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Miguel Ángel Calderón trabajaba entregando domicilios a través de la plataforma Rappi cuando grabó un video del sector en el que, supuestamente, vive el presidente Iván Duque al norte de Bogotá. La Policía lo capturó y lo señaló de ser un riesgo para la seguridad nacional, pero lo puso a disposición de Migración Colombia, por ser de nacionalidad venezolana. Esa entidad le impuso una medida de expulsión que Calderón había logrado frenar con una acción de tutela, pero la jueza terminó dándole la razón a Migración, que finalmente sacó del país al "rappitendero" este miércoles.
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Hace tres semanas, cuando Calderón fue capturado por grabar el video, conoció a la profesora Carolina Moreno, de los Andes, en el Centro de Trasladado por Protección (CTP) en Puente Aranda (Bogotá). La abogada, que dirige la clínica jurídica para migrantes del plantel, estaba prestando asesoría a personas detenidas durante las protestas y le ayudó al trabajador de Rappi, que está casado con una colombiana, a interponer una acción de tutela para intentar defender sus derechos y una jueza de la república frenó la expulsión mientras estudiaba el caso.
Sin embargo, la misma funcionaria judicial consideró que la defensa de la seguridad nacional, el argumento utilizado para expulsar a Calderón, primaba sobre la defensa de la unidad familiar, que era el derecho que se vería vulnerado. Y, en ese sentido, le dio la razón a Migración Colombia, quedando la entidad con luz verde para hacer efectiva la expulsión, con lo que el hombre fue recapturado el pasado martes mientras trabajaba y llevado, de inmediato, al Aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá.
(En contexto: Juez suspende expulsión de ciudadano venezolano y Migración Colombia protesta)
No obstante, según le explicó la abogada Moreno a este diario, en el fallo no se hace referencia alguna a la suspensión de la medida que se había ordenado hace unas semanas y, además, ella misma apeló el fallo de tutela, con lo que la medida no tendría efectos. Para la abogada, lo que ha pasado con Calderón “es una injusticia y desconoce la naturaleza de nuestro Estado social de derecho”, pues, para ella, además de que se ha obrado desconociendo el debido proceso, hay un trasfondo de xenofobia en el caso.
Para el director de la regional andina de Migración, Henry Corredor, por el contrario, el proceso se hizo con estricto apego a los protocolos: “Es preciso señalar que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la Regional Andina al señor Miguel Angel Calderon Quintero, el mismo se llevó acabo con pleno apego a la normatividad vigente garantizando los derechos fundamentales de este ciudadano venezolano”.
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Aunque a Calderón le habían dicho el pasado martes que sería expulsado ese mismo día sobre las 5:00 p.m., Migración lo condujo a Cúcuta en la mañana de este miércoles. No pudo ver ni hablar con su pareja antes de partir de Bogotá y, una vez en la capital de Norte de Santander, funcionarios de Migración lo escoltaron hasta el puente transfronterizo Simón Bolívar, desde donde Calderón deberá arreglárselas para llegar a su natal estado de Zulia, en Venezuela.