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El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria se mostró de acuerdo con un proyecto de reforma a la justicia que reestructure el alto tribunal pero que no lo elimine puesto que con esto se estaría viendo afectada la administración de justicia en Colombia.
El magistrado aseguró que en los últimos meses ha participado en debates en el Congreso de la República en los que ha manifestado que el Consejo Superior es “necesario para esta y todas las democracias del mundo” por lo que deben fortalecerse y no cerrarse como se ha planteado frente a los últimos escándalos.
“Llama la atención que en varios países del mundo se estén implementando estos Consejos Superiores de la Judicatura, mientras que en Colombia se está pensando eliminarlos”, precisó el magistrado Sanabria al hacer referencia que en el proyecto que se ha planteado debe estar dirigido a buscar mejores recursos para fortalecer al alto tribunal.
En este proyecto se debe adelantar una reingeniería y verificar las fallas y debilidades que se han presentado en los últimos años y plantear así una solución efectiva. “Pero lo que no se puede hacer es atentar contra la independencia de la Rama y el equilibrio de poderes (…) La Judicatura representa dos pilares fundamentales del Estado de Derecho que deben respetarse”.
El presidente de la Judicatura señaló que en dicho proyecto se le debe “garantizar a la ciudadano” el acceso a la justicia, la garantía de que los procesos tengan celeridad y el fortalecimiento en la tecnología “para mejorar las comunicaciones”.
“No se puede entender que existan procesos de hace 15 años eso atenta contra los principios fundamentales (…) Es cuestionable además el hecho de que un abogado de Pasto se tenga que trasladar a Bogotá para notificarse de un expediente eso genera gastos innecesarios. Debemos buscar que una justicia más rápida y eficiente”, precisó.
Finalmente señaló que el Gobierno, en representación del Ministerio de Hacienda, fije en la reforma la garantía de los recursos para la Rama Judicial. “Colombia es de los pocos países que no tienen a nivel constitucional derechos para la administración de justicia”.