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Este jueves, un juez de control de garantías de Bogotá, decidió en audiencia virtual acceder al pedido de la Fiscalía y la Procuraduría y enviar a prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, exdefensor del senador Álvaro Uribe. Cadena está siendo investigado por visitas que realizó a exparamilitares, al parecer, para persuadirlos de hablar en favor de Uribe en la Corte Suprema, gestión que incluyó pagos y supuestas promesas de dádivas. Luego de haber sido imputado por los delitos de fraude procesal y soborno, el abogado tendrá que enfrentar el proceso en su contra privado de la libertad.
En este proceso también está vinculado Juan José Salazar, abogado y socio de Diego Cadena quien, según la Fiscalía, colaboró con el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca. Salazar también está imputado con los mismos delitos. Sin embargo, el juez decidió que su actuación no representaba el mismo riesgo que la del abogado Cadena, porque práctimente se realizó actividades “casi que de mensajería” bajo orden de Cadena. En ese sentido, Juan José Salazar podrá defenderse en libertad.
“Su participación es subsidiaria, lo que no le quita responsabilidad, pero la actuación de este abogado, a pesar de su condición de abogado, se asimila a la de un mensajero, Incluso, atendía los llamados de Carlos Enrique Vélez y salía corriendo a escucharlo para luego llevarle el mensaje a Diego Cadena”, manifestó el juez determinando así que no se cumplen las cargas argmentativas y probatorias para restringir la libertad de esta persona.
Pero no concluyó lo mismo sobre Diego Cadena. “Él participa, es quien aborda a las personas, da las órdenes de pago, según las pruebas. Esta conducta se irradió a diferentes escenarios. Ha superado barreras físicas como los muros de los establecimientos carcelarios y ha permeado a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso de la República. Cómo se logra permear para ingresar a una cárcel en horarios de cierre de visita para los abogados, cómo se logra ingresar sin obtener autorización de los privados de la libertad y cómo se logra incidir en el cambio de versión para obtener beneficios de carácter procesal y hasta económico”, manifestó el juez.
Agregó que el entorno en el que se desarrollan estas conductas tienen una incidencia de cara a todas las personas que son testigos, como es el caso de la esposa de Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez - a quien le asignaron un equipo de seguridad -; y de cara al hecho de que un primo de Carlos Enrique Vélez haya tenido que salir del país con su familia, por sus propios medios, porque temía por su vida. Por tanto, esto le permitió determinar que sí existe un riesgo para la comunidad.
En ese sentido, y para proteger el bien jurídico, el juez de primera instancia decidió que privar del derecho a la libertad al abogado Diego Cadena, evitaría actos que pudieran atentar contra la buena impartición de justicia. Por tanto, dictó detención domiciliaria en su contra. Por tanto, Cadena deberá permanecer en su residencia, mientras avanza este proceso.
Se infiere la participación de los abogados en los delitos: juez
En la audiencia, el despacho desplegó un amplió análisis del material probatorio presentado, tanto por la Fiscalía, como por la bancada de la defensa de los abogados. En ese ejercició determinó que existen unos hechos que son confirmados por ambas parteso y otros que tienen lugar a discusión. Empezó con el evento “Carlos Enrique Vélez” afirmando que no existe duda sobre el ingreso de Diego Cadena en la cárcel La Palmas, ubicada en Palmira (Valle del Cauca); la conversación que el abogado sostuvo con Vélez (alias Víctor) y que el documento de retractación fue elaborado. La discusión entonces gira entorno a si el documento fue elaborado en la oficina de Cadena o si correspondió a las manifestaciones que le hizo el testigo.
También, determinó como un hecho la entrega de dinero por parte de los abogados a familiares de Carlos Enrique Vélez, pues ambas partes coinciden en estos eventos. La polémica en este sentido radica en que, para la Fiscalía, se trató de pagos como contraprestación a una declaración que beneficiara al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mientras que la defensa asegura fueron pagos de viáticos y ayudas humanitarias, actos legítimos en el ejercicio profesional del derecho. No obstante, el juez consideró que ninguna de las partes sustentó para qué fines fueron utilizados estos dineros.
“Qué actos de corroboración se desplegaron para establecer cuál era el detino final que tenían esos giros. ¿Se gastaban en hotel? ¿Buses? ¿Tiquetes de avión? ¿Un jornal para que el testigo ese día se desplazara a rendir entrevista? Qué actos de investigación se hizo para tratar de establecer si esos dineros fueron destinados a una actividad lícita o ilícita. Algunos testigos reconocen que dinero era para recargar el celular ciudadano y esto está prohibido en las cárceles, entonces se canalizaba a través de terceros, pero realmente ¿cuál fue el destino final de estos recursos? (...) le estamos pagando viáticos a un fantasma, no sabemos quién es”, indicó el juez.
En ese sentido, el despacho afirmó que, con los elementos allegados “que no tienen mayor soporte probatorio”, le resultó difícil comprender que esos pagos correspondieran a viáticos direccionados a Carlos Enrique Vélez y econtró ciertas irregularidades en los mismos.
“Es la primera vez que yo veo un despliegue tan humanitario de abogados. En un evento en el que consignan dinero a María Helena Vélez (hermana de Carlos Enrique) dice la defensa que es para ayudar a un menor de edad que está grave de salud, pero, haciendo un análisis, se refiere que quien hizo la llamada para pedir ayuda fue María Helena Vélez, la que tiene un hijo es Diana Paz (compañera sentimental de Carlos Enrique) y María Helena no manifiesta ningún contacto don Diana Paz. Los giros no se hicieron a Diana Paz que es quien tiene el niño”, explicó.
Por otro lado, se refirió al argumento de la defensa que indicaba que quienes realmente estaban siendo víctimas de soborno eran los abogados Cadena y Salazar por parte de Carlos Enrique Vélez y que por temor no denunciaron esta conducta. Para reforzar esta postura, los abogados allegaron audios y mensajes de WhatsApp con mensajes amenazantes por parte de Vélez. Tras el análisis, el juez indicó que, aunque sí es creíble que los juristas sintieran temor teniendo en cuenta que Vélez es un confeso paramilitar procesado por alrededor de 27 homicidios, esta no es la única explicación posible.
“Si yo estoy realizando un acto punible y esa actividad desemboca a una serie de reclamaciones de la otra parte ¿cómo voy a denunciar un acto que me peude desencadenar una reversión de la investigación de cara a esos ofrecimientos? Hay una demanda de dineros pactada, incumplida y una reclamación. ¿Sensurable? Sí, pero el señor está demandando su contraprestación. La omisión de denuncia radica en el temor o en el conocimiento de la actividad que subyace”, afirmó.
Entonces consideró que en el caso de Juan José Salazar se puede justificar ese temor, teniendo en cuenta que es un abogado con pocos años de experiencia y que además actuaba casi que bajo subordinación de Cadena. Pero, para el juez, este argumento no se acomoda al contexto de Diego Cadena quien es un abogado consolidado, que lidera su propia oficina y con amplia experiencia en el ejercicio penalista. “La única explicación posible es que la extorsión no se materializó y que los mensajes amenazantes era de alguien que no recibió su dinero”, indicó el despacho.
Por otro lado, el juez se refirió al caso de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que está privado de la libertad en la cárcel La Picota y a quien supuestamente el abogado Diego Cadena le ofreció servicios jurídicos a cambio de que se retractara sobre las acusaciones hechas en contra del expresidente Álvaro Uribe. Para empezar, el despacho dijo hacer ofrecimientos jurídicos es legítimo es legítimo por parte de los abogados, entonces lo que se cuestiona en este caso es lo que se pide en contraprestación.
Por parte de la Fiscalía se allegaron las declaraciones de Deyanira Gómez (esposa de Monsalve) y de Héctor Romero Agudelo (abogado de Monsalve). Dijo el juez que este último declaró que se reunió con su cliente el 22 de febrero de 2018 para aclararle que no tenía oportunidad para acceder a la JEP y ese día llegó Diego Cadena, pero que no escuchó sobre ofrecimientos o sobornos por parte de Cadena.
Se refirió también a la reunión que sostuvo Deyanira Gómez con Diego Cadena. “En esa reunión hay una controversia entre los dos porque la versión que tiene Deyanira no guarda correspondencia con lo que dice Diego Cadena. En efecto, él trata de aclararle a ella que le estaba pidiendo a Monsalve que dijera la verdad y ella dice que ‘cómo que la verdad, si ustedes le dijeron que dijera tal cosa'. Esto es un un abrebocas, pero que tenga por sí sola la facultad de determinar que eso ocurrió, no”, explicó el juez.
Rescató nuevamente la carta del 2 de febrero de 2018 que llegó a la Corte Constitucional en la que Monsalve se retracta y pide perdón al país y a Álvaro Uribe por lo declarado en su contra, pero deja al final una nota aclaratoria en la que indicó que eso lo escribió por presión de Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, por orden del expresidente Uribe.
La defensa, por su parte, remitió los testimonios de Victoria Eugenia Jaramillo y Álvaro Cadena (hermano de Diego Cadena) con el fin de demostrar que fue Monsalve quien tenía la intención de buscar a un abogado de Álvaro Uribe Vélez. No obstante, el despacho consideró que esa declaraciones carecen de contundencia para afirmar una intención originada en Monsalve.
De igual forma, reiteró que no se aportó ningún documento que soportara que Diego Cadena obtuvo un poder por parte de Álvaro Uribe Vélez para que actuara en su nombre o bajo subodinación de los abogados que sí están acreditados ante la Corte Suprema (Jaime Granados y Jaime Lombana). Por tanto, que el abogado. “Diego Cadena no se integra a la oficina de Granados, no recibía ordenes de ninguno de los dos abogados del aforado. Es como una oficina orientada para buscar testigos, pero estos otros desonocían las actividades que subyacían y se ejecutaban por parte de Diego Cadena. Actuaba por su cuenta y riesgo”, dijo.
Finalizada la exposición del despacho, Fiscalía y Ministerio Público apelaron la decisión solicitando que también se dicatar medida de aseguramiento contra Juan José Salazar, porque su participación en estos hechos no fue menor, como lo determinó el juez. El abogado de Diego Cadena, Iván Cancino, también apeló para oponerse a la detención domiciliaria impuesta en contra de su defendido, en esta primera instancia.
El caso contra Cadena es clave, pues nace de la investigación que le adelanta la Corte Suprema al senador Uribe por presunta manipulación de testigos. Este proceso nació de una denuncia que interpuso él mismo, pero contra el senador Iván Cepeda, en 2012. Tras un fuerte debate de control político en el que Cepeda mostró una recopilación de testimonios de exparamilitares que acusaban a Uribe y a su hermano, Santiago, de nexos con las Autodefensas, el expresidente fue a la Corte Suprema y lo denunció. Entre los testimonios que mostró Cepeda en ese momento estaba el de Juan Guillermo Monsalve, exintegrante del Bloque Metro de las Auc que señala directamente a Uribe.
“(Cadena) Le ofreció (a Monsalve) asesorías jurídicas y tratar de tramitar su ingreso a la JEP con el fin de que él declarara falsamente ante la Corte, y manifestara que también había sido abordado por Iván Cepeda y que este le había ofrecido beneficios judiciales, protección y cambio carcelario si declaraba contra Uribe Vélez”, dijo el fiscal del caso, Daniel Hernández, en la audiencia de imputación del pasado 27 de julio. Además, aunque Cadena ha dicho en su defensa que los dineros que le giró a Vélez eran “ayudas humanitarias”, el fiscal dijo que, “no existen soportes en la oficina de Cadena que demuestren que esos pagos a Vélez eran ayudas humanitarias o viáticos como parte de una estrategia de este abogado para adquirir pruebas de manera legal”.
Por el contrario, entre los testimonios que la Fiscalía tiene contra Cadena, está el testimonio de la hermana de alias Víctor, María Elena Vélez. Como reveló El Espectador, la mujer contó que ella fue la que recibió los dineros enviados por Cadena y su socio, Juan José Salazar; que ella jamás los buscó a ellos y que eran ellos los que siempre llamaban para hacer las consignaciones. “El señor Cadena me llamó y me dijo: ‘Vea, doña Mari, yo estoy visitando a su hijo en la cárcel de Palmira. Como yo no permanezco aquí, sino que viajo mucho, voy a dejar encargado a Juan José”, dijo la señora Vélez en declaración.