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Hace año y medio, en junio de 2017, con la captura del jefe Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, estalló el escándalo del cartel de la toga. El detonante fue una grabación de la DEA en Estados Unidos de conversaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla de las que se dedujeron peticiones de dinero a Lyons para que los procesos en su contra por corrupción no avanzaran en el ente investigador. Hoy, sin mayores avances en el caso, la noticia vuelve a ser la grabación de la justicia norteamericana.
Aunque desde los orígenes del escándalo, el fiscal Néstor Humberto Martínez recalcó que divulgar la totalidad de los contenidos de ese audio de la DEA era delito federal en Estados Unidos, algunos de sus detalles sí empezaron a divulgarse en los medios. Por eso, entre los procesados en el caso, sus abogados y demás interesados, se volvió clave acceder al documento completo. De hecho, la Comisión de Acusación del Congreso lo ha pedido reiteradamente a la Fiscalía y la Cancillería, además de requerir cuál fue la prueba que permitió a la justicia norteamericana asumir el caso.
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En esa pugna por acceder a la grabación completa de la conversación se produjo un interrogatorio en la Comisión de Acusación, cuyo contenido permite concluir la incidencia de Estados Unidos en el caso y el manejo de las autoridades colombianas para desplegar el capítulo nacional del escándalo. El interrogatorio, conocido por El Espectador, fue realizado por el exmagistrado Leonidas Bustos, señalado de formar parte del cartel de la toga, al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho Flórez, quien tuvo a su cargo el manejo de esa grabación.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos empezó por preguntarle a Camacho si él, en su condición de fiscal tercero delegado ante la Corte, había sido la persona que recibió la grabación con la que se abrió la investigación contra él y su excolega, el exmagistrado Francisco Ricaurte. Ante la respuesta afirmativa de Camacho, el interrogador le pidió detalles sobre la recepción de la prueba. Entonces, de manera reiterada, Camacho empezó a responder: “No recuerdo”. Bustos le insistió en nombres de funcionarios de Estados Unidos, pero Camacho se limitó a decir que lo único que hizo fue someterla a cadena de custodia.
No obstante, Bustos reiteró al delegado Jaime Camacho que le dijera qué autoridad judicial o de carácter administrativo había puesto a disposición de la Fiscalía la evidencia probatoria de Estados Unidos. “No lo recuerdo”, volvió a decir Camacho. Y luego, a la pregunta de si otro funcionario de la Fiscalía supo de los detalles de la grabación, contestó: “No lo sé”. Y añadió: “Sé que existen algunos convenios de cooperación, pero en este momento no podría precisar de memoria cuáles son”. Camacho admitió que simplemente recibió el documento, aunque nunca supo su tiempo de duración.
El exmagistrado Bustos le preguntó si la autoridad norteamericana fue la que extrajo los fragmentos que la Fiscalía puso a disposición de la Corte Suprema y la Comisión de Acusación, o si entregó las grabaciones completas. Camacho contestó que no podía responder esa pregunta, que el disco no tenía rastros de haber sido editado, pero que tampoco podía asegurarlo. Entonces Bustos le indagó quién había impartido la orden para que se extrajesen fragmentos de ese CD con destino a las autoridades judiciales. Sin rodeos, Jaime Camacho respondió: “El señor Fiscal General de la Nación”.
“¿Sabe usted con qué criterio el fiscal ordenó que se extrajesen esos fragmentos?”, insistió Bustos. Su interrogado replicó: “Dependiendo de la autoridad a la que fueran dirigidos y las personas que podrían resultar involucradas en función a la competencia por fuero”. Bustos reiteró si eso significaba que el fiscal había escuchado toda la grabación. Camacho contestó: “Esa pregunta solo la puede responder el fiscal. No sé si los oyó todos”. El exmagistrado le pidió a Camacho que le dijera donde estaba el CD completo. “Entiendo que, en el almacén de evidencias de la Fiscalía, en cadena de custodia”.
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El procesado ante la Comisión de Acusación le insistió a Camacho que le diera detalles sobre el procedimiento de cadena de custodia del CD y quiénes lo habían manejado. La respuesta fue: “No recuerdo los nombres, en la cadena de custodia estará”. Luego recalcó que no sabía qué comunicación había existido entre el fiscal y las autoridades norteamericanas, pero que la prueba llegó ofrecida por estas últimas. Se entregaron 12 ejemplares, precisó Camacho, quien además indicó que él la había recibido de Fabio Espitia, pero que este no había conocido los contenidos.
Bustos le leyó a Camacho un documento firmado por él, en el que habla de “extraer clips o segmentos de audio en lo que se refiere a posibles irregularidades”. Entonces le preguntó que si él había ordenado que se extrajeran esos fragmentos. Camacho le contestó: “Fue el fiscal general y él, por supuesto, actúa a través de sus delegados, en el caso específico que soy yo. Y a su vez, le doy la orden a quien maneja la tecnología de la extracción de los clips”. Al final negó saber de algunos nombres y señaló que “por criterios de pertinencia, acción y competencia” se hicieron los fragmentos.
Al concluir el interrogatorio, Bustos le leyó a Camacho uno de los fragmentos de la grabación en la que el abogado Leonardo Pinilla asegura que se sentó con Néstor Humberto Martínez a desayunar con el doctor Luis Alfredo, que él supone se trata de Luis Alfredo Ramos, y acto seguido le preguntó por qué no se había puesto a disposición de la Comisión de Acusación copia de ese fragmento para que se iniciase una investigación contra el fiscal. Camacho contestó: “Creo que la valoración no me corresponde. Pero si se trata de tener una respuesta, pues desayunar no es delito, manipular procesos sí”.
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La diligencia terminó con Bustos preguntándole a Camacho si sabía que la Fiscalía no había entregado a la Comisión de Acusaciones todos los CD. Camacho respondió que no. La misma respuesta que le dio cuando le indagó si conocía la autoridad administrativa o judicial que había allegado la prueba. El interrogatorio terminó con un comentario de Camacho: “La autoridad colombiana puede verificar lo que se pregunta a partir de que recibe el elemento. La autoridad colombiana no tiene capacidad de verificar lo que haya ocurrido sobre delimitaciones extranjeras y la obtención de elementos”.
El Espectador contactó a la Fiscalía para ahondar en detalles de lo dicho por Camacho. El ente investigador aclaró que los audios no se fragmentaron, sino que se extrajo información de los cuatro discos compactos que recibió el ente investigador el 15 agosto de 2017 de parte de autoridades estadounidenses. Fue así como el fiscal del caso le envió a la Corte Suprema de Justicia 13 extractos pertinentes de las grabaciones. Según la información de la Fiscalía, fue el mismo fiscal Camacho el que sugirió que se remitiesen las partes pertinentes de las grabaciones, de acuerdo con lo que plantea el Código de Procedimiento Penal y la doctrina sobre el manejo de evidencias voluminosas.
Además, la entidad que dirige Martínez explicó que, en este caso, “no es posible descubrir la totalidad de los audios, por una parte, por las limitaciones legales al descubrimiento probatorio que impone la ley procesal colombiana, y de otra al acatamiento de las restricciones impuestas en la colaboración del Gobierno de los Estados Unidos, pues dichos elementos forman parte de un caso penal federal”. Según la Fiscalía, fue el alto tribunal el que remitió a la Comisión de Acusación las copias que consideró pertinentes, junto con los extractos de las grabaciones, incluido en el que sale mencionado Martínez.
Hasta el momento, por el denominado escándalo de la toga, están privados de la libertad el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue extraditado a Estados Unidos y se espera su sentencia el próximo 13 de diciembre. El abogado Leonardo Pinilla, también preso en una cárcel de Miami y en espera de una decisión judicial. Con ellos afrontan procesos en la Corte Suprema los excongresistas Álvaro Ashton, Musa Besaile y Nilton Córdoba. El exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte está preso en La Picota desde septiembre de 2017.
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En la Comisión de Acusación existen procesos abiertos contra Leonidas Bustos, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, pero aún no se da una decisión de fondo. También afronta investigación el suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández y la próxima semana se tiene previsto que el Senado resuelva si lo despoja de su fuero. Contra Camilo Ruiz, auxiliar del magistrado Gustavo Malo, existe una compulsa de copias a la Fiscalía para que se indague su conducta en el cartel de la toga. Hay otros personajes mencionados en el escándalo, pero sin proceso en contra.
El cartel de la toga recibió ese nombre porque, justamente a partir de las grabaciones de la DEA a conversaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla, se tuvo conocimiento de una red de funcionarios judiciales y abogados que, a cambio de dinero, habrían manipulado procesos en la Corte Suprema y en la Fiscalía. En el primer caso, de congresistas, algunos de ellos referenciados en la parapolítica; y los segundos, de funcionarios o particulares inmersos en expedientes por corrupción. El exgobernador Lyons es testigo protegido en Estados Unidos.
Lea el comunicado completo de la Fiscalía:
Bogotá, diciembre 7 de 2018.-
En el marco de la colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses, la Fiscalía recibió el 15 agosto de 2017 unas grabaciones contenidas en 4 discos compactos, respecto de las cuales el Fiscal General impartió, a través del Coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, instrucciones orientadas a que se investigaran todos los hechos que de su contenido se desprendieran y se compulsaran copias si fueren otras las autoridades competentes, por razones de fuero constitucional.
El mismo día 15 de agosto, el fiscal designado JAIME CAMACHO FLÓREZ, sugirió que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y la doctrina sobre manejo de evidencias voluminosas, remitiese las partes pertinentes de las grabaciones, por él y su equipo de trabajo seleccionadas, a la Corte Suprema de Justicia, en atención al fuero que amparaba a algunas de las personas mencionadas por los interlocutores partícipes en las conversaciones grabadas.
Así procedió la Fiscalía remitiendo a la Corte Suprema de Justicia trece (13) extractos pertinentes de las grabaciones e informando que las comunicaciones completas se encontraban en custodia en el almacén de evidencias de la Institución.
El 16 de agosto de 2017 la Corte Suprema de Justicia remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes las copias que consideró pertinentes, junto con los extractos de las grabaciones, en atención al fuero de algunas de las personas mencionadas.
A lo largo de los procesos que se han derivado del ofrecimiento de estos elementos materiales probatorios por parte de las autoridades de los Estados Unidos, varios defensores aduciendo el ejercicio del derecho de defensa, han requerido la entrega integral de los CDs remitidos por el Gobierno Americano, asunto que se ha ventilado ante Jueces con función de control de garantías, de conocimiento y el Tribunal Superior de Bogotá, los que han acogido unánimemente la tesis del ente acusador en el sentido de que no es posible descubrir la totalidad de ellos, de una parte por las limitaciones legales al descubrimiento probatorio que impone la ley procesal Colombiana, y de otra al acatamiento de las restricciones impuestas en la colaboración del Gobierno de los Estados Unidos, pues dichos elementos forman parte de un caso penal federal activo.
Hasta la fecha se han compulsado copias sobre 43 hechos.