Ecos de la publicación de “The New York Times”

“Espero que afirmaciones que perjudican a las Fuerzas Militares, y concretamente al Ejército o a la Policía, sin el debido sustento, no vuelvan a ocurrir”, dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, este lunes a primera hora. Fue la primera vez que les habló a los medios de comunicación en persona, no a través de redes sociales, a propósito del artículo que publicó el prestigioso diario The New York Times el pasado sábado, en el cual se cuestionaba el posible regreso de los falsos positivos.

::Tras publicación del New York Times, Ejército retira directriz sobre resultado en operaciones::

Al hacer estas declaraciones, Botero dejó claro que cuestiona el material que para The New York Times fue creíble y suficiente para divulgar su artículo “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”. En él se resumen directrices del alto mando militar que llegó en diciembre pasado, con el general Nicacio Martínez a la cabeza del Ejército, que podrían facilitar la reaparición de los falsos positivos. Por ejemplo, “no exigir la perfección para realizar operaciones, hay que lanzar operaciones con un 60 - 70 % de credibilidad y exactitud”.

Diez horas después de hablar en rueda de prensa, sin embargo, el Ejército tomó la decisión de cambiar una de las mencionadas directrices. Se trata del documento “Planteamiento de objetivos 2019”, con el cual se pidió a los comandantes de divisiones y unidades a señalar los resultados operacionales de 2018 y se les ordenó duplicarlos en 2019. Uno de los cuestionamientos al Ejército fue si, con esa directriz, se podía acaso generar tal presión sobre las tropas al punto de poner en riesgo a la población civil. El comandante del Ejército, Nicacio Martínez, dijo que no, pero que la directriz se modificaría para evitar malinterpretaciones.

::Ministro de Defensa le responde al New York Times::

Palabras como las del ministro preocupan en términos de libertad de expresión. “Es completamente inconveniente que el Estado se siente en la silla de evaluar a los medios. Ellos están en la silla de los escrutados, de dar respuestas. Ese no es un deber ser de los funcionarios. Cuando empieza a pasar, como ha pasado en Ecuador o en Venezuela, es un mal síntoma. Me quedo con la frase de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien dijo que el Gobierno podía ofrecer respuestas”, le dijo a este diario Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Vaca, quien también alerta sobre cómo esa frase del ministro puede llevar a la autocensura entre los medios nacionales y locales, resalta que publicaciones como la de TheNew York Times “sirven para fortalecer las instituciones”. Pero el ministro de Defensa y otros políticos parecen no estar de acuerdo con esa postura. “Una manera de desacreditar a las FF. AA. y de proteger la impunidad al narcoterrorismo”, dijo, por ejemplo, el expresidente y senador Álvaro Uribe. “Distorsionaron (las respuestas oficiales) para decir que hay órdenes de asesinar inocentes”, agregó.

“Existen los sicarios de la opinión”, dijo el congresista del Centro Democrático Juan David Vélez, parafraseando una vieja expresión de Uribe (“sicario moral”). Sus señalamientos se unieron a los de la congresista María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, quien acusó al periodista autor del reportaje, Nicholas Casey, de haber “estado de gira” con las Farc hace dos años. Estos fuertes reproches terminaron generando un ambiente de temor por la seguridad de Casey, editor para el área andina, quien salió del país.

::Vinculan a coronel del Ejército por homicidio de Dimar Torres::

Fuentes militares le contaron a El Espectador que, mientras se revisa qué impacto han tenido órdenes como duplicar las afectaciones a los grupos armados o que cada brigada presente diariamente el tiempo que lleva sin combatir —como un índice de medición negativo—, hay un problema en curso que poco se discute: el interés del Gobierno de desaparecer el término “conflicto armado” de su discurso público, a la vez que los documentos con que operan los militares en terreno dicen regirse por el derecho internacional humanitario.

“Grave es que les exijan resultados operacionales y que los incrementen sin reglas claras del juego. De ahí es de donde se derivan todas esas cosas. Y claro, la fácil: salen el ministro y el presidente a escurrir el bulto”, dijeron las fuentes, quienes agregaron: “Entendemos la preocupación de los militares: ¿cómo les van a pedir bajas si ya no hay guerra? Contra los grupos armados organizados (como el Clan del Golfo o los Puntilleros), según el Consejo Nacional de Seguridad, se puede usar el DIH, aunque digan que no hay conflicto armado. Ahí es donde termina todo este complejo asunto”.

Como el propio ministro Botero señaló, sigue vigente la directiva permanente 300-28 de 2007, que se estableció en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe. En ella se indica que el objetivo para las Fuerzas Militares es “privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de estas a su vez sobre las muertes en combate, y dar mayor valoración a las muertes en combate cuando se trate de cabecillas”. Se expidió un año antes de que estallara el escándalo de los falsos positivos.

Ya es sabido lo que esa práctica dentro del Ejército le costó al país. Según cifras de la Fiscalía, van más de 2.000 investigaciones, hay más de 10.000 personas procesadas (la mayoría militares, y de ellos la mayoría soldados) y el número de víctimas sobrepasa las 2.200. El episodio de Dimar Torres, el guerrillero de las Farc asesinado el pasado 22 de abril al parecer por un soldado que trató de ocultar los hechos e, incluso, de inhumar el cuerpo —lo que evitó parte de la comunidad del Catatumbo—, volvió a prender las alarmas.