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El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, el delator inicial del cartel de la toga, hasta el momento solo tiene la responsabilidad de pagar $4.000 millones. La cifra, sin embargo, palidece frente al desfalco de más de $89.900 millones que hubo en su departamento en el cuatrienio en el que fue gobernador (2012 – 2015), por escándalos de corrupción como el cartel de la hemofilia, desfalco el que Lyons tuvo mucho que ver. Esa cifra, además, acaba de cobrar importancia por una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal determinó que el exgobernador cordobés no debe pagar indemnización alguna en el marco del preacuerdo que logró con la Fiscalía el año pasado, por el delito de concierto para delinquir agravado. El pacto con el organismo investigativo significó para él una condena a cinco años de prisión en febrero de 2018. La decisión la tomó la Corte Suprema para resolver un incidente de reparación integral presentado por la Contraloría —que se acreditó como víctima en el proceso— en mayo del año pasado.
En la determinación, tomada el pasado 24 de abril pero que se conoció esta semana, la Corte señaló que en el preacuerdo quedó claro que Lyons no reintegraría ninguna suma de dinero, pues por el delito de concierto para delinquir él no tuvo un incremento probado en su patrimonio. Más importante aun, el alto tribunal recalcó que los delegados tanto de la Contraloría como del departamento de Córdoba, las víctimas del desfalco de Lyons, aceptaron esa condición.
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“El preacuerdo no contempló la reparación de perjuicios como condición de este y, por el contrario, se plasmó con claridad en su texto que por el delito de concierto para delinquir no hubo incremento patrimonial por parte del imputado (el exgobernador Lyons), es decir, no hubo daño de esa índole”, dijo la Corte en la decisión. La corporación añadió que el pago de indemnización sí hace parte del principio de oportunidad que fue avalado en febrero del año pasado, por el cual Lyons dejará de ser investigado por peculado (robo de recursos públicos) y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. A cambio, deberá convertirse en testigo de cargos en los procesos para los que sea requerido por la Fiscalía.
Pero el pronunciamiento va más allá. En la decisión, de la que fue ponente el magistrado Ariel Torres Rojas (de la Sala Especial de Primera Instancia), la Corte le recordó a la entidad fiscal que estuvieron de acuerdo con que Lyons no pagara. "Los perjuicios patrimoniales derivados de la comisión de los delitos imputados al exgobernador Lyons Muskus fueron excluidos del preacuerdo celebrado entre este y la Fiscalía (…) preacuerdo que no fue objetado o cuestionado por los respectivos apoderados de la víctima”, concluyó el alto tribunal, llamando la atención de la Contraloría.
Después de que se diera a conocer la decisión de la Corte de aprobar el preacuerdo entre Lyons y la Fiscalía, el mismo ente investigador señaló, en un comunicado de prensa de febrero de 2018, que el proceso “tenía por objeto discernir su responsabilidad personal en la asociación delictiva para defraudar el patrimonio público en materia de regalías, y no la responsabilidad patrimonial por los daños al erario, que compete a los organismos de control fiscal”.
(También: El “dossier” del político que hundió al fiscal anticorrupción).
El día en que se avaló el preacuerdo, Lyons pidió perdón en la Corte Suprema de Justicia por los delitos en los que estuvo involucrado. “Quiero pedirle disculpas a la Gobernación de Córdoba y al país en general por los delitos que cometí. Me genera vergüenza y estoy arrepentido. Quiero colaborar con la justicia y lo estoy demostrando”, dijo el exmandatario cordobés. Lyons también se comprometió a volver al país después de que termine su colaboración con las autoridades de Estados Unidos, país donde reside desde abril de 2017.
En junio del año pasado, el abogado Leonardo Pinilla (investigado por supuestamente sobornar a Lyons) criticó duramente, en entrevista con El Espectador, el preacuerdo del exgobernador de Córdoba: “El acuerdo al que llegó Alejandro Lyons con la justicia es muy cuestionable desde el punto de vista social y, más aún, judicial, teniendo en cuenta que es la gobernación de Córdoba donde más se han destapado escándalos de carteles de corrupción”.
Según las investigaciones hechas por la Fiscalía, entre 2012 y 2015, Lyons participó en varias irregularidades con el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, que permitieron que se malversaran $8.900 millones, a través de la firma de convenios con entidades sin ánimo de lucro que debían invertir en temas de ciencia y tecnología. También se determinó que, por el llamado cartel de la hemofilia, se habrían perdido al menos $44 mil millones.
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A pesar de la cifra, la Fiscalía, en 2018, dijo que por el principio de oportunidad que se estaba negociando con Lyons, después de que le imputaran los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, el exgobernador tendría que devolver $4.000 millones. Además de esto, tendría, entre otras cosas, que testificar en casos como el cartel de la toga y “declarar judicialmente contra un miembro del Congreso de la República que presuntamente intervino en actos de corrupción regional en el departamento de Córdoba”.
A esto se suma que, en diciembre de 2017, cuando se estaba negociando el principio de oportunidad, la Fiscalía descubrió varios bienes de Lyons que estaban ocultos, a través de testaferros, y que superaban los $6.000 millones. Dos propiedades, ubicadas en Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba), estaban a nombre de la compañía GSI Proyectos SAS “cuyo representante legal es el señor Jairo Aldana Bula, quien, en diligencias con la fiscalía, ha reconocido que el verdadero propietario es el padre del exgobernador Alejandro Lyons” afirmó el entonces fiscal Nestor Humberto Martínez.
Lyons se convirtió en testigo clave de la DEA después de que cooperara con las autoridades estadounidenses para permitir la detención del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, así como de su abogado Leonardo Pinilla, caso que destaparía el llamado cartel de la toga, en el que las autoridades judiciales les cobraron a aforados para intervenir en las investigaciones que hubiera en su contra. La DEA dijo que el fiscal habría solicitado una suma de dinero a Lyons, con el fin de desviar las investigaciones que se adelantan en su contra por actos de corrupción en Córdoba.
Lea aquí la decisión completa de la Corte Suprema de Justicia: