Esta semana, la Corte Constitucional profirió un fallo clave: determinó que el sistema solidario de salud no siempre puede vetar de recibir servicios de sus EPS a los pacientes que, tras someterse a un procedimiento estético, terminaron viendo su vida en peligro. La discusión partió del caso de una mujer identificada como María*, quien en 2011 aceptó inyectarse un producto para sus glúteos. El producto, le dijeron en su momento, era ácido hialurónico, estaba aprobado por el Invima y no tenía contraindicaciones. Con un plus para ella: le resultaba accesible, pues era más barato que una cirugía.
Luego de la inyección vinieron cinco años dolores en la espalda, las piernas, las articulaciones y los glúteos. María se hizo exámenes y acudió en mayo de 2016 a un cirujano plástico de su EPS Sánitas, quien le confirmó que la inyección de 2011 no tenía ningún ácido hialurónico sino metracrilato, más conocido como biopolímero, la misma sustancia que ha hecho sufrir a conocidas presentadoras como Jessica Cediel. El cirujano le explicó que lo mejor era hacerle una cirugía “video asistida” y la remitió al médico Carlos Alberto García, en Cali, quien aunque no hacía parte de la EPS conocía bien la técnica. (Le puede interesar:La iniciativa de Minsalud que busca poner freno a clínicas de garaje).
El diagnóstico del doctor García fue “alogenosis iatrónica en glúteos, síndrome de Asia, deformidades y degeneración de tejidos”. Es decir, la enfermedad y las consecuencias que pueden sufrir quienes se ven expuestos a los biopolímeros, que no son otra cosa que silicona líquida, algunos derivados de la parafina, aceites e incluso materiales no aptos para las personas. Cuando María presentó la tutela para que la EPS Sánitas cubriera los gastos de las intervenciones que necesitaba, García presentó por escrito un informe que sirve para entender por qué es importante que en Colombia se tomen medidas urgentes para evitar que más personas, en busca de tratamientos estéticos menos costosos, terminen con biopolímeros en su cuerpo.
“La alogenosis iatrónica consiste en la inyección de una sustancia extraña al organismo, la cual causa un problema autoinmune que se denomina Síndrome Asia (Autoinmune-Inflamatory-Syndrome Induced for Adyuvants, en inglés), por lo que su extracción debe hacerse con urgencia. Por esta razón, el procedimiento no corresponde a una cirugía estética sino a una cirugía plástica reconstructiva”, explicó el doctor García. Un concepto que fue esencial para la Corte, que finalmente determinó que la EPS sí debía cubrir el tratamiento para que los biopolímeros fueran retirados del cuerpo de María.
“El efecto inicial de esta sustancia en el cuerpo es un daño local en la zona de los tejidos donde fue inyectada, y en tanto la misma no está contenida o encapsulada, suele desplazar o migrar a otras zonas cercanas al lugar de aplicación. En el caso de los glúteos –donde, tal parece, suelen aplicarse los biopolímeros-, dichas sustancias tienen a desplazarse a la región lumbar, sacra y espalda, así como a las caderas, muslos, región inguinal, hacia la parte interna de los muslos, invadiendo incluso las fosas anatómicas de los genitales (…) la sustancia también viaja a lugares distantes como ganglios linfáticos, extremidades, pulmones y cerebro”.
El doctor García explicó que la presencia de biopolímeros en el cuerpo no es un asunto menor. Esa sustancia puede causar síntomas como alteraciones en el estado de ánimo, depresión o irritabilidad frecuentes; pérdida de memoria; síndrome de colon irritable; dolores musculares y articulares; sensación “quemante” en los miembros o zonas afectados; fatiga crónica, trastornos neurológicos o digestivos; dificultad respiratoria; cambios de coloración y textura de la piel o reacciones cutáneas alérgicas, entre otros. “Si el paciente no encuentra atención médica adecuada, se enfrenta a la degeneración de tejidos con un daño irreversible”, advirtió el médico.
Hace algunos años, Pirry expuso en su programa las secuelas que se empezaban a ver en pacientes que habían sido sometidas a procedimientos con biopolímeros, una sustancia que apenas empezaba a ser usada por algunos médicos. Que la presentadora Jessica Cediel hubiera sido una de las víctimas le dio visibilidad al asunto, pero aun así, todavía llegan al sistema judicial casos como el de María o de tantas otras personas que, ante las limitaciones económicas y el deseo de mejorar su aspecto, aceptan ponerse en manos de doctores que sin problema recurren a sustancias tóxicas como los biopolímeros. (Lea:El giro del caso Jessica Cediel).
Con respecto a María, la Corte Constitucional recordó que “es el individuo, como titular del derecho (fundamental a la salud), el primer responsable por su salud, en el entendido que si bien no es un experto en conocimiento científico (…) lo que sí se le puede exigir es que al menos asuma conductas propias o instintivas de conservación”. La Corte recordó también que es deber de las EPS evaluar caso a caso “en términos de calidad de vida digna”. El alto tribunal accedió a la petición de María por sus circunstancias y su condición socioeconómica, y le ordenó a Sánitas “restablecer la funcionalidad de su cuerpo y de sus órganos”.
A María, sin embargo, le dijo la Corte: “Deberá afrontar posibles resultados o secuelas tanto estéticas como funcionales que no pueden ser corregidas en su totalidad, y respecto de las cuales no podrá exigir resultados a todas luces imposibles de alcanzar”.
*Nombre modificado en el propio fallo para la protección de la privacidad de la paciente.