![El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz, deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. / Archivo particular](https://www.elespectador.com/resizer/v2/SQZQM5RFBZGEVDP2HJDWOCY3FU.jpg?auth=1de223c45474c53477d05fa4149aaa1424890ebee8d0b6ae8f26edf9e5df0014&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
El Programa de Alimentación Escolar, más conocido como el PAE, es una política que pretende garantizar el derecho a la alimentación a todos los niños del país. Desde su creación, los dineros destinados a garantizarle un plato de comida a los menores de edad se han desviado a los bolsillos de empresarios y hasta políticos. Para la Fiscalía, el PAE, en vez de ser un instrumento en favor de la nutrición de los niños en etapa escolar, se ha convertido en una mercancía para la corrupción.
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A esta conclusión llegó el ente investigador, luego de meses de investigación de lo que ya llamó un fenómeno criminal en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Chocó, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Santander, Norte de Santander y Bogotá. En medio de estas pesquisas, el CTI de la Fiscalía capturó ayer al alcalde de Ciénaga (Magdalena), Edgardo de Jesús Pérez Díaz, y al secretario de Educación Municipal, Luis Andrés Ospina Daza, por supuestas irregularidades en un contrato del PAE por más de $6 mil millones.
Un funcionario de su administración, así como el contratista principal y otras dos personas también son investigados por la presunta desviación de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes de colegios oficiales de ese municipio. Según la Fiscalía, "el mandatario local supuestamente recibía porcentajes de los contratos gestionados, pues de acuerdo con los elementos de prueba recolectados, se tiene conocimiento que el 6 de junio de 2018, habría recibido en Barranquilla (Atlántico) la suma de $127 millones aproximadamente, por parte de la empresa contratista del PAE”.
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El ente investigador, además, está investigando una supuesta apropiación de más de $1.600 millones de un contrato del PAE en el Magdalena. Tanto el alcalde como su secretario de Educación deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.