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Como un fin de semana sangriento para los dirigentes populares serán recordadas las últimas 72 horas. Cinco atentados dejaron tres personas asesinadas, un líder debatiéndose entre la vida y la muerte y otros dos que se salvaron de las balas enemigas. Preocupa especialmente la situación en La Macarena, porque tres de las víctimas son dirigentes agrarios de la zona fronteriza entre el Meta y Caquetá. Ante la gravedad de los hechos, el presidente Juan Manuel Santos convocó a la Comisión de alto nivel de DD.HH. “para tomar acciones contra crímenes y agresiones a líderes sociales. Paz en Colombia no da espera”, comentó. Las autoridades ofrecen $30 millones de recompensa a quien dé información que permita identificar a los responsables de los homicidios. (Lea: Santos convoca a reunión por asesinatos de defensores de derechos humanos)
La bitácora de la tragedia se inició sobre las 5:00 de la tarde del viernes cerca del Batallón Cazadores del Ejército en el casco urbano de San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando fue hallado moribundo Erley Monroy, miembro de la Asociación Campesina Losada-Guayabero (Ascal-G), la cual ha venido denunciando la presencia de grupos paramilitares en la región y oponiéndose a proyectos de explotación petrolera. (Lea: Van 70 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2016)
Ese 18 de noviembre, Monroy fue trasladado a un hospital, pero la gravedad de sus heridas produjo su muerte. Personas cercanas al dirigente campesino aseguraron que Monroy tuvo duros enfrentamientos con el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, porque el mandatario los había señalado a él y a su organización de cobrar extorsiones a nombre de las Farc. (Lea: Otro líder social asesinado en las últimas horas en Nariño)
Como si fuera poco este luto, horas después del velorio de Monroy, otro de los líderes campesinos de Ascal-G fue atacado por dos sicarios. Se trata de Hugo Cuéllar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria en La Macarena (Meta), quien al intentar defenderse de sus verdugos recibió cinco impactos de bala, uno de ellos en el abdomen, que lo tienen al borde de la muerte en un hospital de Florencia (Caquetá).
Este hecho ocurrió el sábado 19 de noviembre a las 11:00 de la noche. Valga advertir que esta es una zona en la que históricamente han hecho presencia las Farc y que, incluso, hace poco más de un mes, en la vereda El Diamante, del mismo municipio, la guerrilla realizó su Décima Conferencia Nacional. (Lea: Cuatro atentados contra líderes sociales en menos de 48 horas)
Agravó el ambiente de tensión que ese mismo sábado se identificó a otro dirigente campesino asesinado. Es el caso de Dídier Losada, que proviene de una familia de dirigentes populares y oficiaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Platanillo, en La Macarena y quien también había sido miembro de Ascal-G. Losada, fue asesinado frente a su familia por un encapuchado en su propia vivienda.
Y el drama no termina allí. El sábado también sufrió un atentado Danilo Bolaños Díaz, delegado de comunicaciones de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan), quien además es militante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. A Bolaños le dispararon en seis oportunidades en el sector de Igirones, un punto en la vía que comunica los municipios de Leiva y La Unión. El reconocido líder se desplazaba en una motocicleta junto a su esposa cuando regresaba del primer Cabildo Abierto por la Paz del municipio de Leiva. Afortunadamente las balas no dieron en el blanco.
Asimismo, se registró un intento de homicidio contra Argemiro Lara, reclamante de tierras en los Montes de María (Sucre) y dirigente de la Unión Patriótica. Salió ileso del atentado gracias a la reacción de su guardaespaldas. Uno de los sicarios murió y el otro escapó. Y para terminar este fin de semana de horror, en la vereda San Antonio, del municipio de Policarpa (Nariño) fue asesinado de 16 tiros Rodrigo Cabrera, quien se desempeñaba como representante de víctimas de su pueblo y era un conocido líder de Marcha Patriótica.
Estos hechos enrarecen el ambiente del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, ya que demuestran la dificultad del Ejecutivo para brindar garantías de seguridad a quienes dejen las armas y, sobre todo, demuestran que la persecución a líderes populares no da tregua. Incluso, el jefe guerrillero Pablo Catatumbo consideró que estamos ante el regreso de la “guerra sucia” y pidió al Gobierno una reacción inmediata que dé confianza de que el exterminio de la Unión Patriótica no se repetirá.
De nada han servido los grupos de alto nivel para ofrecer garantías a defensores de derechos humanos, ni los informes de ONG advirtiendo sobre los graves riesgos de desempeñar este oficio en Colombia. Los asesinatos continúan, las amenazas persisten y la impunidad es el común denominador en las investigaciones. Datos de Marcha Patriótica registran que en lo corrido de este año van 70 homicidios, 279 amenazas y 28 atentados contra dirigentes sociales. Además, que han asesinado a 17 de sus miembros.