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En el proceso que se adelanta contra el magistrado Gustavo Malo Fernández en la Comisión de Acusaciones se dio, este lunes, un paso trascendental. Los representantes Edward Rodríguez y Fabio Arroyave le solicitaron a esa célula legislativa, a través de una ponencia, acusar al togado de la Sala Penal de la Corte Suprema en razón a su posible participación en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga.
Los delitos son los mismos que le fueron imputados en la audiencia de indagatoria realizada el año pasado: concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción y por omisión, y utilización de asunto sometido a secreto o a reserva.
“Se encontró que existen serios indicios de que permiten concluir de la participación del doctor Gustavo Malo Fernández dentro de una organización criminal encaminada a favorecer aforados en procesos de única instancia que se tramitan o tramitaron en la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia”, sostuvo Rodríguez en rueda de prensa.
Así las cosas, la investigación realizada por los investigadores del Congreso, desde agosto de 2017, será estudiada por los demás compañeros que conforman la Comisión de Acusaciones. Allí tendrán que decidir si existen méritos para que Malo sea acusado o no ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
En caso de que este proceso continúe, este mismo procedimiento se repetirá pero, esta vez, ante el Senado de la República. En paralelo a un posible juzgamiento político en su contra, el cual podría determinar la indignidad del magistrado Malo y sancionarlo con la destitución definitiva de su cargo y la suspensión de sus derechos, el magistrado podría enfrentar un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Malo se apartó de su cargo el 27 de septiembre de 2017. Su decisión la tomó luego de que su nombre saliera mencionado entre los supuestos integrantes del cartel de la toga. Uno de los hombres claves que ha hablado en contra del togado es el exfiscal Gustavo Moreno, quien le dijo a la Corte Suprema que Malo hizo parte del grupo de abogados y magistrados que, a cambio de dinero, desviaron sentencias y decisiones judiciales. Según el representante, se realizaron y analizaron más de 100 pruebas testimoniales, documentales y periciales.
Moreno, quien está preso a punto de ser extraditado a Estados Unidos, explicó que la información que le daba Malo sobre procesos en la Corte fue clave para concretar negocios con políticos. Fue así como, explicó el exfiscal, le pidió dinero al senador Musa Besaile para detener una orden de captura en su contra. Besaile admitió haber pagado $2.000 millones a cambio de no ser detenido. El senador de la U hoy está en prisión. El caso de Besaile estaba, precisamente, en el despacho de Malo.
En las sesiones ordinarias, que empezarán en poco menos de dos semanas, la Comisión de Acusaciones estudiará el proyecto presentado por Rodríguez y Arroyave.