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Si hay un debate lejos todavía del punto final, ese es el del glifosato. Este químico, fabricado por la multinacional Monsanto, sigue causando controversia en Colombia, un país ahogado de cultivos de uso ilícito y, también, inmerso en denuncias de la población civil por los “efectos colaterales” que deja el herbicida en los cultivos de pancoger y en la gente. Uno de ellos, el personero de Nóvita (Chocó), llevo la discusión hasta la Corte Constitucional, que en 2017 le ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender el uso del glifosato hasta que no existieran más evidencias objetivas de que no representa un riesgo para la salud humana.
::El estudio que raja al glifosato en la Corte::
Hace unos días Alberto Schlesinger, miembro del Consejo Académico de la Universidad Sergio Arboleda y decano de Economía, volvió a encender el debate. En entrevista con María Isabel Rueda, publicada en El Tiempo, Schlesinger sostuvo: “Hay un último dato muy diciente. ¿Sabe quiénes son unos de los principales usuarios del glifosato? Los productores de coca. Se calcula que en zonas como Norte de Santander y el Catatumbo, el promedio de consumo puede estar por encima de los 6.000 litros. Mientras el Estado suspende el uso por las autoridades, los delincuentes lo usan ampliamente”.
Después de la entrevista, medios como W Radio revelaron el documento entero en el que se basó el decano Schlesinger para hablar del tema. Se trataba de 29 diapositivas en las que se leían frases como “la exposición de pesticidas en la dieta significa un riesgo equivalente a tomar una copa de vino cada tres meses”. Luego, en entrevista con Caracol Radio, el propio Schlesinger aclararía: “Hay que precisar que no fue una investigación que nosotros realizamos, es un documento, que recoge opiniones relacionadas con la importancia de la agricultura, el uso de los químicos en la agricultura, el uso del glifosato”.
El uso de este químico, así como la llamada guerra contra las drogas, han sido analizados por la academia en múltiples oportunidades. Un ensayo elaborado por el profesor Óscar Alfonso y los investigadores Jairo Granados y Laura Téllez (estudiante), del grupo Construcción de Estado, Territorio y Paz de la Facultad de Economía del Externado, pusieron sobre la mesa elementos relacionados con las políticas públicas que Colombia ha asumido para erradicar los cultivos de uso ilícito. Entre ellas, el uso del glifosato, al que consideran un elemento con probabilidades “elevadas” de causar cáncer en la población expuesta a él.
::El cara a cara entre el ministro y el ex ministro de salud por la aspersión aérea con glifosato::
Un país ausente
Anualmente, la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) lanza un informe sobre el panorama mundial de las drogas. Se trata de un órgano cuasi judicial que, desde 1968, es reconocido como una autoridad en este tema. En su último reporte, publicado este año con información de 2018, se lee: “También nos preocupa el aumento del cultivo ilícito de arbusto de coca y de la fabricación ilícita de cocaína en Colombia”. Una preocupación compartida por varios gobiernos, a la que la administración Duque le salió al paso este miércoles, al indicar que por primera vez en siete años se frenó el incremento de plantaciones de uso ilícito.El profesor Alfonso y los investigadores Granados y Téllez, sin embargo, señalan una ausencia marcada de Colombia en los escenarios donde se han discutido las políticas contra los estupefacientes: “No obstante que Colombia se ha erigido como el epicentro de la oferta mundial de cocaína, su injerencia en las convenciones internacionales anti–drogas ha sido marginal”. Sostienen que el país “ni siquiera tuvo presencia” en la Convención Única de 1961, con base en la cual, por ejemplo, se creó la JIFE. “Las reglas de los principales países consumidores (…) se han impuesto para cargar de responsabilidades en materia de erradicación a los países productores”.
Los parámetros de la lucha antidrogas establecidos por los países consumidores, en cabeza de Estados Unidos, han sido una brújula de la política internacional en esta materia. Los académicos recuerdan que “hacia 1996 se estableció unilateralmente el mecanismo de la certificación”, que vincula el comercio exterior con el cumplimiento de las metas de erradicación de cultivos de coca. Desde entonces, aunque el mecanismo fue sustituido por el informe que lanza cada año el Departamento de Estado -y del cual dependen los fondos que Estados Unidos le da a Colombia-, en el país se celebra que el “fantasma de la descertificación” no regrese.
::Opinión vs. ciencia: la evidencia sí sugiere que el glifosato es tóxico::
Por estos días en los que el debate está de nuevo encendido, a raíz del informe que este miércoles divulgó la Casa Blanca en el que se reveló que los cultivos en el país no aumentaron en 2018, la pregunta vuelve a ponerse sobre la mesa: ¿podrá Colombia librarse de este negocio maldito? “Las tendencias de los componentes conocidos de la actividad cocalera”, responden el profesor del Externado y su equipo, “revelan, antes que nada, la imposibilidad de que Colombia se libre de los cultivos de coca con un mercado en expansión, esto es, con más consumidores dispuestos a pagar precios más elevados por la droga”.
La aspersión aérea con glifosato, que comenzó con la presidencia de Andrés Pastrana y el Plan Colombia, “llegó a su clímax en la primera administración de Uribe, período durante el que se sembró más que en el de Pastrana”, dice el documento. En el gobierno Uribe, reconocen también los académicos, “Familias Guardabosques fue uno de los programas de erradicación y sustitución más eficaces pues, basado en una estrategia de transferencias monetarias condicionadas similar a la de los programas de lucha contra la pobreza extrema, alcanzó metas considerables con las que se consiguió aminorar el impacto de la aspersión aérea”.
Las incautaciones han sido otro aspecto fundamental en la lucha antidrogas. Las de clorhidrato, aseguran Alfonso, Granados y Téllez, se duplicaron en los últimos 20 años: mientras en la administración de Andrés Pastrana se confiscaban dos kilos en territorio nacional por cada kilo decomisado en el extranjero, en el segundo periodo de Juan Manuel Santos eran cuatro kilos locales por cada cinco internacionales. Pero el glifosato, dicen, sigue siendo un problema: “Es cuestionado por sus efectos severos sobre la salud de las personas que entran en contacto con el herbicida, y también por sus externalidades negativas sobre el ambiente”.
El retorno del glifosato
Hace 10 días, desde Londres, tanto el presidente Iván Duque como su ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciaron que el plan era retomar la aspersión aérea con glifosato en cuestión de meses. “Debemos contemplar la utilización de técnicas de aspersión con precisión con todos los mecanismos y mitigantes para no producir efectos dañinos ni en el ambiente ni en terceras personas, pero esa herramienta se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso”, aseguró el presidente Duque. Botero, por su parte, manifestó que la aspiración era lograr las aspersiones con el químico en máximo cuatro meses.Los autores del estudio del Externado, no obstante, se manifiestan abiertamente en desacuerdo con que se recurra al glifosato para acabar con los cultivos de uso ilícito. “En los municipios objeto de la aspersión aérea con glifosato los males sociales y ambientales no se han reducido, sino que, por el contrario, persisten a una escala superior a la del país no fumigado”, advierten. “Los males socioambientales asociados a la salud y a la deforestación, y políticos a la violencia, que padecen los colombianos, son más agudos en las zonas afectadas con la aspersión aérea con glifosato”.
Dan un dato esencial: aseveran que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es “más elevada” de forma proporcional al área asperjada. “Y, además, es superior a la del resto del país no fumigado”. Los autores cruzaron datos estadísticos del Observatorio de Drogas de Colombia y estadísticas de Medicina Legal, para concluir que, en 2015, en municipios donde se habían fumigado más de 20.000 hectáreas, la tasa de homicidios era de 35 por cada 100.000 habitantes, y donde fueron fumigadas de 5.000 a 19.999 hectáreas, la tasa fue de 30, mientras en el resto del país morían violentamente 24 personas por cada 100.000 habitantes.
El uso del glifosato en el país tiene tintes políticos, pero también técnicos. Este año, el 7 de marzo, en la Corte Constitucional hubo un extenso debate sobre el tema pues, en 2017, esta corporación ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar la aspersión aérea con el químico hasta que se diseñara y se pusiera en marcha “un proceso decisorio” que tuviera en cuenta que las regulaciones debían quedar en manos de una entidad distinta a la que ejecuta la aspersión (principalmente, la Policía); que se contemplara el impacto sobre la salud y otros; y que investigaciones científicas y objetivas hicieran parte del procedimiento.
Este jueves 27 de junio, la Silla Vacía reveló que el gobierno Duque, al parecer, tramita con el mayor sigilo un decreto con el que respondería a las exigencias de la Corte: “Propone sacar al Ministerio de Defensa y a la Policía Antinarcóticos (la que ejecuta la erradicación) de todas las decisiones sobre fumigación en el CNE. Tendría un plan de manejo ambiental de la aspersión con detalles más específicos que el que había, un proceso participativo para consultar previamente cada operación de fumigación y un sistema de alertas que proteja más los derechos de los campesinos. También incluiría un sistema de quejas y reclamos que ya no manejaría la Policía”.
Este asunto llegó a la Corte Constitucional por una tutela que presentó el personero de Novita (Chocó). El funcionario, un representante de la Defensoría del Pueblo y otro de la Procuraduría explicaron que en las zonas asperjadas la gente aparecía con brotes en la piel, diarrea, vómitos e infecciones. La posibilidad de afectación a la salud es muy alta, advirtió el Ministerio Público. Los investigadores del Externado plantean algo similar con respecto a los linfomas: una persona que vive en sitios objeto de aspersiones con glifosato tiene hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar un linfoma cancerígeno.
El glifosato ha sido ineficiente para acabar con el narcotráfico, y aunque el presidente Duque insiste en el regreso del químico a los campos colombianos, los académicos advierten que “es una sustancia con elevadas probabilidades de ser cancerígena y el Estado colombiano, como ocurrió recientemente con Monsanto, afronta el riesgo de ser condenado a pagar elevadas indemnizaciones a quienes contraigan cáncer por la aspersión aérea con ese herbicida”. De hecho, que la OMS lo calificara “probablemente carcinogénico” fue lo que motivó al gobierno Santos a pedir al Consejo Nacional de Estupefacientes, en 2015, que suspendiera su uso.
“Estas regularidades estadísticas confirman que Colombia asume unos costos inconmensurables en el combate a los cultivos ilícitos, por situarse como el epicentro mundial de la oferta de cocaína”, concluyen los académicos. “Son los campesinos empobrecidos a los que se involucra en el conflicto y arriesgan la vida, al paso que los narcotraficantes, al amparo de su estrategia de trashumancia, disfrutan de sus ganancias acumuladas en unos cuantos paraísos fiscales. Este panorama exige salidas ingeniosas y no meramente punitivas como la ‘erradicación forzada’ que derivará en más derramamiento de sangre”.