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Dos nuevos casos de asesinatos a líderes sociales se presentaron ayer en el municipio de Guapi (Cauca). Se trata de Jesús Orlando Grueso Obregón y Jonathan Cundumi Anchino, miembros del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico (MOEP), de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.
Según la denuncia, ambos se encargaron en el último tiempo de liderar e impulsar el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Al parecer se encontraban realizando actividades de campaña electoral apoyando a Ancízar Barrios a la Cámara de Representantes por el Cauca.
(En contexto: Un violento comienzo de año para los líderes sociales)
Los asesinatos se suman al de más de 20 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el primer mes del año, según el último informe de Indepaz. Otras cifras de organizaciones como la organización Somos Defensores, estima que fueron asesinadas 12 personas y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) contabilizó 18.
Los hechos preocupan cada vez más a las organizaciones sociales y, con las elecciones de Congreso y presidecia a la vuelta de la esquina, serán una prueba —hasta ahora fallida— para medir la capacidad de respuesta del Estado, teniendo en cuenta el riesgo que estos crímenes representan para este sector de la población.
En las últimas cifras publicadas por la Fiscalía se registran 101 homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos y comunales entre 2017 y lo que va del año. Las organizaciones sociales hablan de más víctimas.