El "populismo punitivo" del último cuatrienio

Entre 2010 y 2014 ha habido 176 proyectos de reforma al Código Penal. Aunque entre las iniciativas ha habido propuestas, por ejemplo, para modificar las instituciones del sistema judicial, ha habido, igualmente, una alta cantidad de proyectos para aumentar penas y reducir los beneficios de los procesados. Algo que, según la Corporación Excelencia para la Justicia, se ha debido en muchos casos a “intereses políticos en la definición de las prioridades ciudadanas y de agenda pública a través de los medios masivos de comunicación”. Muchos proyectos, señala esta ONG en un informe revelado hoy sobre los 10 años del Sistema Penal Acusatorio, no “siempre obedecen a consideraciones racionales o estudios de necesidad y conveniencia, sino que la mayoría de ocasiones satisfacen el deseo del público hacia un creciente punitivismo. Es una clara tendencia del ordenamiento jurídico colombiano hacia el expansionismo penal, como consecuencia de un marcado ‘populismo punitivo’”.

Esta tendencia del Estado colombiano “hacia el incremento indiscriminado de las penas y tipos penales, denominada 'populismo punitivo”, se hace evidente, según la CEJ, en la labor que ha ejercido el Congreso en materia penal. “Queda en demostrado por el gran número de proyectos de ley que buscaron tipificar —y algunos en efecto lo hicieron— nuevas conductas como delito y aumentaron las penas, particularmente las penas privativas de la libertad”, como es el caso, dice esta ONG, de los delitos por el uso de datos informáticos, la violencia contra las mujeres, las lesiones personales producidas con ácido o la conducción en estado de embriaguez, mencionados en este mismo capítulo.

En este informe, apoyado por USAID, se señala que la Política Criminal en Colombia “se ha manejado de manera desarticulada y coyuntural en materia penal”, por cuenta a los intereses y aspiraciones de diversos sectores de la sociedad, “antes que a estudios, análisis técnicos del funcionamiento del sistema y sus necesidades, análisis de costos, análisis de impacto o estudios sobre la conveniencia y viabilidad de las reformas que se impulsan”. Con el agravante de que estas medidas, sumadas a la eliminación de algunos beneficios jurídicos, como por ejemplo, la aceptación de cargos para responsables de violencia contra niños, han conducido al agravamiento del hacinamiento carcelario.

Entonces, de forma casi que esquizofrénica, se aumentan penas y eliminan beneficios jurídicos, pero, a su vez, se critica el hacinamiento carcelario y el abuso de la detención preventiva. “La incoherencia entre las iniciativas legislativas en materia penal, y su marcada tendencia al populismo punitivo, no se acompasa con el objetivo de un sistema penal más garantista”. Por ello, la CEJ recomienda que haya una mayor participación del Consejo Superior de Política Criminal a la hora de sacar adelante iniciativas legislativas. E, igualmente, reconoce los esfuerzos del gobierno a la hora de proponer medidas para hacerle frente a los problemas de la justicia.

"Se destaca también la elaboración de una propuesta de ajuste al sistema procesal penal, que el Ministerio de Justicia y del Derecho trabajaba de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación”, al igual que medidas para reducir el número de audiencias, fortalecer los mecanismos de terminación anticipada del proceso, modificaciones al régimen probatorio, restablecimiento, en algunos casos, de los beneficios por aceptación de cargos. La conclusión es clara: “La tendencia al uso excesivo de la detención preventiva implica necesariamente una evaluación negativa del cumplimiento del objetivo de un sistema penal más garantista de los derechos de los procesados con prevalencia de la libertad”. Pero para ello, hay que armonizar lo que hace el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.