El asesinato impune de un hombre de paz

El exnegociador de paz y exembajador Jesús Antonio Bejarano, asesinado en 1999. / Archivo

Han pasado casi 15 años desde la muerte del expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y exnegociador de paz durante el gobierno de César Gaviria, Jesús Antonio Bejarano, ocurrida el 15 de septiembre de 1999 en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. El Estado ya ha sido condenado dos veces por no haber protegido a Bejarano. El Consejo de Estado acaba de confirmar una de esas dos condenas, interpuesta por el Tribunal de Cundinamarca el 11 de febrero de 2004. No obstante, la justicia ordinaria no ha sido capaz de dar con sus asesinos. Su homicidio sigue impune.

“Bejarano fue un abanderado de la paz y del diálogo, tanto en su labor de negociador como desde la cátedra y la reflexión académicas (…). Colombia ha perdido con la desaparición de Jesús Antonio Bejarano a un guía y a un orientador invaluable para la paz”. Estas fueron las palabras del expresidente Gaviria cuando supo del asesinato de Bejarano: uno de los protagonistas de las negociaciones con las Farc en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) hasta que fue reemplazado por Horacio Serpa.

Su muerte se produjo un mes después del asesinato del humorista Jaime Garzón y en momentos en los que Colombia se debatía entre los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana y la barbarie paramilitar. De acuerdo con varios testimonios, a las 6:40 de la tarde de ese día un desconocido, vestido —al parecer— con chaqueta blanca y sudadera roja, ingresó al edificio de la Contaduría y disparó contra Bejarano.

Ya él les había informado a algunos directivos de la Universidad Nacional sobre las amenazas en su contra y desde el 24 de agosto de 1998 le había dicho al entonces fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, que su vida peligraba. Al parecer el secretariado de las Farc había ordenado atentar contra su vida porque supuestamente era informante del Ejército. Esto debido a que el analista Hugo Mantilla lo había vinculado con el exdirector de Inteligencia del Ejército, el general (r) Luis Bernardo Urbina. Bejarano le dijo a Gómez Méndez que “en 1995 realicé para las Fuerzas Militares, y a solicitud no propiamente del señor Mantilla sino del general Bernardo Urbina, un trabajo de consultoría externa sobre escenarios de paz y negociación con la guerrilla”. Bejarano le dijo al entonces fiscal que estas intimidaciones no eran “un mero chisme callejero”, y que de no ser atendidas podría estar en serio peligro su vida..

Igualmente fue vinculado a un supuesto golpe de Estado contra el presidente Ernesto Samper. De acuerdo con Mantilla, Bejarano habría participado en varios encuentros para promover la renuncia de Samper e, incluso, le habrían propuesto formar parte del gabinete del gobierno que se creara ante su eventual salida. El expresidente de la SAC sostuvo al respecto que, aunque sí había participado en una reunión realizada en el hotel Casa Medina, en Bogotá, para hablar sobre la crisis política, no estaba de acuerdo con un golpe. “Mi respuesta fue que yo no compartía hechos de esa naturaleza. No tuve conocimiento directo de planes y menos de detalles sobre un golpe”, le indicó Bejarano a la Fiscalía.

El 16 de mayo de 2001, varios de sus familiares demandaron al Estado por no haberlo protegido. Una de las entidades demandadas —la Fiscalía— respondió que “la situación de peligro e intranquilidad que vivió momentos antes de su muerte el doctor Bejarano no fue generada por ninguna entidad estatal, sino debido a las informaciones irresponsables por parte de los medios de comunicación que las publicaron”. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estuvo de acuerdo y condenó al ente investigador porque “le correspondía ordenar la custodia del funcionario e ignoró o no valoró razonablemente las circunstancias tan particulares que rodeaban al doctor Bejarano y por ello no destinó los recursos a su alcance para disuadir y en últimas preservar su seguridad e integridad”. El fallo fue apelado y el Consejo de Estado acaba de confirmarlo.

Ese alto tribunal estudia otras condena a la Nación en la que esta corporación le ordenó a la Fiscalía y a la Universidad Nacional indemnizar a la compañera permanente de Bejarano, Consuelo Páez, pues en su criterio “era un hecho de gran relevancia que sobre el profesor pesaban serias acusaciones que ponían en riesgo su vida e integridad, y no solamente por sindicación que destacados medios de comunicación del país hicieran de que el referido académico pertenecía a un grupo de conspiradores que pretendieron sin éxito fraguar un golpe de Estado al presidente, sino también porque durante sus últimos años había asumido un papel muy destacado en los procesos de paz y negociación política con la insurgencia armada, ya como consejero de Paz del Gobierno, ya como presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y como investigador y docente universitario, lo cual le generó antipatías y enemistades en sectores extremistas y antidemocráticos”.

Su muerte sigue impune. Ahora, en momentos en que el Gobierno y las Farc dialogan en La Habana, sería bueno que ese grupo armado ilegal esclarezca si tuvo o no algo que ver con el asesinato de Bejarano o que, de lo contrario, las autoridades investiguen y capturen por fin a los responsables del crimen de un hombre de paz víctima de la violencia.