Esto le dijo a El Espectador uno de los testigos estelares en el expediente del carrusel de la contratación. Y añadió: “Ellos contrataban en todo el país, con entidades tan grandes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De todos los negocios que hicieron en la época de Samuel Moreno, siempre tuvieron que pagar un 6% de comisión. En algunos contratos era del 8%. Y aunque recibieron más de $220.000 millones, terminaron quebrados porque la comisión exigida no daba utilidades. Por eso le digo que eran como los Nule: cogían esas platas para tapar los huecos de otros negocios”.
Esta descarnada radiografía de cómo operaba la telaraña de cooperativas que presuntamente patrocinaron el exconcejal Édgar Torrado y su hermano, el senador Efraín Torrado, para apropiarse entre 2008 y 2009 de más del 30% de los contratos adjudicados por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), hoy es investigada por la Fiscalía y por la Corte Suprema de Justicia. El congresista —que en 2010 obtuvo casi 77.000 votos— deberá explicar si incurrió en el delito de tráfico de influencias. Además, según pudo establecer este diario, uno de los exconcejales que negocian un acuerdo con la Fiscalía aportará todos los detalles del millonario negocio de los Torrado en Bogotá.
En el informe de la comisión de seguimiento a la contratación en Bogotá —elaborado en 2010 por Gustavo Petro, Luis Carlos Avellaneda y Carlos Vicente de Roux— se revela que, en comparación con la administración de Lucho Garzón, entre 2008 y 2009 la SDIS aumentó en 350% la contratación al invertir en ese lapso $580.000 millones. De ese monto, según estableció un reciente informe del CTI de la Fiscalía, $222.599 millones les fueron entregados a tres cooperativas y tres uniones temporales manejadas desde la sombra por los hermanos Torrado, su clan familiar y empleados de confianza. Buena parte de los hallazgos de este reporte ya había sido documentada por Petro, Avellaneda y De Roux hace tres años.
El informe del CTI, cuyos apartes principales fueron conocidos por este diario, se concentra en la firma Internacional de Negocios, de la que el exconcejal Édgar Torrado fue asesor y presidente de la junta directiva entre 2001 y 2007, así como la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, la Cooperativa Multiactiva Unidos para Nutrir y las uniones temporales Alimentación Solidaria y Alimentando Futuro, integradas por las cooperativas Cooprosperar, Surcolombiana y la Cooperativa Multiactiva Trabajo Asociado y Competencias Productivas.
Red de empresas solidarias que terminaron por monopolizar el suministro de alimentos en la capital del país para el manejo de comedores y restaurantes escolares, y un próspero negocio que se consolidó durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
Todos los contratos con estas cooperativas se entregaron a dedo en virtud de un decreto de 1992 que permite los convenios interadministrativos con entidades públicas. En este caso, más de $222.000 millones del Distrito se dieron sin licitación pública. El objeto social de casi todos los contratos en los que, según el CTI, resultó beneficiado el clan de los Torrado era el mismo: “Suministro y distribución de alimentos perecederos y no perecederos para consumo de las poblaciones vulnerables atendidas en los diferentes proyectos de la Secretaría de Integración Social y Desarrollo, proyectos de inclusión social, proyectos productivos, iniciativas de vida saludable con los padres de los menores y las familias de los participantes de este programa”.
En números concretos, a la firma Internacional de Negocios, por ejemplo, se le entregó en mayo de 2008 un contrato por $8.800 millones y en marzo de 2009 otro por $37.000 millones. A la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada se le adjudicó en 14 contratos una suma de $6.790 millones. El reporte de la Fiscalía señala que a la Unión Temporal Alimentación Solidaria, conformada por un convenio de asociación entre las cooperativas Surcolombiana de Inversiones y Cooprosperar, se le entregó en septiembre de 2008 un negocio por $67.800 millones y en abril de 2009 otro por $47.000 millones. Por otra parte, a la Cooperativa Multiactiva Unidos para Nutrir se le dio en siete contratos fraccionados la suma de $6.559 millones. La lista parece interminable.
Así, por ejemplo, la Unión Temporal Alimentando Futuro, integrada por Cooprosperar, Surcolombiana y la Cooperativa Multiactiva Trabajo Asociado y Competencias Productivas, obtuvo en septiembre de 2009 un contrato por $49.000 millones. “Todos estos negocios los controlaban los hermanos Torrado, pero la comisión que debían pagar por ellos a los hermanos Samuel e Iván Moreno les generó un desequilibrio económico a esos contratos porque los precios de los alimentos eran regulados por la Bolsa Nacional Agropecuaria. Es decir, los Torrado trabajaban a pérdida con tal de seguir amasando esos negocios para tapar los huecos de otros contratos de alimentos, como lo hicieran los Nule con proyectos de construcción”, le dijo a El Espectador uno de los testigos del carrusel.
La fortuna que presuntamente estaba acumulando el clan de los Torrado comenzó a despertar sospechas que se convirtieron en señalamientos concretos después del informe de seguimiento a la contratación en Bogotá liderado por Gustavo Petro. Allí se consignó que en la administración de Lucho Garzón el emporio de los Torrado sólo obtuvo contratos por $15.353 millones y que el servicio prestado por varias de estas cooperativas fue muy mal calificado por la Contraloría Distrital. En concreto, se criticaron las condiciones sanitarias de los alimentos, las raciones ofrecidas y los procesos de preparación.
En su columna del 30 de octubre de 2011 en la revista Semana, el periodista Daniel Coronell señaló que los niños del Colegio Metropolitano del Sur, en Santander, al que una de estas firmas controlada por los Torrado proveía la alimentación, recibían “carne molida con grandes cantidades de sebo, piña, cebolla, pimentón y maduro en estado de putrefacción, salchichas sin marca y sin registro Invima”. En criterio de uno de los testigos que han confesado detalles de este carrusel de los alimentos, “la baja calidad de las raciones de estas cooperativas se debe a que el porcentaje de las comisiones era muy alto y no dejaba margen para una calidad considerable”.
La misma comisión de seguimiento a los contratos encontró que la carrera comercial y política de los Torrado se disparó entre 2002 y 2010, que Efraín Torrado fue compañero en la Comisión Sexta del Senado de Iván Moreno y que años atrás, durante la alcaldía de éste en Bucaramanga, la firma Internacional de Negocios de los Torrado recibió contratos por cerca de $3.000 millones. Aunque Efraín y Édgar Torrado han sostenido desde hace más de cinco años que no tienen relación con esta cadena de cooperativas, todo parece indicar que familiares suyos, como René Torrado Hernández o Andrés Mauricio Jiménez Torrado, así como empleados de su confianza, siguen administrando las compañías.
Pero quizá uno de los mayores problemas de los hermanos Torrado sea el último contrato que les entregó la administración de Samuel Moreno por un valor de $44.000 millones. El entonces alcalde le dio precisas instrucciones a su secretaria de Integración Social, Mercedes del Carmen Ríos, para que cambiara el modo de contratación, ya que era muy evidente la favorabilidad hacia ese clan. “Se expidió una circular que no permitía más convenios con cooperativas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues los Torrado buscaron una unión temporal entre Colsubsidio y Carrefour para que se les asignara a ellos el negocio. En síntesis, les dijeron ‘este contrato es mío, se lo ganan ustedes pero nos subcontratan a cambio de un porcentaje’. Así se hizo”, añadió por último el testigo consultado por El Espectador.
Esta misma fuente conoció toda la red de negocios del clan de los Torrado y supo de primera mano cuáles fueron las comisiones que entregaron para mantener su emporio de alimentos. El informe del CTI, cuyos detalles hoy revela este diario, será enviado a la Corte Suprema de Justicia en el expediente que busca determinar si el congresista Efraín Torrado incurrió en el delito de tráfico de influencias. Por lo pronto, la Fiscalía avanza en una investigación paralela en el caso de Édgar Torrado. Ambos se han declarado inocentes. Al cierre de esta edición Efraín Torrado no contestó los mensajes de este periódico para conocer su opinión.
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