usuarios y por eso la liquidó y comenzó el proceso para encontrar un inversionista nuevo.
Desde hacía seis meses, Gas Natural había alzado su voz de protesta y notificado al Gobierno que, si no se llegaba a un arreglo, el tema se llevaría a estrados judiciales. La demanda está ahora en el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). El Espectador conoció las 39 páginas del documento en el que la empresa española asegura que la decisión del Gobierno de acabar con ella es el resultado de las acciones y omisiones de Colombia que resultaron en la violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 2007 por Colombia y España.
Gas Natural Fenosa explica en la demanda que Electricaribe tuvo aproximadamente 2,6 millones de clientes en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, que el 80 % de ellos pertenecían a los estratos más bajos y que se trataba de una zona del país en la que prestar el servicio de energía eléctrica se dificulta por el clima, la salinidad del aire y fenómenos climáticos como El Niño. Sin embargo, la empresa recalcó desde el comienzo que lo más difícil de enfrentar fue la enorme cantidad de conexiones eléctricas ilegales y la falta de pago de las facturas por parte de sus clientes.
De acuerdo con el documento, el 8 % de sus clientes se han conectado ilegalmente a las conexiones eléctricas y estas conductas, claramente fraudulentas, según Gas Natural, han sido toleradas por las autoridades. “Ellos mismos han fallado al pagar la energía que las entidades públicas consumen. Para el 31 de diciembre de 2016, estas entidades le debían a Electricaribe aproximadamente US$700 millones de energía que consumieron pero que no pagaron”, se lee en la demanda.
La falta de compromiso y ayuda estatal, asevera Gas Natural, dejó a Electricaribe contra la pared. El Gobierno y los usuarios le pedían mejor calidad en el servicio y más cobertura, mientras que la empresa debía pagar impuestos, las tasas completas en las plantas eléctricas, enfrentar los obstáculos causados por el fenómeno de El Niño y afrontar pérdidas de hasta US$608 millones por las conexiones ilegales. Uno de los puntos más álgidos de la crisis se dio en 2014, cuando el Gobierno y la empresa concertaron que, para solventar los problemas, era necesario implementar un plan de acción.
En ese momento parecía evidente que ambas partes eran conscientes de que Electricaribe no iba a poder solucionar todo por su cuenta. Lo primordial era establecer un nuevo sistema de tarifas en el que se tuviera en cuenta los estratos de los clientes, quiénes debían tener un servicio más económico o gratis por orden de la Corte Constitucional y cómo se iba a tratar las conexiones fraudulentas. Sin embargo, nada de lo acordado hace tres años se cumplió. Gas Natural asegura en la demanda que, si esas condiciones se hubieran cumplido y el Gobierno hubiera apoyado los cambios, la crisis que llevó a su liquidación se hubiera podido evitar.
Uno de los puntos que con más énfasis destacó la empresa en su demanda es precisamente el hecho de que el Estado no persiguiera a quienes se robaban la electricidad y que figuras públicas le declararan la guerra abiertamente. Es el caso, por ejemplo, del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien en mayo del año pasado, cuando se registraron varias manifestaciones por el servicio de la compañía española, dijo: “Yo quiero tirar piedra en las manifestaciones contra Electricaribe”. Con este tipo de declaraciones, explica Gas Natural, se elevó el número de conexiones fraudulentas y se incrementó de manera alarmante la violencia contra la compañía.
“Para septiembre de 2016 se registraron más de 242 actos de violencia en contra de empleados de Electricaribe y contratistas, en 46 de los casos, resultaron agredidos físicamente”, refiere la demanda. Aunque la liquidación y la búsqueda de un nuevo operador ya está en marcha, lo que Gas Natural ha observado es que el Gobierno ahora sí se ha dado cuenta de la realidad de la crisis energética en la región Caribe. “Pocas semanas después de que se tomaron la empresa, los funcionarios públicos les pidieron a los ciudadanos que no se robaran la energía y que pagaran sus cuentas”, señaló Gas Natural. Es decir, justo lo que la empresa española suplicó durante años. En total, son seis los artículos del tratado entre Colombia y España que Gas Natural considera fueron violados. Aunque asegura que en el transcurso del proceso jurídico se develará realmente el monto que deberá pagar el país, si es obligado a hacerlo, se estima que llega al billón de dólares. Se trata de una multimillonaria suma que se añadiría a los problemas de la crisis energética en la región Caribe, que hasta el momento no tiene a la vista ningún cliente que quiera hacerse cargo de semejante terremoto en el sector de los servicios públicos del país.